LA HABANA, Cuba. – De acuerdo con el discurso de Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la clausura del IX Pleno del Comité Central del PCC, celebrado en La Habana entre el 12 y 13 de diciembre, las prioridades de trabajo para 2025 serán “la unidad, el fortalecimiento del trabajo ideológico, y asegurar políticamente las proyecciones de Gobierno” en la estrategia de franco retroceso que han llamado “plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, sin importar el fracaso que los propios comunistas han reconocido en el más reciente cónclave.
La idea directriz ha sido replicada inmediatamente en los discursos de los demás dirigentes y funcionarios de la dictadura, e igualmente ha provocado ridículos enfrentamientos entre los comunistas. Algunos de estos dimes y diretes incluso han trascendido a las redes sociales —quizás hasta como “estrategia comunicacional” para mostrar una diversidad de criterios inexistente, prohibida y castigada— como los entablados entre el presentador del controversial programa televisivo Con filo, Michel Torres Corona, y la vocera de Díaz-Canel, Leticia Martínez Hernández, pero igual dejando claro que no será la economía el centro de atenciones del régimen para 2025 sino ese reforzamiento del “trabajo ideológico” que, a fin de cuentas, es el modo eufemístico de llamar al endurecimiento de la represión.
De hecho, la acción más inmediata ha sido la convocatoria a una “marcha del pueblo combatiente”, que llega no como culminación de un IX Pleno del PCC sino, sobre todo, como contraparte de un “ejercicio de enfrentamiento al delito y la corrupción” enfocado en los nuevos actores económicos no estatales, pero llega sobre todo después de otro paquetazo de leyes, resoluciones y decretos que destrozan y anulan el camino por el cual parecía que se avanzaba y que ahora se revela como ruta circular, sin destino, que nos regresa una y otra vez al inicio.
De las poco más de 11.000 mipymes aprobadas desde 2021, menos de 10 han conservado los permisos para la venta como mayoristas (una actividad indispensable para compensar las pérdidas que se derivan de la regulación de precios por el Estado para las ventas minoristas y los altos impuestos, entre otros cargos). El resto estará obligado a cambiar sus estrategias o a cerrar, aun cuando los números de 2023, en cuanto a ventas e ingresos de casi un 900 por ciento con respecto a 2024, evidenciaban el éxito, algo que sin dudas determinó la sentencia de muerte decretada por el régimen, una vez más puesto en evidencia por las iniciativas individuales que, entre otras cosas positivas, han servido para demostrar el lastre que representan las empresas estatales para la economía, así como la potencialidad de “cambio” que existe en el sector privado, una palabra proscrita y temida por los comunistas.
Por tanto, lo que ha comenzado en 2024 y se intensificará en 2025 no es más que un “reseteo” ideológico en el que se eliminan esos peligros políticos, mucho más importantes para la conservación de la “unidad” (entiéndase el “poder”) que ese dato económico tenebroso publicado por el economista Juan Triana Cordoví con el que se ve claramente que, de mantenerse la misma tasa de crecimiento promedio del período 2019-2024, de menos del 2 por ciento, los cubanos de la Isla estarían condenados a no ver duplicados sus ingresos en los próximos 150 años.
Eso quiere decir que, a pesar de la promesa de un final para la crisis (aunque nadie se atreve a poner fecha, ni siquiera aproximada), la pobreza extrema continuará agravándose para 2025, y que el régimen continuará gobernando entre más decretos-leyes y destituciones de altos funcionarios.
La única producción cumplida (y sobrecumplida)
Apagones, decretos y destituciones son probablemente las únicas producciones cumplidas y sobrecumplidas en 2024, dejando chiquito un 2023 donde también los hubo en cantidades industriales.
