Familia de Navarro responsabiliza a la Seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la cárcel de Agüica

La familia del preso político Félix Navarro responsabiliza a la Seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la cárcel de Agüica, en Matanzas.

Las autoridades penitenciarias de la cárcel ubicada en el municipio matancero de Colón, en coordinación con el personal médico de la prisión, informaron al opositor de 70 años que solo había dosis del medicamento que necesita para controlar su diabetes hasta el 29 de febrero. Tampoco hay en el penal las imprescindibles tiras de prueba de glucosa en sangre.

“El martes 5 [de marzo], llevaron a Saily a un conduce para ver a su papá a la prisión de Agüica, el 7 tuve llamada telefónica con ella y me comunicó que su papá desde el 29 de febrero no toma los medicamentos de la diabetes porque no hay en la prisión”, explicó a Martí Noticias, la esposa de Navarro, Sonia Campillo.

De igual modo, responsabilizó del riesgo que corre el preso político por la falta de una atención médica adecuada “a la Seguridad del Estado, al régimen y al jefe de la prisión de Agüica, Emilio Cruz”.

Navarro, condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, es uno de los exprisioneros políticos y de conciencia de la Primavera Negra de Cuba que se negó al destierro.

El líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel era al momento de su detención en el verano de 2021, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

En los meses de octubre y noviembre pasados sufrió pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias y también ha experimentado una notable baja del peso corporal, según dijo su familia, que luego denunció ante la Fiscalía Municipal de Colón que las autoridades penitenciarias no garantizaban la debida atención médica a Navarro.

Fue arrestado, junto a su hija Saylí Navarro, en la localidad de Perico, en Matanzas, cuando se presentaron en la estación de la policía local a pedir información sobre algunos miembros de su organización. Ella fue condenada a 8 años años de privación de libertad.

“A Saily, mi hija que está en la cárcel de mujeres conocida como La Bellotex, le hicieron una requisa, sin motivos. Le quitaron su libreta de diario, dos fotos que tenía y también una libretita donde ella tenía anotado los números de teléfono para llamarnos a nosotros”, relató Álvarez Campillo.

Saily Navarro, junto a Tania Echevarría y Sissi Abascal, las tres Damas de Blanco, llevaron a cabo un ayuno el 11 de julio de 2023 en recordación del histórico suceso en que los cubanos salieron a las calles a protestar contra el régimen y que, con otros cientos de personas, las condujo a prisión.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, celebró la decisión del juez de distrito Drew B. Tipton de permitir que continúe el programa de parole implementado por la Administración Biden-Harris para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Desde que el programa comenzó a finales de 2022 y hasta el pasado mes de enero, más de 357.000 inmigrantes han llegado a EEUU, de ellos, 138.000 son haitianos; 86.000, venezolanos; 74.000, cubanos y 58.000 son nicaragüenses.

“Nos complace que el fallo judicial de hoy signifique que los procesos de libertad condicional para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continuarán. Estos procesos, una forma segura y ordenada de llegar a los Estados Unidos, han resultado en una reducción significativa en el número de estas personas encontradas en nuestra frontera sur”, indicó Mayorkas.

El funcionario dijo que esta vía es un elemento clave para abordar “el nivel sin precedentes de migración en todo nuestro hemisferio”.

En el caso de los cubanos, en el año fiscal 2023, que concluyó el 30 de septiembre de ese año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza certificó que 200.287 cubanos arribaron a las fronteras de Estados Unidos.

“Seguiremos aplicando consecuencias más estrictas a quienes intenten eludir vías legales en tierra o mar. No crean las mentiras de los contrabandistas. Aquellos que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos estarán sujetos a una pronta expulsión, una prohibición de admisión de un mínimo de cinco años y un posible proceso penal por reingreso ilegal. Los migrantes deben seguir utilizando vías y procesos legales seguros y ordenados que se han ampliado bajo la Administración Biden-Harris”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional.

