Congreso aprueba proyecto de ley contra uso de marcas confiscadas por el régimen cubano como Havana Club

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes el proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959.

La normativa protegería los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen castrista, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.

El representante cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo que la iniciativa había tenido “un fuerte apoyo bipartidista para proteger los derechos de propiedad de aquellos cuya propiedad intelectual fue confiscada por el régimen de Castro”.

Presentado por el legislador republicano Darrell Issa, de California, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, de la Florida, la iniciativa obtuvo respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Díaz-Balart, y Carlos Giménez.

El congresista Issa dijo que el régimen cubano “tuvo el descaro” de vender a Estados Unidos y al mundo productos que en realidad ya habían robado, como es el caso del ron Havana Club.

En los años 90, el Ron Havana Club fue vendido a Bacardí, quien ha peleado en tribunales de Estados Unidos por la legitimidad de la marca contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard.

“Todos estamos de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos no debería premiar a quienes roban y explotan marcas registradas o cualquier otra propiedad intelectual de sus legítimos propietarios para luego beneficiarse de las leyes estadounidenses. Permitir a Cuba propagar sus apropiaciones indebidas sería y es actualmente una farsa”, apuntó el legislador de California.

“Como partidario de esta legislación desde hace mucho tiempo, estamos un paso más cerca de proteger mejor los derechos de propiedad y evitar que la dictadura cubana se beneficie de la propiedad robada”, apuntó Díaz-Balart.

Este proyecto de ley prohíbe a los tribunales estadounidenses y a las agencias del poder ejecutivo hacer cumplir o validar dichas marcas confiscadas si la marca pertenece a un negocio o activo confiscado. Actualmente, la prohibición se limita a los tribunales estadounidenses y se aplica sólo si un nacional cubano hace valer la marca confiscada en Estados Unidos.

Según el proyecto de ley, la prohibición no se aplicará si el propietario original de la marca, o un sucesor, ha dado su consentimiento expreso a la acción de ejecución.

La prohibición se aplicará sólo si la entidad que hace valer los derechos de marca conocía o debía haber sabido, al momento de adquirir los derechos, que la marca era igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado.

“Esas imágenes de un pueblo siendo reprimido siguen vigentes”, recalcó Suárez.

El director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre apuntó que el número de presos políticos “aumentó cinco veces” en Cuba después de esas manifestaciones.

Más de 18 mil cubanos arribaron a Estados Unidos por los diferentes puntos fronterizos durante el mes de octubre, reveló este martes el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La cifra es la más alta reportada en los últimos diez meses pese a las medidas de la actual administración de Joe Biden por frenar el flujo de migrantes.

El informe es el primero del actual año fiscal 2024 (FY2024), que comenzó el pasado 1 de octubre. Según los datos publicados por CBP, un total de 18,083 migrantes de la isla ingresaron a Estados Unidos ese mes, de ellos 12,495 por la frontera sur (México), 28 por la frontera norte (Canadá) y unos 6,000 por vía marítima, la mayoría por puntos del sector de Miami.

Las autoridades insisten en que la única vía legal para entrar a Estados Unidos por las fronteras terrestres es solicitando una cita a través de la aplicación móvil CBP One. En octubre se recibieron más de 44,000 solicitudes.

“CBP One sigue siendo un componente clave de los esfuerzos del DHS para incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras y ordenadas y desincentivar los intentos de cruzar entre puertos de entrada”, explica el informe. Los cubanos no figuran entre las tres nacionalidades con mayor número de citas programadas. En ese caso se encuentran en primer lugar los haitianos, seguidos por mexicanos y venezolanos.

En relación al programa parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos aprobado por Biden para paliar la crisis en la frontera, CBP precisó que 57,243 cubanos han sido procesados por esa vía desde enero, de ellos 55,568 han ingresado en territorio estadounidense.

Este martes, delegaciones de Washington y La Habana iniciaron su reunión bilateral sobre migración. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, responsabilizó al gobierno de EEUU por el aumento de la inmigración irregular desde la isla.

“Al aceptar a la mayoría de los que llegan, incumplen los acuerdos bilaterales”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa. Esta es la cuarta cita entre ambos gobiernos desde la llegada de Biden a la presidencia.

