AREQUIPA, Perú. — Más de 60 personas han sido sancionadas en Ciego de Ávila desde febrero hasta la fecha por la extracción ilegal de oro en la zona de El Pilar, ubicada en el municipio de Baraguá.
Un reporte del diario oficial Granma apunta que los cubanos procesados actuaron fuera de la ley atraídos por “la fiebre del oro” en esa localidad avileña.
Humberto González Figueroa, presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, señaló que el Tribunal Municipal de Baraguá ha recibido en su sede 16 casos vinculados a la minería ilegal, entre ellos una denuncia por desobediencia.
El directivo también dio cuenta de un trámite procesado en Baraguá por el delito de cohecho, el cual prevé una pena de hasta ocho años de privación de libertad, según lo previsto en el apartado cinco del artículo 194 del Código Penal.
González Figueroa informó que se han celebrado cinco juicios por el delito de contaminación de suelos, de los que resultaron seis sancionados: tres a privación efectiva de libertad y dos a trabajo correccional con internamiento.
“A un joven de 18 años de edad y de normal conducta, se le alternó la pena de privación de libertad por trabajo correccional sin internamiento. Por el delito de desobediencia, se sancionó a diez meses de trabajo correccional, sin internamiento, a otro individuo”, agrega el reporte.
Aún quedan por realizarse nueve juicios entre septiembre y octubre por el delito de contaminación de suelos en el Tribunal Municipal Popular de Baraguá. Los acusados se encuentran asegurados con la medida cautelar de prisión provisional y prohibición migratoria de salida del territorio nacional, salvo dos que depositaron fianza en efectivo.
Como antecedente de estas sanciones, el Granma recordó una operación en 2021 en que fueron procesados alrededor de 300 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro.
“En esas acciones fueron aplicadas 90 multas por violaciones legales, se ocuparon 50 sacos con 47,4 kilogramos de piedra mineral, dos bicicletas, un vehículo de tracción animal (con un caballo incluido) y herramientas empleadas para la excavación y detección de metales”, resalta el reporte.
Además, en el operativo de hace dos años se aplicaron medidas profilácticas a 70 personas procedentes de Las Tunas y Camagüey.
Las penas para este tipo de delito oscilan entre uno a tres años de privación de libertad, de acuerdo con los artículos 251, 252 y 253 del Código Penal vigente desde el 29 de noviembre del año 2022.
En enero de 1995, el régimen cubano divulgó la Ley 76 de Minas, la cual, en su artículo cuatro, establece que “al Estado le corresponde el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, dondequiera que estos se encuentren, dentro de las regulaciones constitucionales”.
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