En su 188 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este martes la audiencia “Seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad” en Cuba.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante el cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo.
En la audiencia, la activista Rosa María Payá recordó que en Cuba hay más de mil presos políticos y sólo algunos de ellos tienen medidas cautelares. “Requerimos que las voces de la Comisión se levanten en favor de la libertad inmediata de los presos políticos”, dijo Payá.
Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, que tiene medidas cautelares, exigió el cumplimiento de las mismas con urgencia, señalando las condiciones inhumanas en las que está su padre en una celda de aislamiento.
Johanna Villegas, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que es peticionario a favor de siete Damas de Blanco y un integrante del Movimiento Cristiano Liberación, dijo que permanecen privados de libertad por motivos políticos.
“Las mujeres que forman parte de esta organización enfrentan un riesgo permanente que se materializa en patrones de violencia que tienen como fin amedrentarlas que desintegrar a la organización. Entre enero y septiembre del 2023 hemos documentado 395 detenciones de corta duración”, dijo Villegas.
Señaló además que “todas las beneficiarias enfrentan condiciones inadecuadas de prisión en custodia del Estado, sufren represión, acoso constante y discriminación por motivos políticos. Además, están expuestas a mala alimentación, falta de acceso a agua potable y espacios insalubres por el calor excesivo y la presencia de insectos”.
También expuso el caso de Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación, detenido en octubre del 2020 por reclamar irregularidades en el suministro de alimentos en un centro de abastecimiento en Manatí, Las Tunas y posteriormente condenado a 5 años de prisión.
Se denunció que ha sido víctima de malos tratos, incomunicación y aislamiento prolongado. El beneficiario se encuentra privado de libertad y las autoridades penitenciarias le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional a las que tiene derecho.
Laritza Diversent, de Cubalex, expuso la situación crítica de los defensores de derechos humanos, especialmente las personas integrantes del Movimientos San Isidro.
“La respuesta del Estado a este movimiento ha sido la detención y acoso continuo de sus miembros y allegados persistiendo esta persecución hasta la actualidad. Tras la concesión de las medidas cautelares, el número 1101 por parte de esta comisión en febrero de 2021, los beneficiarios han enfrentado vigilancia excesiva, restricciones de movimiento, arrestos infundados y otras intimidaciones. Entre los más afectados están Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, líderes del MSI”, expresó Diversent.
La abogada dijo que “la realidad que enfrentan las personas integrantes del Movimiento San Isidro y activistas cubanos es una constante y grave violación a los derechos humanos”.
“Este patrón de represión, intimidación y violencia del Estado cubano, que va desde detenciones arbitrarias hasta negación del derecho al retorno y la libertad de movimiento es una muestra clara de la falta de compromiso del Gobierno cubano con los principios democráticos y los derechos fundamentales que deben ser garantizados a todos sus ciudadanos y ciudadanas, de la misma manera que devela un patrón, a través del cual ha desarticulado a las organizaciones locales y a la sociedad civil independiente”, opinó.
Por su parte, Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, presentó los casos de Ibrahim Domínguez Aguilar, condenado a 10 años de prisión, y Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años, ambos manifestantes en las protestas del 11 de julio del 2021.
“El estado cubano cuenta con al menos 8 vías legales para excarcelar y liberar de manera inmediata a estos presos políticos. Esto no repara el daño y el sufrimiento causado a ellos, pero por lo menos les permite estar junto a sus familias”, opinó Cires.
Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, mencionó las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba, que han sido denunciadas como ilegales por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas y muchas por la propia CIDH, que “son comunes a todos los casos” presentados en la audiencia. Habló de “la ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad”, añadiendo que policías, instructores y fiscales imponen medidas cautelares de prisión durante tiempo indefinido, sin presencia ni participación de tribunales.
Larrondo se refirió además a la inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, “pues los abogados dependen orgánica y jerárquicamente y también económicamente del Ministerio de Justicia” y denunció “la dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político”.
Los testigos son siempre acusadores, funcionarios del Partido Comunista y las pruebas periciales están permitidas solo al Ministerio de Interior, agregó.
El representante de Prisoners Defenders mencionó además que “se criminalizan un abanico interminable de derechos fundamentales”, libertad de expresión, manifestación, asociación, salida o entrada del país, privacidad y otros muchos y que “los tipos delictivos del Código Penal empleados por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites.
“Este es el caso de desórdenes públicos, desobediencia, desacato, atentado, resistencia, sedición, instigación a delinquir o propagación de epidemia, entre otros muchos”, precisó Larrondo.
Por último, dijo que “se emplean procedimientos penales militares contra civiles, “más de 100 en el 11 J”, o procesos sumarios, pero también ordinarios, altamente violatorios de derechos”.
Las organizaciones que participaron en la audiencia le pidieron a la CIDH que incluya la información presentada durante la misma en su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarios de las medidas cautelares, así como de sus familias.
También pidieron que el organismo inste al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y que monitoree las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, “protegidas por las medidas cautelares analizadas” y el seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad.
Se solicitó asimismo la realización de una sesión extraordinaria del Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales y la situación de los presos políticos.
