La crisis profunda que atraviesa Cuba se debe a la inviabilidad del modelo económico, la ingobernabilidad política y la mala gestión administrativa, coincidieron dos politólogos en declaraciones a Martí Noticias.
“Yo creo que el diseño del sistema político cubano está hecho exactamente para lo que el gobierno quiere: impermeabilizar su gestión respecto a la participación popular. No existe ningún modo, ni mediante elecciones, ni iniciativas legislativas, ni quejas, ni demandas para hacer que el gobierno atienda cualquier petición de la ciudadanía”, indicó la académica Alina Bárbara López Hernández.
Según explica, el gobierno carece de la legitimidad que da la voluntad de los electores y no puede proveer estabilidad a su pueblo por su incapacidad sistémica de solucionar demandas sociales de la población.
“Por eso es que no tiene un mandato real porque está absolutamente desconectado por todas las vías, por las estructuras políticas, por el propio Parlamento que, supuestamente, es elegido y, efectivamente, es designado por una instancia nombrada por el gobierno cubano, el Consejo Nacional Electoral, y ellos son los que nominan tomando nota de propuestas de las organizaciones políticas y de masas, pero sabemos perfectamente que los dirigentes de esas instancias son parte de la nomenclatura política”, explicó López Hernández desde su hogar en Matanzas.
La historiadora señaló que tampoco hay independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. “Cuba en estos momentos se dirige desde un pequeño grupo de poder, con los organismos de contrainteligencia en función de tomar decisiones claves en el país”.
En 2021, durante una reunión con los presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que en Cuba no existe separación de poderes sino una “unidad de poderes”, en franca contradicción con uno de los principios básicos de las democracias modernas.
Durante más de seis décadas Cuba ha sido gobernada con mano de hierro, pero ante la severa crisis, no solo económica sino financiera, el colapso de la generación de energía, del sistema de salud, del transporte, el suministro de agua, el abastecimiento de alimentos y productos esenciales y la galopante inflación, han aumentado las protestas ciudadanas, espoleadas por la lucha por una mejor calidad de vida.
El gobierno, ante esta situación, trata de controlar la opinión pública, activando cortes de internet y criminalizando la prensa independiente. Las fuerzas policiales, PNR (Policía Nacional Revolucionaria) y Seguridad del Estado, están siempre activadas en las calles, las patrullas circulan donde existan concentraciones y se encarcela a los manifestantes.
Frente a este panorama, “no existe la menor posibilidad de estabilidad, sobre todo porque ese diseño político inexpugnable, imposible de influir, desde abajo, por la ciudadanía, hizo que paulatinamente, a través de tantas décadas, el diseño de la economía cubana la haya puesto en un estado de mucha mayor dependencia al que existía antes de 1959, respecto a cualquier país del mundo, a los mismos Estados Unidos, que Cuba dice que es su enemigo histórico”, precisó la académica.
“El gran conflicto cubano es de base política, esencialmente política. No se va a dirimir en terreno de una reforma económica como piensan algunos. Eso pudo haberse hecho quizás hace 20 años. En Cuba no hay tiempo, no tenemos 15 años para empezar un proceso de reformas”, subrayó.
La intelectual se refirió a los partidarios, incluso en Estados Unidos, de promover una buena relación con Cuba, una disminución de las sanciones, que llevaría, supuestamente, a que la isla aumente su potencial económico y, “quizás, haga un gesto de buena voluntad” y camine hacia la democracia.
“Eso no va a pasar. Hay una cuestión: es la política lo que ha determinado este régimen económico, también esta crisis y es la política, asimismo, la que no permite que se reforme esto”, puntualizó.
La incapacidad del gobierno para garantizar el funcionamiento correcto de la administración general, el acceso a servicios básicos a su población, la estabilización de la economía, y controlar los índices ascendentes de criminalidad, así como las escasas libertades políticas y la falta de transparencia institucional, han llevado a expertos a calificar el cubano como un “Estado fallido”.
Para Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, “el uso del término ‘Estado fallido’ para referirse a Cuba es, quizás, de lo más apropiado, si nos referimos a las motivaciones y al origen conceptual del término. El concepto se populariza recientemente, pero para mí el antecedente de la condición fallida del Estado cubano empieza cuando elimina la seguridad y asistencia sociales a las personas jubiladas y pensionadas, transfiriendo esta responsabilidad a los familiares cercanos”.
“Estamos hablando de 2016 y 2017 y fue el primer aviso de ese recorrido que se profundiza después de 2020, y que ha llevado a la retirada del Estado cubano de su doble responsabilidad asumida en los ámbitos público y social como Estado y como Estado social”, expuso.
Cualquier Estado tiene la responsabilidad de reparar los daños que cause a los ciudadanos, ya sea por el actuar de sus órganos, entidades o funcionarios en el ejercicio de la función pública, según lo establecido en el ordenamiento jurídico.
A esta obligación de todos los Estados modernos, el Estado cubano “se auto asignó a sí mismo toda la responsabilidad de proveer, de la cuna a la tumba, todo lo que necesitaran las y los cubanos, con el añadido perverso de que ha impedido, por doctrina, que las y los ciudadanos lo hicieran por sí mismos”, destacó el activista.
“Ahora nos encontramos con que no proporciona alimentación, agua, vivienda, educación y salud materiales a la sociedad, pero tampoco transporte público, suministro de energía y recogida de basura”, remarcó.
Funcionarios del régimen y la prensa oficial han negado que Cuba sea un Estado fallido debido a una serie de factores como la mantención de servicios públicos gratuitos y universales (salud y educación), el apoyo de un sector importante de la población y la capacidad para el desarrollo científico-técnico propio, entre otros.
“El gobierno cubano rechaza esta categoría y curiosamente lo hace asumiendo la concesión derivada del concepto original de Estado fallido, la que se refiere como preocupación geopolítica a la pérdida del control territorial o institucional, como México y Haití en los casos respectivos”, discrepó el intelectual.
