LA HABANA, Cuba. – Resulta innegable que, a pesar de lo que exprese el discurso oficial, un grupo de las medidas de ajuste anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero para poner en práctica en el entrante año 2024 van a afectar directamente a la población. Tenemos, por ejemplo, la subida del precio de los cigarros y tabacos, el aumento de la tarifa del agua, la aplicación de nuevas tarifas para el transporte de pasajeros, así como el incremento del precio minorista del gas licuado.
Hay otras medidas comprendidas en el paquetazo económico que, de acuerdo con el punto de vista de las autoridades, están dirigidas a aquellos segmentos poblacionales de mayores ingresos, y por tanto no perjudicarían al ciudadano promedio. Sin embargo, basta un somero análisis para demostrar la falsedad de semejante argumento.
Una de esas medidas se relaciona con la actualización (entiéndase subida) de los precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Se trata de una decisión que afectará, entre otros, a los taxistas privados (boteros), que en este momento garantizan en buena medida la movilidad de la población ante las múltiples deficiencias que exhibe el transporte público en todo el país. No se necesita ser muy perspicaz para imaginar que esos transportistas privados podrían exigirles a los pasajeros una tarifa mayor por el servicio que prestan.
Una situación parecida se podría derivar de la medida que consiste en un aumento arancelario a la importación de artículos finales y listos para la venta por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En este caso, y si persistiera la decisión de las mipymes de importar tales productos terminados, y no las materias primas que desea el Gobierno, es casi seguro que los precios minoristas que la población les pague a esos actores económicos, que ya hoy se consideran elevados, se incrementen aún más.
También tenemos lo que podría presentarse tras la medida que apunta a un aumento del 25% de la tarifa eléctrica del sector residencial para aquellos consumidores que sobrepasen mensualmente los 500 kilowatts/hora. Para nadie es un secreto que entre esos altos consumidores de electricidad estarían muchos de los restaurantes (paladares) y cafeterías privadas, algunas de las cuales prestan servicio las 24 horas. Entonces, ante un pago mayor de electricidad por parte de estos establecimientos, sería muy probable que los usuarios deban pagar más por las ofertas gastronómicas que se comercialicen.
O sea, que tanto los taxistas y los propietarios de las mipymes como los dueños de las cafeterías y las paladares verían incrementados sus costos de producción (o servicios) como resultado de las medidas que pondrán en práctica las autoridades castristas. Y esos costos de producción se trasladarán a los precios y tarifas que pague el cubano de a pie. Una vez más, el gran perdedor de esta terapia de choque.
Y todo lo anterior acompañado de un discurso sesgado, del que se derivan comparaciones apologéticas en un caso y descalificadoras en otro, que buscan desviar la atención de las penurias que sufrirá la población cubana, al tiempo que ofrece una imagen apocalíptica de las medidas económicas adoptadas en otras realidades.
Por ejemplo, el periódico Granma, en su edición del 21 de diciembre, calificaba eufemísticamente el ajuste castrista como una simple “ruptura de la inercia que permita corregir las distorsiones y crecer en la economía”. En cambio, el periódico Trabajadores, en su edición del 18 de diciembre, al referirse a la política económica puesta en práctica por el nuevo mandatario argentino, utilizaba los términos “un nuevo plan de guerra contra el pueblo trabajador” y “terrorismo económico”.
Por supuesto, todo el montaje con el visto bueno del más joven de los organismos de la Administración Central del Estado cubano: el Instituto de Información y Comunicación Social.
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