PUERTO PADRE, Cuba.- Reprochando unos y aplaudiendo otros, mucho se dice por estos días sobre la decisión de la administración Biden de sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, justo cuando en su Informe de países sobre terrorismo, de hace apenas un mes, el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado mantuvo al régimen castrocomunista como patrocinador de terroristas pues, desde hace muchos años y hasta el día de hoy -y esto sin mencionar otros hechos- alberga a prófugos de la justicia estadounidense, imputados por crímenes de origen o naturaleza sociopolítica, razón que ha llevado a periodistas y a otras muchas personas a preguntar: ¿Es legal esta orden del presidente Joe Biden?
Jurídicamente, según la doctrina de los actos propios, y sin existir incompatibilidad, inconsecuencias ni fracturas del principio de buena fe entre los antecedentes y el acto que lo contradicen, desdiciendo el reciente informe del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado, la orden del presidente Joe Biden es ilícita, luego anulable.
Al exonerar al régimen cubano como transgresor de leyes estadounidenses, pero también universales, que lesionan a los seres humanos desde el punto de vista físico, psicológico, moral y en sus derechos cívicos, en lo político y en lo económico, se propicia el ejercicio del poder mediante el miedo, en este caso el miedo insuperable, traducido como terror, ejercido por los poderes del Estado contra la ciudadanía insumisa contra las políticas públicas comunistas que la oprimen en la indigencia.
La preciada moneda
Las prisiones, los presos, en Cuba no son como en cualquier país civilizado un gravísimo lastre para la nación, sino una muy preciada moneda de cambio para el régimen totalitario, que ha usado y usa según pretensiones y circunstancias.
Propiciando negocios multimillonarios y el Papa Francisco mediando -¡cómo si no!-, la administración Biden ha quitado el cartel de aupador de terroristas al régimen del nonagenario general Raúl Castro, que es, en realidad, el jefe del “presidente” Díaz-Canel y del Partido Comunista. A cambio, los castrocomunistas “liberarán” a medio millar de presos de forma administrativa, no jurídica mediante amnistía o indulto.
Aunque esas personas estarán en sus casas, estarán privadas de todos sus derechos civiles, según las sanciones accesorias impuestas por los tribunales, y así, todos esos sancionados jurídicamente seguirán estando presos aunque de forma extrapenal, hasta expirar el último día de sus sentencias condenatorias… o hasta que un día sean liberados por amnistía.
Las pruebas necesarias
Para que no falten monedas en esa suerte de banco mercantil que nos recuerdan las prisiones cubanas, la policía política trabaja los 365 días de cada año, desde 1959 hasta hoy día, cuando ya está transcurriendo el primer cuarto del siglo XXI.
No es casualidad entonces que, mientras por un lado y a cambio del cartel de patrocinador de terroristas escuchábamos la noticia de la “excarcelación” de un grupo de prisioneros, por otro lado nos llegaba la siempre en Cuba anunciada crónica de encarcelamientos por motivos políticos, camufladas como actos “contrarrevolucionarios”.
Esta vez -como tantas otras veces- fueron dos jóvenes, Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, de 24 y 22 años de edad. El primero fue sancionado a cinco años de cárcel por expresar en las redes sociales que estaba harto del Gobierno, pidiendo ser escuchado por el mundo y convocando a manifestarse en el parque Vicente García, en Las Tunas. El segundo, Cristhian de Jesús Peña Aguilera, escuchó la voz de hastío ciudadano clamando por libertad y tomó la convocatoria de Félix Daniel Pérez Ruiz como propia. Por ello, fue sancionado a cuatro años de cárcel bajo el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, que en cualquier país libre constituye un derecho de todas las personas, y así lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19.
No. No se niegue. El régimen totalitario castrocomunista más que patrocinador del terrorismo internacional es poderhabiente de terrorismo de Estado contra los cubanos, desde 1959 hasta el presente. Lo prueban los fusilados, presos, desterrados, los que huyen de Cuba, y los que en Cuba viven una eterna mojiganga, aplaudiendo hasta el día en que puedan huir. No mientan, señor Biden y cofradía.
