El derrumbe de un edificio en La Habana Vieja se cobró este miércoles las vidas de Yoandra Suárez López, Luis Alejandro Llerena Martínez y Ramón Páez Frometa, pero no es, desafortunadamente, un suceso inusual en la capital cubana, aquejada de una degradación urbanística más que palpable. Con el corazón aún encogido por la tragedia, los comentarios se multiplicaban en redes con una misma idea: “Hasta cuándo tantos hoteles en construcción y personas perdiendo la vida”.
En junio de 2021, el Gobierno aprobó el Plan General de Ordenamiento Urbano de La Habana al 2030, un documento que se publicó en la Gaceta Oficial junto con los de Trinidad, Caibarién, Baracoa y Guantánamo. La noticia pasó de puntillas incluso para la prensa oficial, pero el texto completo daba cuenta detallada de la penosa situación de la capital, proponía una larga lista de soluciones y actuaciones, y remataba con unos presupuestos imposibles. Su revisión, dos años y varios derrumbes después, resulta interesante.
El documento especifica, en primer lugar, el estado de La Habana en todas las áreas de urbanismo, desde las zonas verdes, el saneamiento, el transporte público y, de manera prioritaria, la vivienda. El bloque dedicado a La Habana Vieja deja un dato escandaloso: más del 40% de las más de 20.000 viviendas identificadas en esa zona no cumplían las condiciones de habitabilidad mínimas.
En conjunto, la problemática se resumía así: “Alto índice de derrumbes, fundamentalmente en las áreas centrales de la ciudad. Albergados: 449 instalaciones, con 5.471 núcleos (17.314 personas). En estado crítico: 946 inmuebles, con 8.329 viviendas y 26.151 habitantes. Cuarterías y ciudadelas: 6.899 inmuebles, con 60.170 núcleos. 82 barrios y 69 focos precarios, con 18.721 y 1.923 viviendas respectivamente, concentrados en su mayoría en Boyeros, Guanabacoa, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón. Cambios de uso para viviendas en locales inadecuados”.
“De las 704.571 viviendas existentes en la ciudad, un 40% están en edificios multifamiliares, alrededor de un 9% son cuarterías y un 3% corresponde a viviendas en barrios y focos precarios”
Esto, solo en lo que al fondo habitacional respecta, porque la lista de problemas identificados en todo tipo de instalaciones, suministros, patrimonio, contaminación, etcétera, ocupa tres densas páginas para las que el Plan proponía 98 medidas detalladas a lo largo de unas 50 páginas
“De las 704.571 viviendas existentes en la ciudad, un 40% están en edificios multifamiliares, alrededor de un 9% son cuarterías y un 3% corresponde a viviendas en barrios y focos precarios –especifica el texto–. El fondo tiene una edad promedio de 70 años, siendo mayor en las áreas centrales, y presenta un alto grado de deterioro acumulado a lo que se le suma la precariedad de las viviendas, por lo que es necesario priorizar la conservación y rehabilitación de lo existente”, resumía en lo que al fondo habitacional respecta.
Para resolverlo, había dos ejes principales, la nueva construcción para las áreas de los anillos exteriores, y la rehabilitación integral para el centro, comenzando por Centro Habana, Cerro, Plaza y La Habana Vieja, municipios señalados como degradados. A partir de los primeros años, se debía continuar trabajando en la zona, incluyendo la recuperación del 60% de los inmuebles en estado técnico regular y malo, y priorizando 12 manzanas del casco histórico (dos de ellas en La Habana Vieja).
El especialista cubano nacido en Barcelona Carlos García Pleyán publicó entonces un extenso artículo explicando la suma importancia del documento, a la vez que lamentaba sus claroscuros. “Tengo mis dudas de que pueda cumplir su cometido”, resumía.
“¿Quién tomará la decisión de incluir las inversiones necesarias para llevarlos a cabo? (…) ¿Tiene la capital el presupuesto suficiente para llevarlas a cabo?”
Lo más destacable, para este profesor de urbanismo, era –ciñéndonos a la vivienda– la decisión de controlar el crecimiento hacia la periferia, el fomento de la incorporación de los privados al sector y la ejecución de las obras a partir de concursos. ¿Los problemas? Demasiados, empezando por la fecha. Todo el documento, aprobado en 2021, está elaborado en 2013, lo que daba al traste con una gran parte del contenido, incluido un estudio de producción con las instalaciones a desactivar y reubicar entre 2014 y 2016, ampliamente pasadas en el momento en que se da luz verde a las medidas.
García Pleyán se escandaliza al darse cuenta de que el anexo carece de un plan concreto de actuaciones, ya que en ese epígrafe lo que se incluye es una estimación presupuestaria, por otra parte, nefasta “basándose en el nivel de gastos de los años 2017 y 2018 y extrapolándolo al período 2019-2030. Y la tabla sin duda contiene errores groseros: el primer renglón se refiere a las inversiones en el sector de educación. En 2017 fueron 57 millones, al año siguiente 86 millones. Sin embargo, el promedio anual para el período 2019-2030 se reduce a menos de tres millones anuales, sin más explicaciones”, subraya.
A su juicio, en resumen, el Plan estaba desfasado, era desconocido y carecía de programa de acción. “¿Quién tomará la decisión de incluir las inversiones necesarias para llevarlos a cabo? (…) ¿Tiene la capital el presupuesto suficiente para llevarlas a cabo? ¿Qué trascendencia puede tener entonces un plan que no prevé ni especifica las inversiones necesarias para llevarlo a cabo?”, se preguntaba, para concluir: “La capital del país requiere de una atención mucho mayor que la que se ha dedicado al llamado Plan General de Ordenamiento Urbano”.
Hace pocos días, en una extensa Mesa Redonda, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña –que anunció una Ley de Vivienda para 2024–, expuso que en la actualidad hay 853.000 viviendas calificadas como mal, regular, a rehacer o para dar mantenimiento, en toda la Isla. “Actualmente, se ha evolucionado, pero no a la velocidad que queremos”.
Según el Anuario Estadístico de 2022, el Gobierno invirtió 3.226,5 millones de pesos en hoteles y 23.360 millones de pesos en servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler (apartado de contenido difuso, que incluye la construcción de hoteles). Mientras, a la construcción de viviendas se destinó un 1,4% del presupuesto general del Estado, 1.016 millones de pesos. Una miseria, que explica muchas de las tragedias que seguirán ocurriendo en La Habana y en otras ciudades del país.
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