El Decreto 110/2024, publicado en la Gaceta Oficial, establece que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Cuba, con un consumo mensual superior a 30 MWh, deben generar al menos el 50% de su energía mediante fuentes renovables.
Esta regulación ha generado polémica entre economistas y empresarios, destacando el rechazo de Pedro Monreal, quien considera que la medida obstaculiza la inversión privada y refleja la crisis estructural del sector energético.
Detalles del Decreto 110/2024
La normativa obliga a las empresas a invertir en sistemas de generación propia, como paneles solares o parques eólicos.
En caso de no contar con espacio para estas instalaciones, deberán contratar electricidad generada en parques solares de la Unión Eléctrica (UNE), financiando ellos mismos las infraestructuras necesarias. Aunque el decreto pretende fomentar la sostenibilidad energética, las críticas apuntan a los costos adicionales y la falta de apoyo estatal.
Opiniones del economista Pedro Monreal
En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, Monreal cuestionó el decreto y lo calificó como un reflejo de la «incompetencia estatal». Según el economista, la exigencia de que cada actor económico genere su propia electricidad «pone en riesgo la poca ‘modernidad’ que le queda a la economía cubana».
Monreal destacó que esta medida es una admisión implícita de que el Estado no puede garantizar servicios básicos. «La premisa de que ‘con la situación energética nacional es imposible seguir asimilando carga’ indica la incapacidad del gobierno para asegurar condiciones esenciales», afirmó en otro tuit.
Además, criticó el impacto de la normativa en la inversión: «La idea de que ‘todo el que nazca como inversión tiene que nacer con su fuente renovable obligatoriamente’ adiciona una barrera de entrada a un país con una bajísima tasa de acumulación de capital».
Inconsistencias en la implementación
Monreal también señaló que las declaraciones de la Directora General de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) parecen ir más allá de lo estipulado en el decreto. Según el economista, «el plazo de 3 a 5 años mencionado por la funcionaria para implementar las fuentes renovables no está explícito en la normativa».
Contexto del sector energético
El economista destacó que, al cierre de 2023, los parques eólicos y fotovoltaicos apenas representaban el 5% de la potencia instalada en plantas de servicio público. Esta cifra demuestra la escasa inversión en energías renovables por parte del Estado, lo que contrasta con la carga impuesta a las Mipymes. Monreal concluyó que el decreto refuerza un modelo económico que prioriza sectores como el turismo mientras limita la modernización de otros.
Un futuro incierto para las Mipymes
El Decreto 110/2024, aunque busca promover la sostenibilidad, enfrenta críticas por su impacto en la inversión privada y su implementación poco clara. Las Mipymes, ya afectadas por la falta de financiamiento y las condiciones adversas del mercado cubano, deberán asumir altos costos para cumplir con las nuevas exigencias, lo que podría frenar su crecimiento y capacidad de generar empleo.
