La Asamblea Nacional de Cuba denegó una histórica solicitud para tramitar una ley de amnistía a favor de decenas de opositores y manifestantes antigubernamentales que permanecen tras las rejas desde las protestas del 11J en 2021.
Familiares de 33 presos políticos -entre ellos destacados disidentes como Maykel Castillo, Luis Manuel Otero y Félix Navarro- entregaron a fines de enero una misiva al Parlamento solicitando la liberación de sus seres queridos, acusados de participar en las demostraciones contra el régimen de hace dos años.
Pero el cuerpo legislativo envió una escueta respuesta tildando de “improcedente” el reclamo, desatando indignación entre activistas dentro y fuera de la isla.
La iniciativa contaba con el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió recientemente a La Habana un documento elaborado por la ONG Observatorio Cubano de DDHH describiendo ocho vías para exonerar a los encarcelados durante el estallido social de julio de 2021, el más grande en décadas contra el gobierno comunista.
Solo por esas históricas protestas -duramente reprimidas- se contabilizan alrededor de 700 condenas de hasta 30 años de prisión. En total, más de mil presos políticos pueblan actualmente las mazmorras de la isla caribeña, cifra que activistas califican de récord en lo que va de siglo.
Pese al clamor nacional e internacional, el régimen se ha negado sistemáticamente a otorgar indultos, tildando de “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” a quienes salieron a manifestar aquel 11J, en reclamo de libertades y por el fin de la grave crisis que atraviesa Cuba.
