SAN LUIS POTOSÍ, México.- La reciente muerte del joven preso político Yosandri Mulet Almarales, de 37 años, luego de haber intentado quitarse la vida, recuerda que la libertad y la justicia se pagan muchas veces con la vida.
Su condena de 10 años por las protestas del 11 y 12 de julio en La Güinera, La Habana, y su muerte, fueron el sacrificio por la causa de la democracia y de la libertad en un país donde sus habitantes son censurados y coaccionados por gobernantes que prefieren perpetuarse en el poder a toda costa, incluso, a costa de la vida de sus ciudadanos.
Mulet Almarales intentó por segunda vez, este 22 de agosto, quitarse la vida durante un pase del centro penitenciario donde realizaba trabajo forzado.
Saltó al vacío desde el Puente de Calabazar, cercano a su residencia en La Habana, y se mantuvo agonizando tres días en la unidad de terapia intensiva del hospital Julio Trigo, hasta que falleció, de acuerdo con la información aportada por fuentes familiares a Martí Noticias.
Mulet Almarales fue sancionado por acusaciones de “sedición” tras participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en la barriada La Güinera.
Las autoridades lo imputaron por “acatar las reiteradas exhortaciones divulgadas por las redes sociales que incitaban al pueblo de Cuba a manifestarse, violenta y simultáneamente, en diferentes localidades y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubanas”.
El joven había intentado también terminar con su vida en junio de 2022, en la prisión Combinado del Este, donde estaba recluido.
Luego del acto fallido, la institución penitenciaria se negó a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar, lo pasaron a un régimen menos severo en el Campamento de Trabajo Forzado “Toledo”, en el municipio Marianao.
Otro que paga con su vida
A la misma edad que Mulet, Luis Barrios Díaz falleció en 2023, en el habanero hospital La Covadonga. El joven había sido encarcelado en el contexto de las históricas protestas y condenado a nueve años de prisión, acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado.
El prisionero por motivos políticos presentó problemas respiratorios desde agosto de 2023, razón por la cual había sido ingresado en la enfermería de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón y después trasladado al hospital capitalino para recibir atención especializada.
Los médicos de La Covadonga advirtieron a las autoridades del penal que era indispensable el ingreso hospitalario del joven debido a su mal estado de salud, pero estas decidieron devolverlo a la prisión.
Las autoridades alegaron que no tenían combustible para garantizar una vigilancia permanente al prisionero político, decisión que provocó el empeoramiento de su estado de salud.
Posteriormente, Barrios fue intervenido quirúrgicamente de urgencia como consecuencia del empeoramiento de su situación. Luego de la operación, ya en terapia intensiva, falleció por complicaciones respiratorias.
Tras su muerte, en un intento de librarse de la responsabilidad que implicaba su negligencia, las autoridades cubanas tramitaron con “celeridad inaudita” una licencia extrapenal para el preso político.
Vidas en riesgo
La organización Justicia 11J recordó que Abel Lázaro Machado Conde, de 26 años, quien cumple una condena de nueve años en la prisión de Quivicán, por los sucesos del 11J, está en riesgo y ha estado sometido a múltiples abusos en prisión. Por ello, ha intentando acabar con su vida varias veces.
En mayo de 2023, tras uno de sus intentos de suicidio, las autoridades carcelarias lo esposaron durante toda la noche de pies y manos en un pasillo.
En marzo de 2024, tras haber sido golpeado por un oficial, se cosió lo boca e intentaron quitarle el alambre con una pinza.
Por su parte, Ismael Rodríguez González, sentenciado a siete años por el 11J, tiene un diagnóstico de riesgo suicida. No obstante, y a pesar de presentar discapacidad intelectual y trastorno de la personalidad, no tiene acceso a su medicación en la cárcel.
