Ha roto su silencio Ristian Solano, el médico del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo (Granma) condenado a tres años de privación de libertad por negligencia con resultado de muerte. Su pena es la más alta de las impuestas a los seis sanitarios juzgados en este caso, en el que solo una de las involucradas, la radióloga Elizabeth Silvera, fue absuelta.
El doctor se ha definido como decepcionado por la falta de apoyo del Ministerio de Salud, al que no le ha importado mirar a otro lado a lo largo del proceso: ni cuando él y sus colegas denunciaron las malas condiciones en que trabajan por falta de recursos ni cuando permitieron que se les condenara en un procedimiento plagado, insiste, de irregularidades.
Solano afirma que participaron en la investigación dirigida a esclarecer los hechos hasta tres comisiones –una de la Dirección Provincial de Salud, otra que fue desde Manzanillo y, por último, la Comisión Nacional de Salud– que sobraban para determinar que, desde su ingreso en el hospital, el paciente tenía “elementos incompatibles con la vida independientemente del actuar médico. Este paciente, desafortunadamente, estaba condenado a un triste desenlace”, asegura, categórico.
Solano afirma que participaron en la investigación participaron hasta tres comisiones, que sobraban para determinar que, desde su ingreso en el hospital, el paciente tenía “elementos incompatibles con la vida”
El doctor describe con lujo de detalles, como antes lo han hecho sus compañeros, lo sucedido dos años atrás cuando ingresó en el cuerpo de guardia el paciente finalmente fallecido –cuyo nombre nunca ha sido revelado–, pero que en el momento de su llegada, acompañado por otra persona, podía hablar y respondía a las preguntas que se le hacían. El joven, de 23 años, no cooperaba activamente en el interrogatorio, pero no por incapacidad sino porque todo llevaba a concluir que había participado en una carrera ilegal y no quería tener problemas.
En aquel momento, en que el paciente apenas reveló haberse caído de una moto, presentaba una lesión costal que fue valorada con radiografía y ultrasonido aparentemente normales. No obstante, fue enviado a la sala polivalente para coordinar más pruebas especializadas, dos de ellas (placa de tórax y tomografía) fueron rechazadas por radiología por falta de película y desperfectos técnicos, respectivamente. En esa circunstancia, se optó por una punción como alternativa, que tampoco se podía hacer con normalidad por la falta de una sonda vesical que, finalmente, se logró a través de la coordinación con el servicio de Urología. Además, todos los especialistas de esa unidad estaban ocupados en cirugías, por lo que no podían ocuparse ellos de la prueba.
“Todos estos inconvenientes, por así decirlo, los plasmamos en una hoja al efecto”, afirma Solano, que considera que el paciente estaba adecuadamente atendido dentro de las limitaciones e, incluso, se le explica la situación.
La situación cambia por completo cuando “alrededor de las 12:45 de la tarde un familiar me lleva el resultado de ultrasonido –aparentemente realizado a las 8:50 de la mañana– a donde yo estaba sentado en el cuerpo de guardia. Reviso el informe y es diametralmente opuesto al informe original”. Explica el doctor que rápidamente se dirigió con el familiar hacia donde estaba el paciente mientras le explicaba los cambios que se veían entre las pruebas, ya que a su llegada mostraba normalidad en los signos vitales y el examen físico, mientras que ahora el ultrasonido indicaba la necesidad de una intervención urgente que el paciente acepta, al mostrarse una lesión intraabdominal.
Es en ese momento, cuando está siendo preparado para la operación, cuando el paciente confiesa a la anestesista que había participado en una carrera a 160 kilómetros por hora
Es en ese momento, cuando está siendo preparado para la operación, cuando el paciente confiesa a la anestesista que había participado en una carrera a 160 kilómetros por hora y salió proyectado por encima de la moto, golpeándose con el contén. Según Solano, las pruebas realizadas por los anestesistas revelaron normalidad, a excepción de una “disminución bilateral del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares”. La lesión observada durante la cirugía se ubicaba, finalmente, en el riñón.
La necropsia realizada posteriormente reveló como causa del fallecimiento una perforación gástrica con una peritonitis subsecuente de aproximadamente 600 mililitros de contenido gástrico libre en cavidad, además de isquemia de la cola del páncreas. Según Solano, este cuadro es mortal en un 98% de los casos y el paciente ya llegó con esos elementos al hospital, por lo que nada se pudo haber hecho para salvarlo.
El doctor asegura que los informes realizados confunden términos como policontusionado –como ellos clasificaron al paciente– y politraumatizado –como hubiera sido ingresado a juzgar por los resultados de la necropsia–, imprevisibles teniendo en cuenta “los elementos que aportó el paciente una vez llegó al hospital Carlos Manuel Céspedes”, junto con un “examen físico completamente negativo” que no sugería lesiones como las halladas posteriormente.
Solano afirma que todo lo ocurrido, detallado en la historia clínica del paciente, es algo que dañaba la imagen del hospital “y, por consiguiente, la imagen del departamento o de la Dirección Provincial de Salud y no era permisible que uno de los médicos que había allí dijera todo esto”.
El galeno vuelve a señalar a la doctora Ingris Porto Mateo (presuntamente familiar del fallecido) como responsable de una “investigación totalmente desacertada y superficial”
El galeno vuelve a señalar a la doctora Ingris Porto Mateo (presuntamente familiar del fallecido) como responsable de una “investigación totalmente desacertada y superficial”, contraria a cualquier base científica, y de “incentivar y divulgar falsedades” contra el equipo médico a cargo del paciente “con el objeto de desviar la atención sobre lo que realmente habíamos planteado en el primer punto, o sea las carencias de los recursos institucionales que sí interferían en la adecuada atención al paciente”.
El doctor cierra el vídeo, entregado al comunicador Ernesto Morales, lamentando que se hayan ignorado y desestimado las muchas pruebas que él y sus colegas aportaron para esclarecer la situación. “Pero, sobre todo, la principal irregularidad que presentó este proceso es la falta de apoyo del Ministerio de Salud que simplemente obvió todo este proceso hasta que llegó a las dimensiones en las cuales se encuentra en este momento. Pero no para apoyarme, sino precisamente para mirar hacia otro lado”.
Los cinco condenados –junto con Solano, Rafael José Sánchez y Henry Rosales Pompa a dos años; Yoandra Quesada Labrada, a un año y seis meses; y William Pérez Ramírez, a un año– estarán inhabilitados durante el mismo periodo de tiempo que dura la condena, aunque aún les queda la opción de apelar, algo que han anunciado que harán y para lo que cuentan con el apoyo de muchos doctores que los respaldan.
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