“La decisión del tribunal de distrito se basa en el éxito de este programa, que ha ampliado las vías legales para los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que tienen un patrocinador en este país y pasan nuestro riguroso proceso de investigación, al tiempo que disminuye drásticamente el número de nacionales de esos países que cruzan nuestra frontera suroeste”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández.

El juez del Tribunal de Distrito Drew Tipton en Victoria dijo que los 21 estados que presentaron el caso carecían de legitimación activa para presentar la demanda de 2023 porque no podían demostrar que el programa les causara algún daño.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel consideró el viernes que los medios que denuncian la violencia de género en Cuba son “plataformas subversivas anticubanas” y negó que en la isla haya feminicidios.

“Las plataformas subversivas anticubanas intentan imponer la matriz de que en Cuba existe feminicidio, término que indica supuesta inacción estatal ante hechos violentos por razón de género. Podemos asegurar aquí categóricamente que esa es una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana. No puede haber impunidad en Cuba, mucho menos ante delitos motivados por cualquier tipo de discriminación y, ante todo, contra la mujer”, dijo el mandatario en un acto de celebración por el Día Internacional de la Mujer, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Un día después, Díaz-Canel dijo que “los enemigos de la Revolución usan y manipulan conveniente y tendenciosamente las cifras” y elogió el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres creado bajo su mandato, al igual que las leyes para el “enfrentamiento a la violencia de género y a todo tipo de discriminación”.

Además mencionó que en 2023 los tribunales cubanos sancionaron a 61 sujetos autores de asesinatos de mujeres, precisando que en el 93% de los casos las sanciones sobrepasaron los 20 años y que hay cinco condenados a cadena perpetua.

A su juicio, la violencia contra la mujer “no alcanza en Cuba expresiones brutales que se dan en otros países”.

Desde la sociedad civil cubana han surgido en los últimos cinco años numerosos llamados a que se promulgue una Ley Integral contra la Violencia de Género y han denunciado que en la isla no hay mecanismos de información, prevención, acompañamiento, refugio o normas policiales ni judiciales para proteger a mujeres y niñas en riesgo de violencia feminicida.

Para Díaz-Canel es suficiente con las normas jurídicas que ya existen porque asegura que poseen “apartados muy precisos que tipifican como delitos las diversas figuras que pueden menoscabar la integridad física, psicológica o moral de las mujeres.

“El sistema de orden interior tiene la misión primordial de enfrentar y poner a disposición de los tribunales a todos los autores de estos hechos. A la par, el sistema de tribunales apegados a la ley prevé condenas altas y ejemplarizantes para los comisores de este tipo de delito”, dijo.

Hasta el 8 de marzo, los observatorios contra la violencia de género habían registrado 12 feminicidios en Cuba.

Desde 2019 hasta la fecha, la cifra de feminicidios en Cuba asciende a 219.

Un juez federal en Texas ratificó el viernes una pieza clave de la política de inmigración de la administración Biden que permite que un número limitado de migrantes de cuatro países ingresen a Estados Unidos por motivos humanitarios, desestimando una impugnación de estados liderados por republicanos que dijeron que el programa creaba una carga económica para ellos.

El magistrado Drew Tipton falló a favor del programa de Parole Humanitario que permite que hasta 30 mil solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos cada mes desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados.

Eliminar el programa socavaría una política más amplia que busca alentar a los migrantes a usar las vías preferidas por la administración Biden para ingresar a EEUU o enfrentar duras consecuencias, informó la agencia Prensa Asociada.

Texas y otros 20 estados argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública para los migrantes. Un abogado que trabaja con la oficina del fiscal general de Texas en el desafío legal dijo que el programa “creó un sistema de inmigración en la sombra”.

Los defensores del gobierno federal, en cambio, respondieron que los migrantes admitidos a través del programa ayudaron con la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos.

Tipton cuestionó cómo Texas podría estar reclamando pérdidas financieras si los datos muestran que el programa de libertad condicional redujo el número de migrantes que ingresan a Estados Unidos.

