MIAMI, Estados Unidos. – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó este viernes en un comunicado su preocupación por los reportes de hostigamiento a periodistas independientes en Cuba. De acuerdo con la ONG, desde mediados de septiembre de este año, al menos ocho periodistas han sido interrogados por agentes de Seguridad del Estado, en medio de una campaña gubernamental de intimidación que ha obligado a varios a huir del país.
“La campaña del Gobierno cubano parece estar dirigida a forzar al silencio o al exilio a los medios no estatales del país”, afirmó Katherine Jacobsen, coordinadora del programa de CPJ para EE.UU., Canadá y el Caribe. Jacobsen agregó: “El CPJ hace un llamado a las autoridades cubanas para que respeten el derecho de los periodistas a expresarse libremente y reportar las noticias”.
El medio independiente cubano El Toque, que opera desde el exilio, informó que estos interrogatorios forman parte de investigaciones por supuestas actividades “mercenarias” y la recepción de financiamiento extranjero, lo que violaría la seguridad del Estado cubano. De ser condenados, los periodistas podrían enfrentar penas de entre cuatro y diez años de prisión. Según el CPJ, algunos de los periodistas han sido presionados para confesar haber cometido actos subversivos, mientras que otros enfrentaron amenazas de enjuiciamiento.
Uno de los periodistas interrogados fue Jorge Fernández Era, un escritor independiente que colabora con El Toque, quien fue citado en dos ocasiones por las autoridades. Fernández relató que las autoridades “expresaron preocupación” por sus escritos. Otra periodista, María Lucía Expósito, fue interrogada durante más de seis horas, momento en el que las autoridades le confiscaron 1.000 dólares y su teléfono celular.
Otro caso es el de Katia Sánchez, quien colaboraba con El Toque y SembraMedia, una organización sin fines de lucro que apoya a medios digitales. Sánchez fue interrogada y amenazada con un posible procesamiento tras haber recibido una beca de la Embajada de EE.UU. en La Habana para capacitar a periodistas, según informó al CPJ. Posteriormente, abandonó Cuba *el 13 de septiembre).
El CPJ confirmó que los interrogatorios en ocasiones ocurrieron en lugares no oficiales, con agentes vestidos de civil que presionaron a los periodistas para firmar confesiones y aceptar haber cometido actos “subversivos”. En algunos casos, se les advirtió que era un delito participar en programas de capacitación financiados por gobiernos extranjeros. Además, uno de los periodistas mencionó que le ofrecieron continuar trabajando como periodista fuera del sector estatal a cambio de convertirse en informante de la Seguridad del Estado.
La represión ocurre en medio de la entrada en vigor de una nueva Ley de Comunicación Social, que prohíbe los medios independientes en Cuba. Esta ley fue promulgada tras las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, cuando muchos periodistas fueron perseguidos por cubrir o compartir videos de las protestas.
El Toque también ha informado que, entre 2022 y 2024, al menos 150 periodistas cubanos se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución por parte de agentes de seguridad del estado.
Un representante del Centro de Prensa Internacional (CPI) del Gobierno cubano comentó al CPJ que “recomendaba investigar si el Gobierno estadounidense financiaba estos medios”.
El CPJ aseguró que continúa monitoreando el caso e hizo un llamado a la comunidad internacional para que exija al régimen de la Isla el respeto a los derechos de los periodistas.
Justo este viernes trascendió que un presunto agente de la Seguridad del Estado fue citado vía telefónica al colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa y que el comunicador y activista se había negado a presentarse ante la supuesta autoridad si no recibía una citación oficial.
En la llamada realizada a Bonne Gaboa, el supuesto agente se refirió a “las nuevas normativas”, es decir, a la Ley de Comunicación Social que entró en vigor el pasado y por la cual el régimen de la Isla ha desatado una ola represiva contra periodistas y comunicadores.
La semana pasada varios periodistas y colaboradores de CubaNet que residen en la Isla fueron víctimas de acciones represivas dirigidas por autoridades del régimen. Estas acciones incluían amenazas, intimidación, detenciones breves y confiscación de bienes de trabajo y dinero.
Los periodistas fueron amenazados con altas penas de prisión o con ver afectada la integridad de sus familiares si continúan su labor. No obstante, la represión no se limitó a las amenazas verbales: varios reporteros de CubaNet también han sido filmados contra su voluntad bajo coacción y tras horas de tortura psicológica, según denunciaron.
