LA HABANA, Cuba. – Es bien conocido el celo que mantienen las autoridades cubanas con respecto a todo lo relacionado con la educación de las nuevas generaciones. Se trata de un sector que es coto exclusivo del Estado, el cual lo utiliza para el adoctrinamiento de los educandos, y así asegurar ―al menos eso cree la maquinaria del poder― la adhesión ideológica de niños y jóvenes al régimen. Entonces no es casual que el castrismo impida la inversión extranjera en el sector educacional.
Semejante estrategia gubernamental se ha puesto de manifiesto, una vez más, a raíz de la política a seguir con respecto a las nuevas formas de gestión no estatales, especialmente con lo relacionado a las prohibiciones que se les imponen a las mipymes, trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias.
En ese sentido, una de las disposiciones apunta: “No se aprueba la constitución de academias. Las formas de gestión no estatales no titulan en ninguna de las modalidades docentes ni emiten certificados de cursos o talleres”. Es decir, que se les cierran las puertas a esos actores no estatales para incursionar en cualquier tipo de tarea educativa.
Otro tanto sucede con el sector artístico. Una de las disposiciones establece que “se prohíbe el ejercicio profesional con fines de comercialización, sin representación estatal, a artistas, sea de forma individual o colectiva”. Igualmente se reafirma que a las formas de gestión no estatales “no se les autoriza la conformación, promoción y comercialización de catálogos de artistas y otras especialidades del arte”.
No es difícil constatar el vínculo de esta prohibición con el famoso Decreto 349 de diciembre de 2018, que disponía que ningún negocio privado podía contratar a artistas que no fuesen graduados del sistema de enseñanza artística del país. En aquel momento el régimen adujo que la presencia de artistas de formación empírica en dichos negocios constituía una práctica de intrusismo profesional, que iba en contra de los derechos laborales de los graduados en las escuelas gubernamentales de arte.
Hay que recordar las opiniones adversas que el referido decreto destapó en buena parte de la sociedad, en especial entre la comunidad artística, que alertó acerca de los talentos que el país podía perder por esa medida.
Si hacemos un poquito de historia podemos traer a colación dos casos ―seguro que son muchos más― de figuras relevantes de nuestra cultura que se habrían perdido si siempre hubiese estado vigente esta prohibición castrista.
El trovador Manuel Corona, el autor de la inmortal Longina, y el Bárbaro del Ritmo, Beny Moré, fueron dos artistas sin formación profesional, que sin embargo dieron gloria a la cultura cubana.
Claro, el castrismo no desea intrusos profesionales que no respondan a sus intereses. Pero ellos sí han tenido grandes intrusos, como los casos de José Ramón Machado Ventura (médico que fiscalizaba la agricultura y la industria azucarera), Ramiro Valdés (represor del MININT devenido en dirigente del sector industrial), y Haydée Santamaría (al frente de Casa de las Américas y sin formación cultural).
Por supuesto, el castrismo quiere evitar la proyección internacional, con la consiguiente relevancia que ello tendría para estos emprendedores, de cualquier negocio gestionado por actores no estatales. Por tal motivo, otra de las prohibiciones establece que “se dispone la no autorización en la convocatoria y organización de eventos internacionales, exceptuando la participación en la gestión y servicios para el desarrollo de tales eventos, a solicitud de la institución que lo convoca”. O sea, el protagonismo para la institución estatal, y para el no estatal la función de ayudante o utilero.
