LA HABANA, Cuba. — La mayor represión anticomunista en Cuba no ocurrió —como pudieran muchos suponer— durante las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, sino, paradójicamente, bajo el régimen de Fidel Castro, en los primeros meses de 1968, menos de siete años después de la proclamación del carácter marxista-leninista de la revolución: fue el llamado proceso de la Microfracción.
El por entonces segundo secretario del Partido Comunista y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl Castro, dio el disparo de arrancada de la purga contra decenas de comunistas de la vieja guardia cuando el 24 de enero de 1968, cuando en el informe que leyó durante un pleno del Comité Central, anunció que desde mediados de 1966, gracias a informaciones de fuentes confiables, se había detectado que existía lo que calificó como “una corriente de oposición ideológica a la línea del partido”.
Para urdir su trama, la máxima dirigencia del régimen se valió de chivatazos y grabaciones hechas por la Seguridad del Estado para probar que los supuestos complotados criticaban el distanciamiento de la Unión Soviética ocurrido después de octubre de 1962, se quejaban de las políticas económicas en curso y habían contactado con los soviéticos para pedirles que presionaran en pro de que se modificaran dichas políticas para lograr un mayor crecimiento de la economía.
También se valieron del chisme y la cizaña al asegurar que los de la Microfracción reprochaban a Blas Roca, Isidoro Malmierca, Jorge Risquet y Lionel Soto por haber entregado el viejo Partido Socialista Popular en manos de Fidel Castro, y lamentaban la designación de ministros que fueron opuestos al comunismo como Raúl Roa, Armando Hart y Faure Chomón.
Acusados de revisionistas y sectarios y de estar implicados en una conspiración prosoviética, 36 militantes del Partido Comunista fueran arrestados y puestos a disposición de los tribunales.
Tres de los acusados se suicidaron: Javier de Varona, Carlos Rentaría y Eurípides Núñez (este último en una celda de Villa Marista, la sede principal del Departamento de Seguridad del Estado).
En juicios sumarísimos, los acusados de la Microfracción fueron condenados a penas de prisión de entre 15 y cuatro años. La sanción más dura, de quince años, fue para Aníbal Escalante. A doce años fueron condenados: Octavio Fernández, Ricardo Boffil, Ramiro Puerta, Inaudis Kindelán, Edmigio López, Luciano Arguelles, Emilio de Quesada, Félix Fleitas. A diez años: Orlando Olivera, Francisco Pérez de Armas, Orestes Valdés, Hugo Vázquez, Ricardo López, Higinio Casuso, Ángel Gutiérrez y José Caballero. A ocho años: Manuel Ramírez, Francisco Brito, Renay Hernández, Raúl Fajardo, Alfredo Batista y Arnaldo Escalona. A cuatro años: Inocente Martínez, Hildo Madam, Ramón Chávez, Manuel Martín y Luis M. Martínez Saénz. A tres años: Reinaldo Puig, Arturo García, Miguel Machado, Leovigildo Duiaga, Giraldo Victoria y Lázaro Suárez. La menor condena, dos años de reclusión domiciliaria, fue para Marcelino Menéndez, contra quien prácticamente no hubo pruebas.
Familiares y personas relacionadas con los condenados sufrieron todo tipo de represalias y hostigamientos
Según refirió en 2017 en su blog la periodista exiliada en Suiza Tania Quintero, en un artículo titulado Los condenados de la Microfracción, Hilda Felipe, militante del PCC y esposa de Arnaldo Escalona —a quien, siendo abogado, el tribunal le impidió asumir su autodefensa— luego de pasar 90 días en Villa Marista sometida a continuos interrogatorios, luego de ser puesta en libertad, volvió a ser arrestada en mayo de 1968 y condenada a cinco años de privación de libertad, de los cuales pasó dos en la cárcel y tres en reclusión domiciliara.
El Caso de la Microfracción sirvió a Fidel Castro para desembarazarse de los comunistas apegados a la línea de Moscú que les estorbaban y dar un escarmiento para los que se atrevieran a discrepar. Antes, con el mismo fin, había ocurrido en 1962 la llamada “depuración de errores del sectarismo”, cuando purgaron a Aníbal Escalante, un veterano del PSP que, en ese momento, estaba al frente de las Organizaciones Revolucionarias integradas (ORI); y en 1965 el Caso Marquito, tras el que pusieron en prisión domiciliaria a Joaquín Ordoqui y a Edith García Buchaca.
Luego de la Microfracción, en el partido único reinó la unanimidad absoluta respecto a las órdenes de Fidel Castro, sin importar cuan cuestionables estas fueran.
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