El 4 de marzo de 2023, el preso político del 11J Yussuan Villalba Sierra, sufrió una interrupción abrupta durante una visita con su hija de 4 años. Según los informes, una reeducadora intervino inesperadamente, terminando la visita antes de tiempo y pidiendo a otro guardia que esposara a Villalba Sierra. Este incidente ha tenido serias consecuencias para el recluso, afectando su oportunidad de acceder a un régimen penitenciario menos riguroso.
Posteriormente, el 28 de septiembre de 2023, se le negó a Villalba la transición a un régimen penitenciario de menor rigor por un período de seis meses. El incidente anterior con la reeducadora fue citado como la razón detrás de esta decisión. Esta negativa se suma a sanciones previas relacionadas con el mismo incidente, en las que Villalba fue castigado con diez días sin reducción de condena y la suspensión de una visita conyugal. La reciente decisión ha sido interpretada como una doble sanción, lo que genera preocupaciones sobre la equidad en el trato a personas privadas de libertad.
La Ley de Ejecución Penal contiene varios artículos que podrían ser relevantes para el caso. Estos incluyen el derecho de los reclusos a recibir visitas familiares de manera digna (Artículo 102.q) y a ser informados sobre los detalles de su detención (Artículo 102.a). La ley también menciona la posibilidad de reducciones por buena conducta (Artículo 103.1), y establece que las reducciones de sanciones otorgadas no pueden ser revocadas (Artículo 104).
Además, la ley determina que la autoridad penitenciaria tiene la última palabra en la concesión o suspensión de beneficios (Artículo 105), y que faltar al respeto a las autoridades penitenciarias se considera una falta (Artículo 118.1 e). Estas regulaciones aluden a la posibilidad de regresar a un régimen o fase de mayor rigor (Artículo 128) y establecen las medidas disciplinarias (Artículo 122). Los Artículos 123 y 124 detallan amonestaciones privadas y públicas.
La situación del preso político podría interpretarse como una posible violación de los derechos del recluso, dependiendo de cómo se interpreten estos artículos y de la ausencia de control judicial en su aplicación.
Esta negativa a permitir a Yussuan Villalba Sierra el paso a un régimen menos severo tiene importantes implicaciones. La citada decisión ha resultado en la privación de beneficios como oportunidades educativas y liberación anticipada, que podrían haber contribuido a su rehabilitación y reintegración en la sociedad. Más allá de ser percibido como un rechazo a su progreso o rehabilitación por parte de las autoridades, el hecho de que Yussuan sea un preso político sugiere que esta decisión puede tener implicaciones políticas, usándose su situación como un mensaje represivo. Las decisiones sobre el régimen penitenciario pueden tener un profundo impacto en el estado emocional y psicológico del recluso, posiblemente generando desesperación o frustración. Por lo tanto, es esencial que estas decisiones se tomen de manera justa y objetiva.
En relación con el caso de Yussuan, al parecer se han violado varias reglas penitenciarias, como la No. 1, que establece que todos los reclusos deben ser tratados con respeto y dignidad; la No. 2 prohíbe la discriminación, y el trato recibido por Yussuan sugiere un posible sesgo contra él. La Regla 3 estipula que el sistema penitenciario no debe exacerbar el sufrimiento del recluso, una norma que podría haber sido violada cuando se interrumpió la visita de Yussuan.
Además, la Regla 4 subraya que el propósito de la prisión es la reintegración del recluso en la sociedad. Negar a Yussuan el cambio de régimen basado en un incidente cuestionable parece ir en contra de este objetivo. La Regla 5 establece que la vida en prisión debe parecerse lo más posible a la vida fuera de ella, pero interrumpir la visita y amenazar con esposar a Yussuan frente a su hija agrava las diferencias entre ambas vidas. Finalmente, la Regla 95 establece que debe haber un sistema de beneficios adaptado al comportamiento de los reclusos, una norma que parece haber sido ignorada en el caso de Yussuan, ya que se le negó el cambio de régimen basándose en un solo incidente.
En resumen, el caso de Yussuan Villalba Sierra pone de relieve las implicaciones y las posibles violaciones de las reglas penitenciarias, destacando la necesidad de un sistema carcelario que respete los derechos y la dignidad de los reclusos.
El preso político se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este, condenado a diez años de cárcel por el supuesto delito de sedición, tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