Si bien el año 2023 inició con apagones masivos, que ya para finales de febrero de ese año sumaron tres, ocurridos en apenas 10 días, lo de 2024 hace ver lo anterior como un ensayo de la tragedia vivida hoy en la Isla. Entre “apagones programados” y “apagones solidarios”, a mediados de agosto de 2024 regresaron los colapsos —uno de los más recientes de casi 80 horas—, aun cuando el régimen había prometido un verano sin afectaciones, temiendo a lo ocurrido en julio de 2021 cuando miles de cubanos cansados de estar a oscuras durante horas perdieron el temor a la represión y se fueron a las calles a protestar.
El mal estado de las termoeléctricas y la incapacidad para adquirir combustible, le hacían prever al régimen lo que estaba por ocurrir. Los apagones masivos llegarían y con ellos las protestas. Así, luego de proclamar el 2 de julio de 2024 que la de Cuba era una “economía de guerra” —un término que le permite a la dictadura aumentar la represión y reforzar las medidas impopulares—, puso en circulación el 20 de julio una especie de advertencia de castigo bajo las modificaciones a la Ley de Migración, con la cual se permite revocar la ciudadanía y negar la entrada al país a personas y connacionales relacionados con lo que el propio régimen llama “acciones hostiles”, algo que siempre había hecho pero que ahora disfrazaba con un manto legal.
Los apagones provocaron alguna que otra protesta pero ninguna tan masiva como las de 2021. No obstante, el saco de carbón, casi convertido en artículo de lujo, comenzó a subir de precio hasta escalar sobre los 2.000 pesos (casi la mitad del salario promedio en Cuba), mientras que la gasolina, necesaria para el transporte pero también para hacer funcionar los generadores eléctricos domésticos, ha llegado a cotizarse en el mercado informal a más de 600 pesos el litro, así como el recipiente de 20 libras de gas licuado del petróleo, adquirido de contrabando, ya supera los 15.000 pesos, un precio que representa 10 veces la pensión mensual de la mayoría de los jubilados.
Como llegados para quedarse, el 2024 ha sido el año en que los apagones, de tan habituales, quedaron recogidos y amparados por la ley. A finales de noviembre se publicó el Decreto-Ley 110 sobre “Regulaciones para el control y uso de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía”, con el que se obliga a los actores económicos no estatales a tener sus propios generadores eléctricos. Y al día siguiente se publicó la otra ley donde ya se habla de “régimen especial” o “régimen de contingencia energética” donde es posible interpretar el augurio de más apagones, incluso algunos de más de 72 horas.
Aun así no todo ha ido mal para el régimen cubano. En medio de la llamada “contingencia energética”, Rusia entregó el 23 de noviembre pasado cuatro generadores de electricidad de 100 MW cada uno. La información la hizo pública el ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Alexander Kurenkov, casi un mes después que la presidenta de México enviara 400.000 barriles de petróleo a la Isla por razones humanitarias.
El 18 de octubre el Ministerio de Energía y Minas había confirmado que la mitad de la Isla tendría que estar apagada debido al déficit de generación, pero 24 horas antes el primer ministro Manuel Marrero Cruz había realizado desde Santiago de Cuba una nerviosa y apresurada intervención televisiva dando a entender que la situación era grave. Fue entonces que sobrevino el gran colapso nacional de 77 horas.
En medio de la más extensa “contingencia energética”, pero al parecer no como consecuencia de ella sino del caos de ingobernabilidad y conflictos al interior del régimen, lo que ha desembocado en el resto de las crisis y retrocesos, el 29 de octubre de 2024 volvió a estallar otro gran escándalo dentro de las filas del Partido Comunista con la inesperada destitución del viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella.
Ya el 16 de febrero de este mismo año, había sido destituida la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Martha Sabina Wilson González, que se había desempeñado en el cargo desde 2019. Y antes que a ella, el 2 de febrero, unos días después de haber aparecido junto a Raúl Castro en la Marcha de las Antorchas del 28 de enero, había sido apartado de su cargo y enviado a casa, presuntamente bajo un proceso por corrupción, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Una verdadera oleada de destituciones la de este 2024 que recuerdan aquella otra, de marzo de 2009, apenas heredado el poder por Raúl Castro de manos de su hermano, cuando entre las de otros funcionarios rodaron las cabezas del canciller Felipe Pérez Roque y el secretario del Consejo de Ministros, Carlos Lage Dávila.
