EE UU ocupó la mitad del tiempo empleado por el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, en su presentación del informe de Cuba para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos este miércoles en Ginebra. El mecanismo está previsto para que Naciones Unidas evalúe la situación de cada país en esta materia y emita recomendaciones para su posible mejora, pero la sesión de esta mañana parecía más bien destinada a analizar a Washington.
“El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos”, repitió Rodríguez. Su discurso no se movió un milímetro de palabras que tanto en la ONU como en la Isla suenan ya como un mantra.
Rodríguez recordó las cosas que han pasado desde el anterior EPU al que se sometió la Isla, en 2018, como las “más de 240 medidas coercitivas unilaterales adicionales y la fraudulenta inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo”, por un lado. También en ese periodo hubo una pandemia, la de covid-19, en la que “se le impidió [a Cuba] adquirir ventiladores pulmonares de subsidiarias de compañías estadounidenses”, señaló el canciller, que hizo referencia a otros materiales, incluido el oxígeno, a pesar de que el embargo excluye específicamente los medicamentos y dispositivos médicos.
El ministro de Relaciones Exteriores cogió carrerilla y culpó también al embargo de todos los problemas sin excepción del país, a saber: los precios exorbitantes, la devaluación de la moneda y los salarios
Desde abril de 2018 hasta febrero de 2023, afirmó el canciller para la ocasión, “el bloqueo ha causado daños y perjuicios a Cuba estimados, conservadoramente, en el orden de los 24.700 millones de dólares”, cifró Rodríguez, que también hizo su estimación para los 60 años que duran las medidas: 159.000 millones de dólares. Todo ello es causa de “sufrimientos, carencias y ansiedad a las familias cubanas, y es la causa fundamental del escaso abastecimiento de medicinas y alimentos, incluso para la canasta básica normada, que es insuficiente, pero todos la reciben altamente subsidiada”.
El ministro de Relaciones Exteriores cogió carrerilla y culpó también al embargo de todos los problemas sin excepción del país, a saber: los precios exorbitantes, la devaluación de la moneda y los salarios, “los agobiantes cortes eléctricos”, las limitaciones en los servicios de primera necesidad y los “efectos negativos también en la salud y la educación”.
Además, Cuba es, sostuvo, “víctima” de campañas mediáticas para “proyectar una imagen absolutamente falsa sobre los derechos humanos y para subvertir el orden constitucional de la nación. Este modus operandi fue implementado, con particular intensidad, en 2021, cuando se intentó forzar una situación desestabilizadora”.
Ese era el momento que todos esperaban. Informes de organizaciones internacionales de distintas sensibilidades han alertado durante las últimas semanas del alarmante deterioro que han vivido los derechos humanos en Cuba, con el 11 de julio de 2021 como punto de inflexión. Aquella jornada de protestas antigubernamentales derivó en miles de detenciones y cientos de presos condenados a penas de hasta 30 años de prisión en medio de juicios dudosos. Pero el canciller regateó y se fue sin decir una sola palabra de la represión, ni siquiera para argumentar una defensa para la ocasión.
El canciller añadió una dosis de humildad y afirmó que “a pesar de los avances de Cuba desde el anterior Examen” hay “insatisfacciones”
Al contrario, el informe presentado por Cuba habla de un estricto cumplimiento de las recomendaciones que se hicieron en 2018 (las que se aceptaron, claro). El total fue de 226, de las que 215 se cumplieron y 11 están en camino. Los logros citados por el ministro incluyen la nueva Constitución de 2019, que consagra el carácter “irrevocable” del sistema socialista y al Partido Comunista como único y legal. A partir de ahí, habló de 129 nuevas normas jurídicas, el nuevo Código de las Familias y toda una variedad de programas que existen sobre el papel pero siguen ausentes de la vida diaria de los cubanos, entre ellos uno contra el racismo, otro de protección a las personas con discapacidades físicas o intelectuales y uno más contra la violencia de género, precisamente en un año en que se contabilizan hasta la fecha 75 feminicidios para un país de unos 11 millones de personas.
Rodríguez mencionó también la reciente designación de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la cooperación que mantiene la Isla con la Oficina del Alto Comisionado.
Aproximándose al final, el canciller añadió una dosis de humildad y afirmó que “a pesar de los avances de Cuba desde el anterior Examen” hay “insatisfacciones”, pero prevalece el esfuerzo por “mejorar, promover la dignidad plena y toda la justicia”. Para ello, expuso, seguirán cooperando “de manera soberana” con Naciones Unidas, que “podrá contar siempre con Cuba para defender la paz y el multilateralismo y promover la realización de todos los derechos humanos para todos”.
Al informe presentado por Rodríguez se le suman otros dos, uno de expertos en la materia de Naciones Unidas y otro de organizaciones no gubernamentales, que serán valorados por una troika de relatores, compuesta en el caso de Cuba por Argentina, Benín y Nepal. En la tarde del viernes, los 47 miembros del Consejo emitirán sus recomendaciones a Cuba y los representantes de la Isla quizá se dignen en hablar del tema que está en la mesa de la reunión de Ginebra.
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