MIAMI, Estados Unidos. – La ola represiva contra la prensa independiente en Cuba ha alcanzado a varios periodistas y medios comunitarios adscritos al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), de acuerdo con varios reportes difundidos este martes.
De acuerdo con Martí Noticias, este lunes, varios reporteros del ICLEP, entre ellos Orlidia Barceló Pérez, Mabel Páez Díaz, Juan Manuel Moreno, y Antonio Suárez Fonticiella, fueron citados a estaciones policiales. Según denunciaron, las autoridades les ordenaron cesar sus labores periodísticas y detener la distribución de boletines comunitarios.
Páez relató que las amenazas incluyeron a su familia: “Me dijeron que pensara más en mi hijo y que me olvidara del ICLEP”.
Por su parte, la organización advirtió que las intimidaciones no se limitan a estos periodistas. Normando Hernández, director del ICLEP, condenó las acciones represivas y señaló que “estas acciones no solo buscan silenciar nuestras voces y coartar el ejercicio del periodismo independiente, sino que también envían un mensaje directo de intolerancia”.
El centro de asesoramiento legal Cubalex también alertó sobre la creciente persecución hacia los periodistas de ICLEP, que refleja un patrón de hostigamiento hacia la prensa independiente en la Isla. La semana pasada, varios periodistas de CubaNet, Periodismo de Barrio y El Toque fueron amenazados, interrogados, obligados a renunciar a su labor y a devolver sumas de dinero supuestamente recibidas de programas formativos o colaboraciones con medios internacionales.
Además de la extorsión económica, la Seguridad del Estado ha obligado a los periodistas interrogados a firmar actas de entrega, en las que reconocen haber recibido fondos de proyectos “subversivos”, fabricando así pruebas en su contra. En algunos casos, los obligan a renunciar públicamente a seguir ejerciendo el periodismo independiente y a grabar sus confesiones en video, según relatan las víctimas, de acuerdo con un editorial publicado por El Toque el pasado viernes.
El uso de estos métodos, según observadores, busca desacreditar a los periodistas y entidades independientes, y prepara el terreno para una posible instrucción penal en su contra. Se teme que los videos obtenidos durante los interrogatorios sean utilizados en programas televisivos para desprestigiar a las víctimas, siguiendo el patrón de acoso mediático que se ha utilizado en el pasado.
Justo el pasado viernes, 4 de octubre, entró en vigor la Ley de Comunicación Social aprobada por el régimen de la Isla, que ha sido criticada como un nuevo instrumento de las las autoridades cubanas para limitar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Desde su aprobación, periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales han señalado que la ley representará un endurecimiento de las restricciones sobre los medios digitales independientes en Cuba, que seguirán sin ser reconocidos por el régimen y cuyos periodistas están sometidos al acoso y las amenazas de cárcel de las autoridades.
“Es irónico que la nueva Ley de Comunicación Social entre en vigor justo cuando se intensifica la represión contra la libertad de expresión en Cuba”, escribió en Facebook la emprendedora Katia Sánchez Martínez. “En los últimos días, varios periodistas, comunicadores y emprendedores hemos sufrido interrogatorios, abusos, decomisos y amenazas, evidenciando ataques contra cualquier forma de expresión independiente. Hoy es un día triste, pero esto no acaba aquí”, también aseguró la joven.