Cuba atraviesa una grave crisis económica. El impacto de la pandemia del coronavirus y las fallidas políticas aprobadas por el gobernante Miguel Díaz-Canel como la Tarea Ordenamiento y la bancarización han agudizado aún más los problemas que arrastraba el régimen desde hace décadas.

La escasez de productos básicos, la inflación, los frecuentes apagones, el colapso del sistema sanitario y el aumento de la represión, entre otros factores, han dado al traste con el éxodo masivo de ciudadanos de la isla. Según cifras oficiales, más de 560 mil cubanos han llegado a territorio estadounidense durante los períodos fiscales 2022 y 2023.

La Fiscalía Municipal de Quivicán, en Mayabeque, pidió tres años de privación de libertad para el preso político Abel Lázaro Machado Conde, inculpado, en una nueva causa por el presunto delito de resistencia.

Machado Conde, manifestante del 11 de julio en Güines, en la misma provincia, recibió una golpiza por parte de las autoridades del penal luego de que se negara a regresar a la Compañía 8, de la cual había sido transferido debido a una reyerta que tuvo con reos comunes, que lo amenazaron con un cuchillo.

“Yo había tenido que llamar al Jefe de la Prisión de Quivicán porque a mi hijo, varios presos ‘le alaron un cuchillo’. Entonces lo pasaron para la Compañía 6 y ahí estaba tranquilo”, relató a Martí Noticias Beatriz Conde Mesa, la madre del prisionero político.

“La noche del 15 de marzo, Yuleiki Méndez Montero, segundo jefe de la prisión, llegó borracho y sacó a cuatro presos, entre ellos Abel, para ponerlos en la compañía 8. Mi hijo trató de explicarle que no podía ir para allí debido al incidente con los otros reclusos, que ponía en riesgo su vida, pero lejos de ayudar a mi hijo, lo empujó contra la reja y le cayó a trompadas. Cuando yo vi a mi hijo estaba lleno de moretones por todo el cuerpo. Hasta el punto que le dieron un certificado médico por lesiones que está en poder de su abogado”.

Conde interpuso una demanda contra Yulieski Menéndez Montero, por maltrato y lesiones, ante la Fiscalía Militar, desde donde trataron de coaccionar al muchacho para que retirara el reclamo.

“Yo le dije al fiscal que la denuncia la hice yo, por tanto, era yo quien decidía si la quitaba o no”, afirmó la madre del preso político, quien hasta hoy no ha recibido respuesta.

“Ahora llega una petición fiscal y le piden a mi hijo tres años más de prisión por resistencia, cuando él fue el agredido”, lamentó Conde.

Las Conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que el 15 de marzo, “en horas del mediodía”, el imputado se opuso a las órdenes del jefe penitenciario Méndez Montero, que, “cumpliendo con sus funciones” debía trasladar de colectivo a varios internos que cumplen con la “Operación Dignidad”, nombre bajo el que el régimen cataloga a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

De acuerdo al documento de la Fiscalía, el preso político se agarró a la reja y forcejeó hasta que el oficial pudo zafarlo y meterlo en el destacamento.

El texto también argumenta que Machado Conde ha tenido repetidos señalamientos por mala conducta.

Machado Conde, quien cumple nueve años de prisión por “desórdenes públicos y sabotaje”, presenta trastorno orgánico de la personalidad y epilepsia y ha intentado varias veces acabar con su vida.

El grupo independiente Justicia 11J ha pedido la libertad de los presos políticos que padecen algún tipo de discapacidad.

La cifra de personas vulnerables detenidas entre 2021 y 2023 debido a su participación en protestas públicas en Cuba, es al menos de 315, según la organización.

Varias organizaciones hicieron un llamado a los 193 Estados participantes de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU), al que Cuba será sometido este 15 de noviembre en Ginebra, Suiza, para que hagan recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla.

