En un giro predecible, la dictadura cubana dejó claro el viernes que no aceptará las principales recomendaciones formuladas por la comunidad democrática internacional durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Afrenta al Orden Constitucional y Legal
“Son inaceptables para nuestro país, ya que cuestionan el orden constitucional y legal, respaldado por la abrumadora mayoría del pueblo. Se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas”, declaró Juan Antonio Quintanilla, el embajador castrista en Ginebra. Según el régimen, estas recomendaciones, críticas y cuestionamientos son motivados por intereses políticos y representan meros pretextos de la política de hostilidad y agresiones contra Cuba.
Motivaciones Políticas y Resistencia Firme
El EPU de esta semana puso bajo la lupa a Cuba, recibiendo críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal, y la falta de tipificación del feminicidio como delito, así como la necesidad de ratificar los Pactos de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de estas observaciones, los regímenes con historiales de violaciones a los derechos humanos brindaron un apoyo inquebrantable a las políticas de La Habana.
“Podemos anticipar que un grupo mayoritario de recomendaciones contará con el apoyo del gobierno cubano. Estas han sido realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Muchas de ellas se encuentran en proceso de implementación o forman parte de las prioridades de Cuba”, afirmó Quintanilla, sin detallar cuáles.
Próximos Pasos y Respuestas Obligatorias
Este viernes, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el informe con las 361 recomendaciones presentadas a Cuba. El grupo de trabajo del EPU señaló que el gobierno cubano deberá responder por escrito antes de marzo de 2024. El documento enfatiza que las conclusiones y recomendaciones reflejan la posición del Estado que lo presenta y/o del Estado examinado, sin respaldarlas como un todo el Grupo de Trabajo. La decisión de Cuba marca un capítulo más en su enfoque resistente y desafiante frente a las críticas y observaciones internacionales sobre derechos humanos.