Igual, en octubre de 2022, luego de unos apagones masivos y como “respuesta” a estos por temor a otro estallido como el de julio de 2021, fue destituido el ministro de Energía y Minas de aquel momento.
En medio de las destituciones que han recorrido el 2024 desde el inicio, ha estallado una tormenta de decretos como una guerra no declarada contra el sector privado, que tuvo su punto más caliente entre noviembre y diciembre, con la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), con Mercedes López Acea como presidenta, y el comienzo del “ejercicio contra las ilegalidades y la corrupción”.
Ya en agosto de 2024 habían sido publicadas varias disposiciones normativas para regular el desempeño de los actores económicos no estatales. La Gaceta Oficial no. 78 de 2024, trajo el Decreto 108 del Consejo de Ministros, que llegó acompañado de la Resolución 89 del Banco Central de Cuba, sobre las aportaciones dinerarias en pesos cubanos para la constitución de las nuevas formas no estatales; también aparecieron el Decreto 107 del Consejo de Ministros, que regula las actividades no autorizadas a ejercer por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia; el Decreto-Ley 93, del Consejo de Estado, modificativo de la Ley 13 del “sistema tributario” del 23 de julio de 2012; el Decreto-Ley 92 del Consejo de Estado, sobre el régimen especial de Seguridad social para los TCP y demás; los decretos-leyes 90 y 91 del Consejo de Estado, sobre el ejercicio y las contravenciones del trabajo por cuenta propia, respectivamente; y la Resolución 148, del Ministerio de Economía y Planificación, donde se aprueban los procedimientos para la creación, fusión, escisión y extinción de las mipymes.
Lo más significativo entre todo el andamiaje de leyes diseñado para lo que algunos califican de cacería de brujas, fue la creación de esa especie de tribunal inquisidor que es en realidad el INAENE, que según el discurso oficial, sería la entidad nacional encargada de dirigir y controlar la política del Estado para el desarrollo y funcionamiento de las mipymes, TCP y CNA.
Pero si el Ministerio de Economía y Planificación, de acuerdo con los decretos leyes que lo crearon en su momento y que aún están vigentes, sin modificación alguna, es el organismo del Estado que dirige la política en materia económica y de planificación, entonces, ¿qué funciones ha de cumplir un instituto que se subordina al Consejo de Ministros y cuya función es regular a los nuevos actores económicos? ¿No debería ser esta institución parte o al menos dirección de dicho ministerio? Son preguntas que quizás alguien pudiera responder antes de 2025.
Lo cierto es que diciembre inició y se terminará con muchas leyes —al parecer escritas para confundir más que para regular— y con escasez en todos los renglones de la economía, lo que hace unos días incluyó la paralización, por más de 24 horas, de varios servicios aeroportuarios a la falta del combustible JET A 1, en una mala racha que incluye el gas licuado del petróleo (necesario para cocinar en los hogares sin fluido eléctrico), y la gasolina para algo tan imprescindible como el transporte público, en un país donde comprar un automóvil aún está fuera de las posibilidades económicas incluso de un profesional altamente calificado.
Un país que esperará 2025 bajo la incertidumbre de si, en medio de lo que alguna vez fueron fiestas por Navidad o Año Nuevo, ocurrirá otra “desconexión” del Sistema Electroenergético Nacional como el de la madrugada del 4 de diciembre, que sucedió a pesar de leyes que intentan “regularlo”, es decir, normalizarlo; o bajo el miedo —uno entre tantos— de que las únicas noticias que el régimen desea pasar por “buenas” sean esas de más trabajo político-ideológico y menos crecimiento de la economía.
