Familiares y activistas de derechos humanos han denunciado a Martí Noticias la situación que enfrentan cuatro presos políticos cubanos, condenados por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021.
José Ramón Solano Randiche, de 32 años de edad, recluido en el penal de Cuba Sí en la provincia de Holguín, cumple 13 años de condena por el delito de sedición.
En esa cárcel le está negando los medicamentos para el asma, según informó su esposa Liuba María Gallo.
“Él es asmático crónico desde muy chiquito y entonces por la calor que hace allí, la humedad, él está ahora presentando una crisis, no hay medicamentos ahí, la comida malísima, prácticamente cabe en un vaso de seis onzas casi todo, las condiciones higiénicas también son malas”, aseguró la esposa de José Ramón.
Solano Randiche recibió una petición fiscal de 30 años de prisión, la que fue ratificada en el juicio y luego en la sentencia firme, la rebaja de años se logró con el recurso de casación.
En el mes de febrero de 2022 fue enviado para celdas de castigo en la Prisión Provincial de Holguín, por haberse declarado en huelga de hambre, debido a las precarias condiciones en ese centro penitenciario.
Otro caso a destacar es el de Ángel Serrano Hernández, de 56 años de edad, con 14 años de condena por el presunto delito de sedición, por su participación en la manifestación de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo en La Habana.
El prisionero político está enfermo, sin recibir atención médica, ni tampoco medicamentos, en la prisión del Combinado del Este, explicó el activistas Marcel Valdés, que recibe las denuncias desde esa prisión.
“Me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica y mucho menos le dan medicamentos, tiene artritis y los dolores son inmensos, son gente súper pobre”, advirtió Marcel.
Desde que fue detenido, Serrano Hernández ha sufrido el hostigamiento de las autoridades carcelarias, esto bajo las indicaciones de la Seguridad del Estado, todo esto por la postura política del condenado que se niega a la rehabilitación ideológica.
También ha sido denunciada en múltiples ocasiones la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, que cumple ocho años de condena en el penal de Quivicán, por haber participado en la protesta popular del poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque.
El padre de cuatro niños, condenado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje, se cosió la boca con alambres el 30 de septiembre en el destacamento No. 3 de ese penal, en reclamo de que concluyan los abusos en su contra, como la arbitraria suspensión de llamadas telefónicas con su familia y la prohibición de salir al patio a coger sol.
También ha sido una manera de denunciar los malratos que sigue recibiendo por parte de las autoridades penitenciarias.
Esta semana, ante las súplicas de su esposa Dayana Aranda Batista y el deterioro de su condición física, decidió descoserse la boca.
“El labio de arriba, por la parte de adentro la tiene infestada, parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron, la mayoría de los antibióticos no se los pude pasar, nada ha cambiado, absolutamente nada”, denunció la mujer.
En la prisión de Agüica en Colón, Matanzas, Yonay Moreu Leal cumple 15 años de cárcel acusado por sedición, tras participar en las protestas en el poblado de Cárdenas.
Su juicio fue presidido por la jueza Mayelín Crespo Medina, de la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Provincial.
Yonay reside en un barrio muy pobre, llamado Fundación, en la periferia de Cárdenas.
El abogado Juan Carlos González Leyva dijo a Martí Noticias que el preso político está en pésimas condiciones y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad.
Su esposa Nilaismary Álvarez dijo al Consejo de Relatores de Derechos Humanos que su esposo “sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos donde su vida corre peligro, y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada”.
“Además, si se enferma, tampoco cuenta con medicamentos, está privado de sus derechos carcelarios como las llamadas telefónicas y hasta las visitas familiares”, declaró González Leyva.
El informe anual 2023 sobre las detenciones y los procesos contra los manifestantes del estallido del 11 de julio, divulgado en el segundo aniversario de las protestas por la agrupación Justicia 11J registra un total de 1558 personas detenidas.
