Madrid/Entre 60 y 80 muertos y cerca de 50.000 desplazados en 11 días, es el balance de los enfrentamientos en el Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc), según estimaciones de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander. Sin embargo, la situación en ese territorio es tal, que las autoridades solo han podido recoger los cuerpos de 41 víctimas, pues hay zonas donde no pueden acceder.
Tal y como explica un reportaje publicado hace unos días por Bloomberg, las montañas del Catatumbo “son tan peligrosas que la Policía y el Ejército no suelen alejarse mucho de sus cuarteles por miedo a los francotiradores”. La razón de este pico de violencia, el más intenso del último decenio, reside en la ofensiva lanzada por el ELN contra su grupo rival para hacerse con el control del negocio de la cocaína, de la que se financian ambos. En la zona fronteriza no solamente transcurre el contrabando hacia Venezuela, sino que hay laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas.
El terror desplegado por el ELN –de ideología marxista y surgido en los años 60 con el abierto patrocinio del régimen cubano, que les proporcionó entrenamiento y armas durante décadas, antes de convertirse recientemente en “garante” de las negociaciones de paz, actualmente suspendidas– en los últimos días incluye ir puerta a puerta “con listas de muerte de campesinos locales sospechosos de apoyar a sus enemigos”, explica el enviado de la agencia económica.
Entre las víctimas mortales hay seis ex guerrilleros de las antiguas Farc que firmaron la paz con el Gobierno
Entre las víctimas mortales hay seis ex guerrilleros de las antiguas Farc que firmaron la paz con el Gobierno. Además, están desaparecidos otros 12 ex miembros de esa organización, acusados por el ELN de pertenecer al Frente 33, una disidencia de las Farc que no ha dejado las armas y compite por el control de los campos de coca.
En un comunicado emitido este lunes, el ELN asegura que no ha realizado acciones contra la población civil ni a personas solo por “ser firmantes de paz”, sino que ha atacado a quienes están armados y son “activos bajo un mando militar en planes contra el ELN y las comunidades del Catatumbo”.
De igual manera, aseveró que “jamás aceptará como política de paz ni el sometimiento ni la rendición”. El presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendió los diálogos de paz por la violencia desatada por el ELN desde el pasado 16 de enero y decretó, el viernes, el estado de conmoción interior. Este durará 90 días y se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los once del Catatumbo afectados por la violencia; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados.
El Gobierno considera que “se presenta una perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente”.
La pretensión de Petro de alcanzar la “paz total” mediante el diálogo se antoja una quimera
En este contexto, la pretensión de Petro de alcanzar la “paz total” mediante el diálogo se antoja una quimera. Más aún, podría favorecer en 2026 a los candidatos conservadores a la Presidencia y al Congreso, según declaró a Bloomberg el analista Sergio Guzmán. “El empeoramiento de la seguridad en todo el país y la extensión de las bandas criminales a zonas que antes eran pacíficas han hecho que muchos colombianos se impacienten ante los intentos de negociar con los grupos que extorsionan, secuestran y trafican con cocaína”, asevera la agencia.
Según datos de la ONU, la producción potencial de cocaína pura en Colombia subió un 53% entre 2022 y 2023, y las hectáreas de hoja de coca sembradas en su territorio alcanzaron el récord histórico de 253.000. Dejar de fumigar sembradíos –el Gobierno colombiano consideraba el narcotráfico fuente de financiación de los grupos guerrilleros– fue, en 2016, una de las condiciones de las Farc para sentarse a negociar con el Gobierno, bajo el argumento –respaldado por la Organización Mundial de la Salud– de que las fumigaciones dañaban a los agricultores legales y causaban problemas graves de salud a la población más pobre.
Una de las consecuencias del acuerdo de paz fue la sobreproducción de cocaína que inunda el mercado desde entonces, y cuyo comercio se siguen disputando los grupos guerrilleros que no han depuesto las armas.
La Fiscalía colombiana reactivó, la semana pasada, las órdenes de captura a 31 integrantes del ELN, entre ellos los miembros de su cúpula, alias Antonio García, Pablo Beltrán o Aureliano Carbonell, que habían sido negociadores de paz. Los líderes guerrilleros se han movido estos años entre Venezuela y Cuba, país que acogió esos diálogos entre 2018 y 2019, año en que quedaron congelados.
La producción potencial de cocaína pura en Colombia subió un 53% entre 2022 y 2023
La relación entre La Habana y la cúpula del ELN está, de hecho, en el origen de la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo en 2021, durante la primera Administración de Donald Trump. Fue a instancias de Colombia, por negarse la Isla a extraditar a los miembros del grupo que estaban en su territorio. Las conversaciones habían quedado estancadas tras un atentado de esa guerrilla contra la Escuela de la Policía en Bogotá en enero de 2019, donde murieron 23 personas y cerca de un centenar resultaron heridas.
De nada de esto –ni de las causas del baño de sangre en el Catatumbo ni del papel del régimen en las negociaciones con la guerrilla– se ha hecho eco la prensa oficial cubana, que se ha limitado a dar noticia de los desplazados ensalzando exclusivamente la “solidaridad de Venezuela con Colombia”.
Por su parte, Petro se mostró este lunes confiado en que su Gobierno pueda consolidar el control en la frontera con Venezuela. “Hoy habrá reunión de todo el gabinete en la zona para expedir los decretos de conmoción interior que darán vida al pacto social en el Catatumbo y la financiación de la operación militar para consolidar el control del Estado en la frontera”, dijo en la red social X.
El presidente colombiano realizará su habitual consejo de ministros semanal en el municipio de Ocaña, que al igual que el Catatumbo está ubicado en el departamento de Norte de Santander y es uno de los principales receptores de los más de 48.000 desplazados que ha dejado la violencia guerrillera. Concretamente, 9.272, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Defensa. El resto de desplazados ha ido a parar a Cúcuta (21.300) y Tibú (13.313).
