LA HABANA, Cuba. – Para lograr una vejez digna se debe asegurar no solo una atención de salud acorde a nuestras necesidades individuales, sino también ingresos suficientes para una vivienda decorosa, vestimenta adecuada, alimentación nutritiva y balanceada y entretenimiento, en aras de mantener el mayor nivel posible de autonomía que nos permita disfrutar de esta etapa de la vida. Lo anterior nunca ha sido muy patente en la mayor de las Antillas desde 1959, pero se fue derechamente por el caño en el 2021, al iniciar la Tarea Ordenamiento, cuyos resultados han sido particularmente catastróficos para las personas de la tercera edad.
La grave crisis económica y alimentaria por la que atravesamos los cubanos perjudica más drásticamente a ancianos y otras personas vulnerables, pues estos frecuentemente viven en un grado de abandono y miseria inimaginables. No pocos jubilados se reincorporan al trabajo con la esperanza de incrementar sus ingresos, debido a que sus pensiones no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Nunca antes hubo tantos ancianos pidiendo limosna, rebuscando en contenedores de basura, mugrientos, harapientos, semidescalzos y desdentados, pues los servicios estomatológicos prácticamente no existen para el cubano de pueblo, que tampoco tiene acceso a atención de salud y medicamentos especializados para enfermedades asociadas a la edad avanzada.
Aunque con frecuencia la Televisión Cubana transmite encuentros con expertos y científicos en temas de salud con vistas a apoyar el envejecimiento poblacional, en la práctica propuestas al estilo de “Cómo lograr un envejecimiento saludable desde las comunidades”, “La creación de espacios para interactuar con personas más jóvenes”, “Mejor y mayor acceso a productos y servicios”, o “La adaptación del espacio físico a las necesidades de los adultos mayores” (por solo citar algunas de las más recientes) no se revierten en la población.
Desafortunadamente, el verdadero objetivo de toda esa demagogia no es otro que recabar fondos de organizaciones internacionales, y qué mejor momento que la “Década del envejecimiento saludable”, declarada en el 2020 por la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, cuyos esfuerzos están enfocados en lograr ese propósito. Huelga acotar que las autoridades y los medios mencionan someramente la consignación de esos recursos a “los territorios donde hay más envejecimiento poblacional”, “hospitales” y “asilos de ancianos”, pero convenientemente omiten detallar cuáles son esos territorios e instalaciones, a cuánto ascienden esas ayudas, o en qué acciones se van a invertir qué cantidades, como correspondería en una administración transparente.
En nuestro país el envejecimiento poblacional alcanza el 21,9 %, alrededor de tres millones de personas de 60 años o más. Esto se ve agravado por la emigración desmedida de población joven, tan necesaria para producir los alimentos y bienes que contribuirían al bienestar de los más longevos. Simultáneamente el Gobierno trata de delegar su responsabilidad para con abuelos y discapacitados sobre las familias de estos, especialmente en tiempos de crisis, a pesar de que los artículos 88 y 89 de la Constitución de 2019 reflejan la obligación del Estado (no solo de la sociedad y las familias) de proteger tanto a ancianos como a personas en situación de discapacidad.
Por otra parte, si bien el artículo 150 del Código de las Familias se refiere a la obligación de los hijos mayores de edad de proporcionarles alimento y atenderles en correspondencia con sus necesidades, dada la acuciante pobreza que sufren numerosos hogares la situación de las personas de la tercera edad es crítica. A ello se añade el abandono gubernamental, pues no olvidemos que el control absoluto del Estado cubano sobre los ciudadanos y su modo y medios de vida se extiende a instituciones como Seguridad y Asistencia Social y Salud Pública, y otras supuestamente encargadas de su bienestar y actividades culturales acorde a sus intereses.
En 1996 se creó el Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor que en sus inicios funcionó aceptablemente. Hoy de ese proyecto solo se mantiene el Sistema de Atención a la Familia (SAF), que vende almuerzos y comidas de lunes a domingo a ancianos y otras personas vulnerables con bajos ingresos y carentes de “familiares obligados en condiciones de prestar ayuda”. Para ingresar en el programa los interesados deben ser aprobados por la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social y por el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, mas los escasos censados lamentan que la oferta es deficiente y costosa para sus bolsillos, condiciones estas que los gobernantes reconocen, pero no resuelven.
Otro tanto sucede en los Hogares de Ancianos, donde el menú, insuficiente para las necesidades nutricionales mínimas de un ser humano, se basa generalmente en una ínfima ración de arroz, chícharos, boniato hervido, una torta de algún incierto embutido y en contadas ocasiones una menuda dosis de pollo o revoltillo. Pocos ancianos se aventuran ―como última opción― en esos hospicios. A los infortunados aceptados se les da baja de la libreta de racionamiento y deben entregar al asilo la pensión, y hasta su casa si viven solos. Para colmo, esos funestos lugares no proporcionan ni el tratamiento digno ni el bienestar que necesitan esas personas.
De manera que aunque el Gobierno cubano no se cansa de repetir que “nadie quedará desamparado”, el vacuo eslogan ya no inspira confianza a un pueblo que desde hace mucho recela de cuanta nueva medida se nos impone.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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