(EFE).- Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo, siendo el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua “el caso más crítico”, según concluyeron este jueves tres expertos durante un foro celebrado en Costa Rica.
En el foro, denominado “Nuevos autoritarismos en Centroamérica, similitudes y tendencias en el siglo XXI”, organizado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), los expositores concluyeron que en Nicaragua se ha establecido “un orden legal para criminalizar a la oposición y configurar en estado totalitario”.
“La realidad nicaragüense quizás sea la más compleja en la región centroamericana. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consumado una dictadura totalitaria que ha pretendido, infructuosamente, eliminar cualquier tipo de disidencia interna formal y visible, luego de la insurrección cívica de 2018”, dijo el abogado e investigador nicaragüense Juan Diego Barberena durante el foro.
“El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consumado una dictadura totalitaria que ha pretendido, infructuosamente, eliminar cualquier tipo de disidencia interna formal y visible”
Barberena aseguró que en Nicaragua ha aumentado “la radicalización del ejercicio del poder político del orteguismo, incapaz de restablecer sus alianzas políticas que en el antaño, con actores como la empresa privada, le dieron una suerte de estabilidad a su proyecto”.
A juicio del investigador, Ortega, en el poder en Nicaragua desde 2007, ha avanzado “en la constitución de un Estado totalitario, desmantelando grupos organizados de la oposición, aplastando la voces proféticas de la Iglesia católica, eliminando miles de organizaciones civiles y consolidando su control sobre las instituciones públicas”.
Por su lado, la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra coincidió en que “el caso más crítico es el de Nicaragua”, donde la pareja gobierna con mano de hierro.
En general, Cuadra dijo que en Centroamérica se ha reforzado el presidencialismo y la centralización en la toma de decisiones. También que se ha dado una ruptura del balance e independencia entre los poderes, “como consecuencia del reforzamiento del presidencialismo”, indicó.
Se ha dado un “resurgimiento de políticas de seguridad de carácter coercitivo y punitivo para responder a descontentos, conflictos y demandas sociales”
Además, agregó, se han “militarizado las sociedades” bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus, además por los graves problemas de inseguridad y violencia que prevalecen en toda la región.
Sobre el “militarismo y militarización”, Cuadra, quien es experta en temas de defensa y seguridad, afirmó que se ha dado un “resurgimiento de políticas de seguridad de carácter coercitivo y punitivo para responder a descontentos, conflictos y demandas sociales”.
Es decir, puntualizó, los gobiernos de la región están haciendo uso de la fuerza “para contener descontentos, conflictos y movilización social” y con ese fin han creado “marcos jurídicos para dar preeminencia a fuerzas armadas y decisiones coercitivas”.
Asimismo, advirtió que “las organizaciones sociales se encuentran amenazados por los nuevos autoritarismos” a través de la creación de marcos jurídicos que limitan el derecho de asociación, el ocultamiento de información, la instrumentalización de los aparatos judiciales para perseguir y controlar a las ONG, los discursos que criminalizan a organizaciones y defensores de derechos humanos.
“Todo aquel que trabaje en la construcción de la democracia es víctima del autoritarismo”, razonó la también investigadora Katherine Ramírez, autora del informe Defensores bajo ataque.
Según Ramírez, los activistas en la región son víctimas de allanamientos y confiscaciones, detenciones “express”, hostigamientos, campañas de difamación, destierro y exilio forzado, desnacionalización, persecución judicial, y asesinatos selectivos.
En El Salvador se ha configurado “un régimen autoritario al amparo de la lucha contra las pandillas” y en Honduras se ha pasado del autoritarismo del expresidente Juan Orlando Hernández “al nepotismo de los Zelaya-Castro”
“Los gobiernos autoritarios de la región buscan desmovilizar a los defensores de los derechos humanos porque denuncian los abusos del poder y representan una amenaza para sus proyectos autoritarios”, valoró.
Barberena insistió que Nicaragua, cuyas autoridades tienen como objetivo preservar el poder político, “es el país que ha iniciado estas prácticas, y los demás países se han sumado y han perfeccionado el autoritarismo”.
En su estudio, concluyó que en El Salvador se ha configurado “un régimen autoritario al amparo de la lucha contra las pandillas”, en Guatemala la administración de justicia está bajo el control del “pacto de corruptos” (élite política y económica), y en Honduras se ha pasado del autoritarismo del expresidente Juan Orlando Hernández “al nepotismo de los Zelaya-Castro”.
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