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El enfrentamiento en Cuba al narcotráfico internacional y al tráfico interno de drogas, así como la labor preventiva a nivel social y especialmente con los jóvenes, fue el tema abordado este martes en el programa televisivo de la Mesa Redonda con la participación de autoridades del Ministerio del Interior (Minint), el Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Educación y la Unión de Jóvenes Comunistas.
El Coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Nacional Antidrogas del Minint, informó que de conjunto con la Aduana General de la República se desarrolla la operación “Frontera segura” dirigida en lo fundamental a reforzar las acciones de obstaculización y de respuesta a las operaciones de los principales orígenes.
Además, el Minint perfeccionó y desarrolló los cierres a través de los puntos de control y los puntos de carretera con el objetivo de evitar el desplazamiento de la delincuencia y de las drogas hacia las cabeceras provinciales y principalmente hacia la capital del país, señaló.
Entre otras acciones para combatir el flagelo, se mantiene la preparación permanente a integrantes del sistema educativo y de salud pública en función de la alerta temprana y la detección oportuna de estos hechos.
Por otro lado, existe un elevado rigor en la política jurídico penal y penitenciaria, con la permanente preparación para la ejecución de las técnicas especiales de conjunto con la Fiscalía a tenor con la nueva Ley de Proceso Penal.
Además, la mayor de las Antillas cuenta con la asistencia penal internacional para la captura y extradición de cubanos que participan en actividades de operaciones de droga contra Cuba, recalcó el coronel Poey Guerra.
Por su parte, Iliana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de delitos contra la seguridad del estado del Tribunal Supremo Popular, explicó que las conductas ilegales vinculadas a las drogas están previstas en el Código Penal como delitos contra la salud pública.
Gómez Guerra aclaró que se sanciona la tenencia y el tráfico, pero no a los consumidores.
Las sanciones para los traficantes discurren desde los cuatro a 30 años de privación de libertad, prisión perpetua y también la muerte, en dependencia del delito cometido, ya sea la fabricación, tenencia, tráfico, escamoteo de recalos, posesión de semillas, entre otras actividades ilícitas.
Las sanciones también son más severas si para la comisión del delito relacionado con la droga se utiliza una persona menor de 18 años.
Asimismo, sucede si estas actividades se realizan en instituciones educativas, deportivas, establecimientos penitenciarios, centros asistenciales o en sus inmediaciones, en áreas donde los niños acudan a realizar actividades deportivas, de estudios o recreativas, pues hay que proteger a niños y niñas y adolescentes, puntualizó.
Desde hace más de 20 años el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispuso la especialización de los jueces para la tramitación y la solución de delitos vinculados a las drogas, por su complejidad. Son procesos que se tramitan siempre con celeridad, de acuerdo a la política de tolerancia cero que mantiene el país, sentenció Gómez Guerra.
En su comparecencia en el programa televisivo, Eugenio González Pérez, vicetitular de Educación, refirió que desde 2019 la resolución ministerial 111 establece el procedimiento para realizar el trabajo educativo preventivo, que con carácter flexible permite a cada institución educativa ajustarla.
Dicha resolución, explicó, ofrece autonomía a escuelas, direcciones municipales y provinciales de Educación no solo para el enfrentamiento y rehabilitación, sino también para la prevención a estos fenómenos.
Explicó González Pérez que la mayoría de los hechos donde se involucran adolescentes y jóvenes ocurren fuera de las instituciones educativas. Sin embargo, la escuela se integra en la labor con estos muchachos, junto al grupo básico de trabajo.
El vicetitular de Educación refirió que son vitales las estrategias educativas diferenciadas, dirigidas no solo al conocimiento sino también a potenciar otros aprendizajes relacionados con lo socioemocional y los comportamientos.
Entre los principales retos, destacó la necesidad de contribuir a la elevación de la cultura del rechazo a las drogas, así como apoyar en la preparación de la familia y diversificar las estrategias comunicacionales para seguir alertando de manera oportuna.
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