SAN LUIS POTOSÍ, México.- El Departamento de Estado de EE.UU. publicó este lunes el Informe sobre la Trata de Personas 2024 (TIP) y en él figura Cuba entre los países con más tráfico humano.
El régimen cubano fue incluido entre los 13 países con una “política o pauta” documentada de trata de personas, trata en programas financiados por el gobierno, trabajos forzados en servicios médicos u otros sectores afiliados al gobierno, esclavitud sexual en campamentos gubernamentales o empleo o reclutamiento de niños soldado.
Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron los tres países latinoamericanos contemplados en el informe, que evalúa de manera integral la información procedente de embajadas estadounidenses, funcionarios gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e internacionales, informes publicados, artículos de prensa, estudios académicos, consultas con autoridades y organizaciones de 188 países del mundo, incluyendo Estados Unidos, y abarca el período del 1ro de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024.
Tráfico de personas en Cuba
El texto advierte que las prácticas de contratación y retención de Cuba en torno al programa de exportación de mano de obra son motivo de grave preocupación pues, aunque las condiciones de cada misión internacional varían de un país a otro, el gobierno cubano somete a todos los trabajadores afiliados al gobierno a las mismas leyes coercitivas.
Cada año, el gobierno cubano envía decenas de miles de trabajadores a todo el mundo en virtud de acuerdos de cooperación plurianuales negociados con los países receptores y entre ellos predominan las misiones médicas.
No obstante, el régimen también se beneficia de otros programas de exportación de mano de obra, como los que afectan a profesores, artistas, atletas y entrenadores, ingenieros, técnicos forestales y casi 7.000 marinos mercantes de todo el mundo.
El propio gobierno de la Isla informó que a finales de 2023, había más de 22.000 trabajadores cubanos afiliados al gobierno en más de 53 países, y los profesionales médicos componían el 75% de su mano de obra exportada.
En el contexto de la pandemia del COVID-19, aumentó la necesidad de trabajadores médicos en muchos lugares del mundo, y el gobierno cubano aprovechó la oportunidad para ampliar su alcance “aumentando el número de su personal médico en el extranjero a través de las Brigadas Henry Reeve”, que datan de 2005.
Los expertos consultados para la elaboración del TIP estiman que el gobierno cubano recauda entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales por su exportación de servicios, que incluye las misiones médicas.
El programa de exportación de mano de obra sigue siendo la mayor fuente de ingresos extranjeros para el gobierno cubano.
Coerción
Múltiples formas de coerción aprovecha el régimen cubano para obligar a los trabajadores a enrolarse o permanecer en las misiones.
Quienes abandonen los programas antes de finalizarlos son catalogados como “desertores”, una categoría que según la ley de inmigración cubana los considera “indeseables”. Bajo esa clasificación, el Gobierno les prohíbe regresar a Cuba durante ocho años, impidiéndoles visitar a sus familias.
Estas políticas coaccionan a los trabajadores y castigan a quienes pretenden ejercer la libertad de circulación.
Según las fuentes consultadas para la elaboración del TIP, el gobierno cubano había sancionado a 40.000 profesionales en virtud de estas disposiciones, y para 2022, había aproximadamente 5.000 niños separados a la fuerza de sus padres debido a las políticas del gobierno en torno al programa.
Según las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional y la ONU, la mayoría de los trabajadores no se ofrecieron voluntarios para el programa, algunos nunca vieron un contrato ni supieron cuál era su destino, a muchos los funcionarios cubanos les confiscaron los pasaportes una vez que llegaron a su destino y casi todos tenían “cuidadores” o supervisores.
De igual modo, los jefes de misión cubanos en el país sometían a los trabajadores a vigilancia, les impedían relacionarse libremente con la población local y les imponían un estricto toque de queda. Cuando los trabajadores médicos se negaban a cumplir las exigencias del director de la misión cubana en el país, se enfrentaban a castigos y represalias.
El régimen de Cuba también confiscaba entre el 75 y el 90% del salario de cada trabajador.
Las misiones médicas a debate
El informe del TIP señala que aunque el gobierno cubano promociona a los trabajadores como profesionales y especialistas médicos altamente cualificados, a menudo carecen de la formación médica adecuada para tratar enfermedades complejas. “Estas prácticas son poco éticas, negligentes, explotadoras y ponen en peligro la vida de las personas a las que atienden”, considera el documento.
En ese sentido, recomienda a los gobiernos que utilizan los programas de exportación de mano de obra de Cuba, realizar inspecciones laborales frecuentes y sin previo aviso “para detectar indicadores de trata de personas en estos trabajadores y emplear técnicas de entrevista centradas en las víctimas”.
“Estos gobiernos anfitriones deben garantizar que todos los trabajadores cubanos estén sujetos a las mismas leyes, regulaciones y protecciones que los demás trabajadores migrantes y que no sean traídos a través de un acuerdo negociado con el Gobierno de Cuba que limite estas protecciones o exima a los trabajadores cubanos de los Sistemas de Protección Salarial u otras herramientas diseñadas para fortalecer la transparencia”, concluyó.
Recientemente, la Primera Conferencia Internacional “Combatiendo el trabajo forzado en las misiones médicas cubanas“ expuso la falta de transparencia y otros problemas relacionados con uno de los negocios más lucrativos del régimen cubano.
La sesión dedicada a la exportación de médicos a otros países insistió en la opacidad en el proceso de contratación de profesionales, espionaje y adoctrinamiento.
Asimismo, denunció que la mayoría de los fondos recaudados de las misiones médicas cubanas no se invierten en programas de beneficio social sino que van directamente a las arcas de la élite militar.
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