MIAMI, Estados Unidos. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó este viernes como un “acto condenable y arbitrario de piratería moderna” la reciente confiscación de un avión venezolano por orden del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
La aeronave, propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), fue decomisada en la República Dominicana y quedará bajo custodia del Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, la declaración cubana omite el hecho de que la aeronave estaba vinculada a operaciones del régimen de Nicolás Maduro, cuestionadas por la comunidad internacional.
En su cuenta de la red social X, Rodríguez Parrilla denunció que la decisión de Rubio viola el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. “[EE.UU.] pretende convertirse en el sheriff de América Latina y el Caribe”, aseveró el canciller cubano.
Por su parte, el canciller del régimen venezolano, Yván Gil, compartió en Telegram un comunicado en el que acusó a Washington de cometer “una práctica criminal reincidente, que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería”.
El Departamento de Estado de EE.UU. sostuvo que la aeronave había sido utilizada por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para viajes a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba. En enero de 2024, el avión llegó a la República Dominicana para recibir mantenimiento y era empleado principalmente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para actividades diplomáticas.
El propio Rubio colocó los avisos oficiales de confiscación en la aeronave, que permanece en hangares de Santo Domingo hasta que pueda ser trasladada a Estados Unidos.
“La incautación de esta aeronave venezolana, utilizada para evadir las sanciones estadounidenses y el lavado de dinero, es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de exigir cuentas al régimen ilegítimo de Maduro por sus acciones ilegales”, escribió el secretario de Estado en su cuenta de X.
Esta es la segunda aeronave vinculada al chavismo que EE.UU. decomisa en la República Dominicana. En septiembre de 2023, otro Falcon, registro T7-ESPRT, fue entregado a las autoridades estadounidenses. Según el fiscal general de EE. UU., Merrick B. Garland, ese avión “había sido comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus secuaces”.
Asimismo, en 2023, Washington confiscó un Boeing 747-300M de la aerolínea estatal venezolana Emtrasur Cargo, tras un largo conflicto diplomático entre Venezuela y Argentina. El avión había sido detenido en 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes, quienes fueron investigados por presuntos vínculos con el financiamiento del terrorismo, aunque luego fueron liberados por falta de pruebas.
