El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD).
El instituto denunció este martes que los afrodescendientes son el grupo poblacional más golpeado por la pobreza extrema en Cuba.
“Es esta población la que tiene mayores dificultades de acceder a los servicios básicos como son la comida, el agua potable, la vivienda y el empleo, además son las que reciben menos remesas del extranjero. Podemos ver algunos datos preocupantes, por ejemplo, la declaración de que el 70% de los afrocubanos dicen que pueden sobrevivir apenas con lo que ganan”, precisó, en conversación con Martí Noticias, Noelia Maciel, experta en los derechos de las personas afrodescendientes.
El informe se basa en una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre los derechos sociales y económicos de los cubanos que también arrojó que la atención en el sistema de salud es deficiente y que los afrodescendientes, más que otros grupos étnicos, tienen que saltarse las comidas porque no tienen recursos suficientes.
“Evidentemente todos estos son resultados del racismo estructural que el gobierno cubano no reconoce ni aborda de manera adecuada. Las personas afrodescendientes enfrentan mayor represión, sobre todo después de las protestas del 2021, estando más expuestas a las detenciones arbitrarias y al perfilamiento racial”, apuntó Maciel.
“Los y las activistas afirman que el racismo sigue siendo ignorado y que la situación de las personas afrocubanas no ha mejorado significativamente. Esta situación afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente y refleja como el racismo institucional estructural persiste y el gobierno no lo aborda eficazmente”, agregó.
En este sentido, Raza e Igualdad criticó al régimen de La Habana por ignorar las recomendaciones del CERD.
En 2018, el Comité de la ONU aprobó sus observaciones finales luego de examinar el informe nacional que entregó entonces el Estado de Cuba, sobre las personas afrocubanas.
El Comité señaló que la población afrodescendiente seguía “siendo víctima de racismo y discriminación estructural”, debido al legado histórico de la esclavitud, lo cual se manifestaba “en la brecha de desigualdad” relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales de esta población, en comparación con el resto.
También destacó la falta de voluntad del Estado cubano para salvar estas desigualdades.
“El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, durante los últimos diez años, ha venido trabajando en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba. Trabajamos diferentes temas, incluyendo la discriminación racial y el racismo y todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales”, dijo a nuestra redacción, Christina Fetterhoff, directora de Programas en Raza e Igualdad.
“Nosotros nos basamos en las obligaciones que ha aceptado el Estado cubano en cuanto a materia de Derechos Humanos, por su ratificación de tratados internacionales de Derechos Humanos y las recomendaciones emitidas por parte de los comités que supervisan el cumplimiento con esos tratados”, recalcó la directiva.
El documento detalla las circunstancias de “la población afrocubana, la discriminación racial, el acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza, los estereotipos raciales, y la falta de reconocimiento de este tipo de violencias por parte del Estado”.
Por esto, Raza e Igualdad solicitó “que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes, y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población, y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación, que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas”.
