(EFE).- Estados Unidos afirmó este martes que está “profundamente preocupado” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel y urgió al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
Preguntado por EFE, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el Ejecutivo estadounidense está siguiendo de cerca el caso de San Miguel, quien fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el 9 de febrero cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo de Caracas a Miami.
La activista está acusada de participar en un intento de conspiración contra Maduro y otros altos cargos, así como por su implicación en supuestos ataques contra unidades militares y otras instituciones del país.
“El señor Maduro necesita cumplir con los compromisos que hizo a finales de otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil”
“Estamos profundamente preocupados por esto. El señor Maduro necesita cumplir con los compromisos que hizo a finales de otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas, a los partidos de la oposición e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse a un cargo. Tiene que cumplir con esos compromisos”, manifestó el portavoz.
Kirby rechazó especular sobre cómo podría responder Estados Unidos ante la detención de San Miguel y otras acciones del Gobierno venezolano, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado.
La misión de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido en las últimas horas la liberación de San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano y cuyas condiciones de detención aún no se conocen.
Rocío San Miguel fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal segundo contra Terrorismo, junto a varios de sus familiares, también privados de libertad en las últimas horas, informó el fiscal general, Tarek William Saab.
Saab aseveró que el Ministerio Público solicitaría “medida de privación judicial preventiva de libertad”
En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal informó que se encuentra en desarrollo la audiencia de presentación de San Miguel, de Alejandro José González Canales, ex pareja de la activista, y otros cuatro ciudadanos cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares que más temprano la defensa de la activista reportó como “desaparecidos”.
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
Saab aseveró que el Ministerio Público solicitaría “medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros”.
Además, indicó que pediría también la privación de libertad “preventiva” para González Canales por la “presunta” comisión de los delitos (de) revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, solicitaron medidas cautelares, “consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa”, para las otras cuatro personas.
El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen “presuntamente involucrados” en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era “atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”, y con la cual ya había vinculado a San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la “desaparición forzada” de San Miguel y recordó que la activista es beneficiaria de medidas cautelares
Remarcó que las actuaciones estaban “dentro de los lapsos legales” y “en estricto apego al respeto de los derechos humanos”, pese a que la defensa de la activista denunció la “desaparición forzada” de San Miguel, que estuvo en paradero desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, hasta el domingo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la “desaparición forzada” de San Miguel y recordó que la activista es beneficiaria de medidas cautelares del organismo.
A finales del año pasado, el Gobierno de Maduro llegó a acuerdos con Estados Unidos y la oposición venezolana para celebrar elecciones libres y justas este año.
El Gobierno estadounidense incentivó a Maduro a tomar estas acciones con la suspensión de sanciones al petróleo y el gas, pero ante la falta de progreso, a finales de enero volvió a imponer sanciones al sector del oro y ha advertido que si la situación no mejora dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela.
El Ejecutivo venezolano ha prohibido la participación en las elecciones de la opositora María Corina Machado, líder del bloque antichavista, y en las últimas semanas ha arrestado a políticos y activistas con el argumento de un supuesto plan para derrocar a Maduro.
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