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America, Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), PEN Internacional, CUBALEX, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas solicitaron a los Estados que emitan las recomendaciones siguientes:

1. Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar se retorno seguro.
2. Evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa.
3. Derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley no. 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.
4. Modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los “crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público” y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143.
5. Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
6. Liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes.
7. Extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba.
8. Garantizar la independencia del Poder Judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso.
9. Asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad.
10. Reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente.
11. Hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas.
12. Transparentar el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en sus principales medios y asegurar la rendición de cuentas públicas sobre su implementación, trabajo y estrategias.
13. Implementar medidas dirigidas a entrenar a los agentes del Estado para eliminar el uso excesivo de la fuerza y prevenir la muerte de personas afrodescendientes.
14. Ejecutar un plan real en honor al Decenio Internacional para las personas afrodescendientes que promueva el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrocubanas al final de 2024.
15. Elaborar una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
16. Implementar programas de entrenamiento para autoridades involucradas con la atención de casos de víctimas de violencia de género y así evitar la revictimización que sufren las personas que denuncian.
17. Crear centros de cuidado integral y de protección a las víctimas de violencia de género.
18. Implementar programas dirigidos a prevenir actos de discriminación basados en la orientación sexual y las diversas identidades de género.
19. Ejecutar campañas de sensibilización sobre la violencia de género e identidad sexual para eliminar el machismo y el pensamiento patriarcal de la idiosincrasia nacional.
20. Entrenar al personal de los centros de salud para sensibilizar y promover el respeto a la población LGBTIQ+ y de personas que padecen alguna enfermedad de trasmisión sexual.
21. Tomar acciones concretas a través del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEX) que favorezcan el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTIQ+.

Las organizaciones describen el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión, la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión y a la libertad de expresión y el reforzamiento del marco normativo restrictivo del ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal.

“A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, encontramos el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de identidad de género y orientación sexual”, indican en el comunicado.

“Una de las caras más visibles de la discriminación y violencia de género es la falta de la tipificación del feminicidio como delito penal en un contexto de aumento de feminicidios. Hasta el 13 de noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil independiente han documentado al menos 76 feminicidios en lo que va de este año”, señalan.

El Estado tiene la responsabilidad principal de implementar las recomendaciones incluidas en el resultado final del EPU.

Cuba cerró el 13 de noviembre la consulta popular del anteproyecto de Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, solamente una semana después de haber sido publicado.

El Observatorio Legislativo de Cuba, calificó la propuesta de ley como infractora de los estándares y prácticas internacionales en la materia.

“Nos preocupan los vacíos legales y otras cuestiones que están reguladas en la ley que tienen que ver con los sujetos obligados a entregar información pública sobre todo lo que ocurre en el Poder Judicial, la Asamblea Nacional del Poder Popular[ANPP] y el Consejo de Estado que son órganos que no están obligados por este anteproyecto a entregar información pública”, indicó, en conversación con Martí Noticias, Raudiel Peña Barrios, Coordinador del Observatorio Legislativo, una iniciativa de la red DemoAmlat que se ocupa de hacer visibles las principales amenazas a la democracia en la región, en especial en los regímenes autoritarios.

Publicado en el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y en el portal Cuba.cu, el anteproyecto de Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, busca, de acuerdo a sus elaboradores, “instrumentar los mecanismos que garanticen el acceso de la ciudadanía a los datos de carácter público”.

También pretende “la protección de la información que ponga en riesgo la seguridad nacional e integridad de las personas, generada por el Estado, el Gobierno, y otros sujetos obligados”.

Peña Barrios manifestó su inquietud por “el hecho de que en el anteproyecto no se crea un órgano autónomo, sino que se encarga el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como órgano encargado de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública”.

Cuba no cuenta con una norma que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública, aunque es uno de los derechos humanos estipulados en la Declaración Universal. La aprobación de la ley está prevista para el próximo diciembre.

“Además, nos preocupa el contexto político y jurídico, alrededor de este anteproyecto porque no se puede desmarcar el contenido de este anteproyecto de otras legislaciones que ya se han aprobado en Cuba que establecen determinadas restricciones a las libertades de Expresión y Prensa y al acceso a la información pública”, señaló el experto.

En ese sentido, el Observatorio Legislativo de Cuba recoge el pronunciamiento de la organización Transparencia Internacional sobre la vigencia del Código Penal, y los tipos que criminalizan la Libertad de Expresión y Prensa en Cuba y al mismo tiempo la aprobación reciente de la Ley de Comunicación Social que no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes.

“Esto, junto con el decreto ley 35, el decreto ley 370, que también establecen severas restricciones a la libertad de Expresión, pues con este anteproyecto crea un entramado político-jurídico que no garantiza un acceso adecuado a la información en Cuba ni reconoce o se acopla con los mejores estándares en la materia”, concluyó el especialista del Observatorio Legislativo.