El caso de los cubanos reclutados para luchar junto a Rusia en la guerra de Ucrania sigue dando que hablar y este jueves mostró el complicado juego de equilibrios que mantiene La Habana para agradar a Moscú sin provocar la ira de EE UU y, sobre todo, de la Unión Europea, con quien mantiene buenas relaciones.
El embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendia Peña, dijo a la agencia estatal RIA Nóvosti: “No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el Ejército ruso. Pero nos oponemos a la ilegalidad y estas operaciones, que no tienen nada que ver con el ámbito legal”.
El diplomático explicó que los detenidos vinculados a la supuesta red que se dedicaba a reclutar a cubanos son todos ciudadanos de la Isla, “gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar, como son las relaciones entre nuestros países, quiere ganar dinero, quiere meterse billetes en el bolsillo y dedicarse a actividades ilegales”. Y afirmó: “Los estafadores y los bandidos están en todas partes”.
Horas más tarde, su jefe, el canciller Bruno Rodríguez enmendaba las palabras de su subalterno y reafirmaba “la posición inequívoca e invariable del Gobierno”
Horas más tarde, su jefe, el canciller Bruno Rodríguez enmendaba las palabras de su subalterno y reafirmaba “la posición inequívoca e invariable del Gobierno”, que, “conforme a la legislación nacional, es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto, contra el mercenarismo y contra la trata de personas”.
En el derecho internacional se reconoce la diferencia entre el mercenario, que participa en el conflicto armado de un país que no es el suyo como parte de un grupo de combatientes o agencia privada a cambio de un salario, y el voluntario, que es quien se alista en el Ejército extranjero por su propia cuenta.
Cuba está obligada, como firmante del Convenio de La Haya, a cumplir con el artículo 4, que exige a los Estados “impedir la formación de grupos mercenarios en su territorio con el fin de intervenir en un conflicto armado ante el que han decidido permanecer neutrales”, mientras que no puede ser considerada responsable “cuando los individuos cruzan la frontera por voluntad propia para ofrecer sus servicios a los beligerantes”.
Sin embargo, las disquisiciones del embajador cubano en Moscú sobre la diferencia entre voluntarios, “legales”, y los mercenarios, “ilegales”, no encajan en el discurso oficial de La Habana, que intenta no irritar más de la cuenta a EE UU y a la Unión Europea.
Estas cuestiones, que parecen estar solo en los textos legales, tomaron rostro este jueves cuando trascendió la presunta captura de un cubano por el Ejército de Ucrania. Según circuló en Telegram, un grupo de latinoamericanos que combate del lado de Kiev, autodenominado Batallón Bolívar, afirmó que se había detenido durante una operación a un hombre de nacionalidad cubana que, al parecer, estaba en un puesto de avanzada del Ejército ruso.
Si el joven es considerado voluntario y, por tanto, integrante de las Fuerzas Armadas rusas, le será aplicable el estatuto de combatiente y prisionero de guerra, que otorga un cierto grado de protección del que no goza en ningún caso el mercenario, expuesto a graves represalias.
En medio de esta situación, el influencer cubano residente en Miami, Alexander Otaola, hizo públicos en su programa los supuestos contratos firmados por ciudadanos de la Isla para integrarse en las Fuerzas Armadas. El presentador calificó de voluntarios a quienes se desplazan a Rusia para el combate, aunque no en un sentido legal, sino denunciando que es el Gobierno quien capta a estos individuos y organiza su participación. Ellos, por su parte, aceptan la propuesta por los múltiples beneficios que, según los documentos exhibidos, reporta.
Aunque Otaola reprochó en particular a los líderes europeos que no conozcan la existencia de esos textos que sí están en su poder, no hubo sorpresas en cuanto al contenido, ya que están en la línea de lo anunciado por Vladímir Putin en su decreto para captar soldados a cambio de distintas prebendas entre las que destaca la nacionalidad.
Pero hay otras especificaciones monetarias que incluyen el pago único de 195.000 rublos por la participación (unos 2.000 dólares), un millón (cerca de 10.000 dólares) por lesión grave y medio por una moderada. También hay pagas por los familiares, billetes de avión a precio reducido, pago por vivienda, exención de impuestos para la compra de un vehículo y cobertura para la matriculación de los hijos en instituciones infantiles y/o escolares, entre otras muchas ventajas.
En el documento también hay un cuestionario a rellenar sobre por qué se ha elegido ser militar como profesión o qué propuesta contractual resulta más atractiva. Las páginas restantes mostradas por Otaola son el contrato en sentido estricto mediante el que se acredita el paso voluntario por el Ejército en la región de Tula y el finiquito.
El influencer acusó al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, de haber dado un toque de atención a La Habana para amortiguar daños tras las más recientes filtraciones e insistir en aparentar dureza contra el mercenarismo. “Borrell llamó a su amiguito de La Habana y le dijo digan que todo esto fue ilegal y no sabían porque me van a obligar a cortarles la luz y el agua”, ironizó.
La guerra contra Ucrania se ha convertido en un problema para Cuba frente a la Unión Europea, que apoya incondicionalmente a Kiev como parte de la Otan y como institución independiente mediante la cooperación política y militar. Distintas organizaciones de la oposición cubana se han apoyado en los últimos meses en las actividades prorrusas de La Habana para pedir a la UE que rompa su Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, el más reciente, el llamamiento de Cuba Siglo 21, que considera que el texto “no ha servido el propósito de avanzar hacia una sociedad abierta, pero ha entregado miles de millones de euros al Gobierno cubano que los ha usado en la represión interna”.
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