MIAMI, Estados Unidos. – El periodista y activista cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, también promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide, continúa siendo objeto de persecución y hostigamiento por parte del régimen de la Isla, de acuerdo con un comunicado del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana emitido este 6 de enero y enviado a CubaNet.
A pesar de haber cumplido con una sanción de “trabajo correccional sin internamiento”, las autoridades han extendido arbitrariamente su pena, en lo que se considera una estrategia represiva para silenciar su labor.
El periodista, de 48 años, fue detenido por primera vez el 12 de julio de 2021 tras participar pacíficamente en las protestas del 11J. Acusado de “desorden público”, Morales enfrentó un juicio carente de garantías procesales que culminó con una condena de dos años y 10 meses de prisión, de acuerdo con el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Durante ese tiempo, fue trasladado a cuatro prisiones diferentes: La Pendiente, Manacas, Guamajal y El Pre de Santa Clara, donde padeció condiciones inhumanas de detención. Fue liberado el 6 de marzo de 2024, pero su libertad no significó el cese del hostigamiento.
El 3 de mayo de 2024, Morales fue nuevamente arrestado y sometido a juicio en el Tribunal Municipal de Santa Clara, que el 22 de julio lo condenó a ocho meses de “trabajo correccional sin internamiento” bajo el cargo de “desobediencia”. La Fundación para la Democracia Panamericana calificó esta acusación como infundada y una herramienta del régimen para mantener el control sobre los activistas. “Estas medidas carecen de fundamentos legales sólidos y son parte del hostigamiento sistemático dirigido a los disidentes en la isla”, señaló la organización.
La salud de Morales ha sufrido un notable deterioro como consecuencia de las condiciones carcelarias y las huelgas de hambre que ha llevado a cabo en protesta contra el régimen. Según el comunicado, el 7 de septiembre de 2024, un cardiólogo diagnosticó que padece insuficiencia mitral e hipertrofia ventricular, enfermedades derivadas del debilitamiento físico tras las prolongadas huelgas y la falta de atención médica adecuada durante su encarcelamiento.
Aunque Morales debía concluir su sanción el 3 de enero de 2025, hasta el 5 de enero no había recibido notificación oficial de su cumplimiento. En una llamada telefónica realizada el 12 de diciembre de 2024, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como “Henry” le comunicó que el tribunal aceptaría otro tipo de trabajo en el sector particular, pero que la sanción se extendería seis meses más, hasta julio de 2025.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana denunció que esta prolongación arbitraria “es una medida extremadamente represiva cuyo objetivo es proporcionar a la Policía Política una herramienta para encarcelarlo en cualquier momento sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial”.
Ante esta situación, Morales ha lanzado una campaña en redes sociales y medios de comunicación para exigir el fin de su sanción y denunciar el acoso constante. Entre sus exigencias, se encuentra la notificación oficial que confirme el cumplimiento de la sanción inicial, extinguida desde el 3 de enero de 2025. “La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante estas graves violaciones de derechos humanos”, expresó la Fundación para la Democracia Panamericana, que actualmente tramita una medida cautelar de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
