Al menos 382 cubanos fueron víctimas de violencia policial entre 2018 y 2023. De ellos, 95 personas murieron a causa de enfrentamientos con las autoridades, negación de atención médica o uso excesivo de la fuerza, asegura un informe publicado este viernes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el medio independiente El Toque, que denuncian el “blanqueamiento” de estos crímenes por parte del Estado.
La tipología empleada por estas plataformas resume un total de siete “formas de violencia física” empleadas por la Policía: abuso sexual, detenciones violentas, ejecución extrajudicial, negación de asistencia médica –dentro de la que se incluyen la falta de atención adecuada o el retraso en proporcionarla–, el uso injustificado de armas de fuego y la muerte bajo custodia. En el caso de esta última, se manejan también los presuntos suicidios de presos o detenidos, pese a que la “falta de transparencia del régimen” impide conocer las verdaderas causas o realizar investigaciones.
La violencia psicológica, económica o verbal, así como la discriminación, no se tuvieron en cuenta en el registro, advierten las plataformas, ya que son situaciones difíciles de verificar.
Un tercio de los casos registrados, 129, corresponden a personas víctimas de violencia policial durante las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021.
Un tercio de los casos registrados, 129, corresponden a personas víctimas de violencia policial durante las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021. Asimismo, con 167 y 54 sucesos respectivamente, son La Habana y Camagüey –donde en agosto de 2022 ocurrieron las protestas de Nuevitas– las provincias que encabezan la lista. En la mayoría de los casos, la violencia se ejerció por motivos políticos.
“De los 95 cubanos fallecidos en los últimos cinco años por excesos policiales, 76 estaban bajo custodia estatal en el momento de su muerte. A partir de la información que ofrecieron los representantes gubernamentales a varios familiares, hemos registrado que 33 perdieron la vida debido a una condición médica; 28 murieron por suicidios o presuntos suicidios; y otros 12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes. Se desconoce la causa de la muerte de otras tres personas”, resume el informe.
La negación de atención médica, así como la violencia en las cárceles, son dos de los puntos más polémicos del informe pues, pese a que han sido denunciados en numerosas ocasiones por presos políticos o sus familiares, la carencia de registros físicos que prueben la violación de derechos humanos es un factor importante
Uno de los casos mencionados es el de Yosvany Aróstegui, quien falleció en el hospital Amalia Simoni, de Camagüey, el 7 de agosto de 2020, tras sostener una huelga de hambre durante semanas. Las autoridades, sin embargo, eludieron la responsabilidad por la muerte del recluso.
Uno de los casos mencionados es el de Yosvany Aróstegui, quien falleció en el hospital Amalia Simoni, de Camagüey, el 7 de agosto de 2020, tras sostener una huelga de hambre durante semanas
En cuanto al excesivo uso de la fuerza o armas de fuego, las plataformas recuerdan la muerte del adolescente villaclareño Zinédine Zidane Batista Álvarez en julio de 2022 en Santa Clara, luego de que, en un enfrentamiento en plena calle, un agente le disparara tres veces, la última vez al pecho y mientras el joven permanecía esposado en el suelo. Tanto la familia de Batista como varias organizaciones han denunciado la desmesura de la Policía que, aseguran, empleó innecesariamente un arma letal contra un menor de 18 años.
Las ejecuciones extrajudiciales, que recogen los registros, en que las personas han sido asesinadas por las autoridades sin que medie el veredicto de un tribunal, también tienen un caso representativo: el incidente en Bahía Honda el 29 de octubre de 2022, cuando la Policía hundió “deliberadamente” una embarcación en la que viajaban 26 personas que intentaban abandonar el país. Unas ocho personas, incluyendo una niña de dos años, murieron durante el siniestro.
“La protección de la imagen de las fuerzas del orden, la manipulación de los sucesos y la falta de transparencia determinan que muchos actos violentos no sean registrados”, lo que permite que los responsables no respondan ante la Justicia y salgan impunes, asevera el informe. Solo se conocen dos casos, añade, en el que dos policías fueron sancionados por abusar sexualmente de dos adolescentes en abril de 2020 en el municipio habanero de Marianao. No obstante, tanto la identidad de los involucrados como las condenas nunca fueron reveladas por las autoridades.
“Desde el poder se intenta blanquear la imagen de la Policía cuando queda expuesta en actos violentos a través de las redes sociales o en los medios de comunicación independientes”, indica el informe, que concluye que, por esta razón, “es probable que la cifra real de personas violentadas, así como el número de incidentes violentos en los últimos cinco años sea mucho mayor”.
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