MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes el fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro y exhortó a las naciones democráticas del continente a no normalizar la grave situación que afecta al pueblo venezolano.
En una rueda de prensa, comisionados y relatores de la CIDH abordaron en profundidad el caso venezolano. La crisis de derechos humanos, especialmente en el ámbito civil y político, se ha agudizado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, según actas electorales recopiladas por la oposición, el ganador fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
Pese a que la oposición ha presentado el 85% de las actas, escaneadas y publicadas en línea, el régimen de Maduro insiste en su victoria sin mostrar evidencias concretas. Diversas instancias, incluida la CIDH, respaldan la afirmación de que González Urrutia obtuvo el 70% de los votos frente al 30% de Maduro, dato corroborado por el Centro Carter, único organismo internacional que pudo observar el proceso electoral dentro de Venezuela.
“Lo que sucedió y lo que sucede no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades electorales de Venezuela siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales”, declaró Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, durante la conferencia de prensa.
Gloria Monique de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, subrayó la necesidad de un “esfuerzo diplomático multilateral coordinado” para apoyar al país en una transición pacífica hacia la democracia. “Es fundamental restaurar el Estado de derecho y responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses”, afirmó.
Según la CIDH, tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro sin publicar las actas, se registraron unas 300 protestas espontáneas que fueron reprimidas. Ante la ausencia de resultados desglosados y la no exhibición de las actas por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la CIDH declaró la proclamación de victoria de Maduro como “ilegítima”.
Clarke insistió en que la comunidad internacional debe “seguir pidiendo la rendición de cuentas y la publicación de las actas del escrutinio”. Además, el organismo ha documentado diversas violaciones de derechos humanos básicos en la oleada represiva que siguió al 28 de julio.
“Los detenidos enfrentan cargos penales que conllevan penas excesivamente severas. Estos cargos incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación criminal, resistencia a la autoridad, obstrucción de carreteras y desobediencia, y son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión”, detalló De Mees.
Clarke añadió que se ha constatado el uso indebido de la fuerza, resultando en persecuciones, muertes, arrestos arbitrarios, desapariciones forzosas y restricciones a la libertad de expresión. “El Gobierno ha violado y reprimido a las personas por manifestarse contra los resultados electorales. Esta es una realidad política para aquellos que se atreven a alzar la voz”, enfatizó.
La migración masiva de venezolanos también es motivo de preocupación para la CIDH. Andrea Pochak, comisionada especialista en temas de migración, advirtió que, si la situación política y social no mejora, los ciudadanos seguirán “siendo expulsados del país”. Organismos internacionales estiman que alrededor de ocho millones de venezolanos han emigrado desde 2015, representando aproximadamente una cuarta parte de la población. Tras el fraude electoral y la represión subsecuente, se ha observado un repunte en la salida de personas hacia fronteras con Brasil y Colombia.
“La CIDH está monitoreando la situación de las personas que han sido expulsadas o que han salido de Venezuela. En 2023, esta instancia emitió un informe específico sobre migrantes y refugiados. Seguimos promoviendo que los países de tránsito y acogida manifiesten su solidaridad con los ciudadanos”, señaló Pochak desde Washington.
