La ONG Prisoners Defenders (PD) informó este martes de que la cifra de presos políticos en Cuba se mantuvo en noviembre en 1.062 personas, tras incluir a 13 nuevos reclusos y sacar a 13 reos que fueron excarcelados. La organización, con sede en Madrid, indicó además en su informe mensual que en los últimos seis meses añadió a su lista “92 nuevos presos políticos”, más de 15 cada mes.
El documento, publicado en la página web de la organización, mantuvo en la lista de presos a 34 menores de edad, de los cuales 28 cumplen sentencia y seis están siendo procesados penalmente. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.
El comunicado de la ONG agregó que 223 manifestantes –uno menos en comparación con octubre– de los 1.062 prisioneros políticos han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno.
PD alertó también de que hay 121 prisioneras (incluyendo varias transgénero), frente a las 118 contabilizadas en octubre, que “siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia”.
“Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, lo cual sucede también con las presas trans comunes, sufriendo situaciones, entre hombres, indescriptibles para su condición sexual”, denunció la organización.
El informe menciona igualmente la lista terrorista publicada hace unos días por el Gobierno cubano que otorga esta denominación a casi una veintena de organizaciones y más de 60 exiliados radicados en Estados Unidos.
“La lista publicada por el régimen no tiene credibilidad alguna y contiene nombres de agentes, funcionarios, colaboradores de la Seguridad del Estado y el G2 cubano (inteligencia), mezclados con algunos conocidos y reputados activistas de derechos humanos”, según PD.
Estos datos se unen a los publicados hace pocos días por el el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), también con sede en Madrid, que registraron en noviembre, mientras el régimen se sometía al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 85 detenciones arbitrarias.
Las acciones represivas en este período fueron fundamentalmente este tipo de arrestos, aunque otros hechos recogidos por la red de activistas del OCDH en la Isla dan cuenta de 83 abusos contra presos políticos. Entre ellos aparece el que terminó con la vida de Luis Barrios Díaz, de 37 años, encarcelado por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 y que aparentemente falleció por la negligencia de las autoridades penitenciarias.
“En medio del análisis a Cuba en la ONU por la situación de los derechos humanos y de la visita a la Isla del representante especial de derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, el régimen cubano continuó su ofensiva represiva contra activistas y población civil. Esto demuestra que los actuales mecanismos de presión no son suficientes en la protección de las personas frente a la acción del gobierno en la Isla”, señaló el OCDH.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 517 protestas públicas en Cuba en noviembre de 2023. Este organismo, que cuenta cualquier demanda –hecha en redes o en la vía pública– al Gobierno, recordó también el caso de Barrios y rechazó que el régimen tildase de presos comunes a “los más de 1.000 que mantiene en las prisiones” durante el EPU.
“El régimen se ha buscado un poderoso enemigo en los millones de madres cubanas que no pueden contar ahora ni con el azúcar, ni la leche, ni el pan de las cuotas normadas para dar algo de comer a sus hijos. A menos que haya un alivio a esta nueva conflictividad, la caldera social cubana puede volver a ponerse al rojo vivo”, adviertió el informe.
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