La organización Cubalex desmintió el miércoles a la delegación del régimen cubano que, durante el Examen Periódico Universal (EPU) ocurrido en Ginebra, negó que se practicaran detenciones arbitrarias en la isla.
Los funcionarios del régimen de La Habana dijeron ante Naciones Unidas que la ley “prohíbe las detenciones arbitrarias y establece las condiciones para la detención de una persona”.
Sin embargo, en la realidad, las detenciones arbitrarias son una acción represiva utilizada de forma sistemática por el régimen.
“La delegación se dedicó a mentir, a describir un país que no existe en la práctica ni en sus propias leyes. La Ley de Procedimiento Penal no protege contra la detención arbitraria; permite a las autoridades policiales detener hasta por 24 horas con motivos demasiado amplios. Tampoco hay supervisión judicial sobre las detenciones ni órdenes de arresto para garantizar que estas se realicen en base a la legalidad y proporcionalidad”, declaró la directora de Cubalex, Laritza Diversent.
Desde 2022 hasta la actualidad, la ONG ha documentado 906 arrestos de este tipo, lo que equivale a más de una detención por día.
Destacan casos como el de la pareja de activistas Berta Soler y Juan Ángel Moya, quienes han sido detenidos en 71 y 61 ocasiones respectivamente.
Asimismo, se han registrado al menos 487 detenciones a 40 mujeres activistas de las Damas de Blanco.
Durante este período se han documentado detenciones arbitrarias, por lo menos, de 466 personas, de las cuales 159 son mujeres, 306 son hombres y una persona de género no binario.
De las 906 detenciones, al menos 44 han involucrado desapariciones forzadas de personas que han estado desaparecidas por tiempos prolongados o por más de un día.
El pasado 15 de noviembre varios países pidieron al gobierno cubano, durante el EPU, que libere a los presos políticos, aunque el régimen alegó no tener prisioneros por razones políticas en los penales de la isla.
Además, los Estados recomendaron a La Habana garantizar las libertades de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación, así como prevenir y poner fin al acoso, la intimidación y las amenazas hacia defensores de derechos humanos, periodistas y artistas.
También sugirieron trabajar en la abolición de la pena de muerte en el país, establecer una institución nacional independiente de derechos humanos en consonancia con los principios de París y garantizar la independencia del poder judicial.
