MÉRIDA, México -. El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha ordenado una reforma del Código Penal nicaragüense que le permita enjuiciar a nicaragüenses exiliados y extranjeros.
La reforma pretende enjuiciar a opositores tanto dentro como fuera del país que podrían ser condenados hasta a cadena perpetua, informaron medios de prensa internacionales.
Las penas incluyen desde la cadena perpetua y la confiscación de bienes y se tipifican en los delitos que usualmente Ortega y Rosario Murillo usan para criminalizar a sus adversarios: lavado de activos, terrorismo, ciberdelitos y delitos contra la administración pública.
“Esta reforma no solo busca ampliar la capacidad del régimen para perseguir a los opositores dentro de Nicaragua, sino que también extiende su alcance más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en un arma de represión transnacional”, dijo el líder opositor desnacionalizado Félix Maradiaga, citado por Infobae.
La modificación que cambia 27 artículos de la Ley 641 del Código Penal fue enviada por Ortega a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional controlada por la pareja presidencial.
El cambio más significativo atañe al artículo 16 que ahora establece que las leyes penales nicaragüenses serán aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido los delitos mencionados.
“Esta ley está diseñada para perseguir a cualquier persona con penas y confiscaciones, sin importar si se encuentran en Nicaragua o no, y sin necesidad de su presencia en los juicios. Se espera que el número de afectados aumente dramáticamente, pasando de las 317 personas declaradas apátridas el año pasado a miles más. No es simplemente una nueva ley; es una declaración de guerra contra todos aquellos que desafíen al régimen, estén donde estén”, agrega el opositor.
La ley además continúa legitimando la confiscación de bienes de ONG y opositores y deja abierta una interpretación amplia acerca de la comisión de delitos.
Sanciones estadounidenses
En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Ortega y Murillo.
De acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, las sanciones buscan abordar la represión del pueblo nicaragüense y la manipulación del sector del oro para beneficio de operaciones corruptas.
Las entidades sancionadas incluyen el Centro de Entrenamiento del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC), la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining).
El RTC es una subdivisión del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, que entrena a las fuerzas del régimen de Ortega-Murillo bajo el modelo represivo del Gobierno ruso. De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., es un actor clave en la represión de la sociedad civil en Nicaragua y en la detención y encarcelamiento de disidentes y activistas por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, declaró: “Al aprovechar el entrenamiento que recibe del RTC respaldado por Rusia y los ingresos que genera al explotar el sector del oro, el régimen de Ortega–Murillo ha continuado su campaña antidemocrática de represión contra sus ciudadanos”.
Asimismo, añadió que EE.UU. “sigue comprometido” a usar sus “herramientas para apoyar al pueblo nicaragüense, incluyendo restringir la capacidad del régimen de Ortega-Murillo para financiar sus actividades opresivas y desestabilizadoras”.
Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en EE.UU. o bajo posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más por una o más personas sancionadas también queda bloqueada.
El comunicado del Departamento del Tesoro subraya que “las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción de cumplimiento”.