No obstante, la decisión podrá ser apelada por los estados demandantes.

Desde que se lanzó el programa, hasta el pasado mes de enero, más de 357.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han recibido libertad condicional y se les ha permitido ingresar al país, precisó Prensa Asociada.

Los haitianos han sido el grupo más numeroso en utilizar el programa, con la llegada de 138.000 personas, seguidos por 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses, indicó Prensa Asociada.

(Con información de AP y la plataforma X)

En mantenimiento, también fuera del Sistema Eléctrico Nacional, figuran este viernes la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel, el bloque energético de Guiteras y la unidad 6 de Nuevitas. Otras 79 centrales de generación distribuida, la central fuel de Moa y la patana de Santiago de Cuba también están fuera de servicio, pero todas estas afectaciones se deben a la falta de combustible, según la Unión Eléctrica, que también da cuenta de 15 centrales con bajas coberturas.

Por su parte, Jorge Piñón, Experto Petrolero de la Universidad de Texas, también entrevistado por Martí Noticias, señaló que “las ocho plantas termoeléctricas, que tienen más de cuarenta años de operación, necesitan mantenimiento constante y necesitan inversiones capitales que no han tenido”.

“Lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la situación crítica que tiene el sistema energético cubano y los apagones van a venir a diestra y a siniestra porque no tienen dinero para comprar petróleo, no tienen dinero, no para cambiar las plantas, ¡para repararlas!, no tienen dinero”.

(Con reportes de Jorge Jáuregui y Luis Guardia para Martí Noticias)

La crisis alimentaria en las cárceles de la isla empeoró en febrero, aseguró a Martí Noticias la exprisionera política Martha Beatriz Roque Cabello, una de las redactoras del informe que confecciona cada mes el Centro de Derechos Humanos de Cuba.

“En estos momentos en el país hay una necesidad tremenda de comida, imagina entonces cómo será en las prisiones”, dijo la también economista a nuestra redacción.

Roque Cabello detalló que entre los alimentos que les dan a los presos hay algo que ellos llaman “pasta eléctrica”. “Se lo dan en almuerzo y comida y no es más que una mezcla de muchas cosas, incluido huesos”.

El periodista independiente Carlos Michael Morales, excarcelado el pasado miércoles, contó que en el penal El Pre, de Santa Clara, el tema de la alimentación es “crítico”.

Morales, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en el poblado de Caibarién, explicó que lo poco que dan es de muy mala calidad. “Es terrible, el arroz es una masa compacta, el caldo es agua sin sal y sin ningún tipo de condimento y las raciones son extremadamente pequeñas”, aseguró.

Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez -uno de los manifestantes de Caimanera-, visitó recientemente a su hijo en la prisión provincial de Guantánamo. Según explicó, la situación de la alimentación y los medicamentos es pésima.

“Lo que están pasando es tremenda hambre, está comiendo un arroz con harina, mi hijo estaba pesando 62 kilogramos, ayer me dijo que se había pesado y que estaba en 56, es decir que bajó en 21 días todo eso”.

Roque Cabello también hizo referencia al problema con los medicamentos y la asistencia médica especializada, así como la negación de beneficios a los presos políticos.

“No le quieren otorgar los beneficios a los presos que ellos consideran que no agachan la cabeza”, dijo.

A finales del año pasado Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, entre otras cuestiones, durante el IV Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, Suiza.

Aunque el Consejo de Derechos Humanos aprobó el informe con las 361 recomendaciones presentadas al régimen de La Habana, esta semana trascendió decenas de estas fueron descartadas.

“El régimen se opone a liberar a los presos políticos y de conciencia, un reclamo presentado en el EPU por países como Nueva Zelandia, Alemania o Lituania, y que está en sintonía con el de importantes actores internacionales, realizados en otros contextos, como el Vaticano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo. Muy preocupante es además su rechazo a la recomendación que pedía “garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados”, indicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) este jueves.