Casi un centenar de reos enfermos en Melena del Sur y sin atención médica, denuncia madre de preso político

Casi un centenar de reos se ha enfermado en una prisión de Melena del Sur, Mayabeque, tras beber agua contaminada, denunció a Martí Noticias, Zenaida Licea, madre del preso político Manuel Velázquez Licea.

“Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es en el agua”, apuntó Licea quien explicó que en el penal Melena II, donde se encuentra su hijo, “hay más de 90 presos con esa enfermedad”.

“Siempre ese problema ha estado en la prisión de Melena II (…) que se la llevan en pipas, en una cisterna, pero contaminada. Entonces, he tenido que llevarle agua hasta que le alcance”, dijo.

Manuel Velázquez recibió la visita de un médico especialista “por el problema de la fiebre y el dolor en las articulaciones y le mandaron el ‘Rocephin’ (antibiótico) porque aquí no hay y eso es a nivel de hospital y así, lleva más de dos semanas enfermo. Ahí hay más de 90 presos así mismo”, reiteró Licea.

“Están todos flacos, flacos e imagínate, aquello es una tos, una tos y no tienen medicamentos. Allí la alimentación, pésima, a esos niños lo que les dan de almuerzo es una ‘agüita’ de arroz y ya, allí no hay alimentación ninguna”, concluyó Zenaida Licea.

El pasado mes de mayo, Vázquez Licea, junto a otros 13 prisioneros políticos cubanos en distintas prisiones del país, decidieron plantarse demandando respeto a todos los presos, comunes y políticos, libertad religiosa, derecho a la asistencia médica, mejoras en la alimentación y libertad para todos los presos políticos

Condenado en 2022 a cinco años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, Luis Robles ha enfrentado hostigamiento por parte de las autoridades en el Combinado del Este, la prisión de alta seguridad en La Habana. Esta situación ha afectado a su familia, especialmente a su hijo de tan solo cuatro años.

La madre de Luis Robles explicó que ha experimentado problemas de salud a raíz de la situación de su hijo, desarrollando diabetes, hipertensión y complicaciones cardíacas.

El preso político, de 31 años de edad, mantenía que su protesta no estaba vinculada a ninguna organización opositora, sino que fue una expresión independiente de su frustración ante la injusticia y la represión en su país.

La familia de Luis Robles Elizastigui sigue abogando por su liberación y por el respeto a sus derechos fundamentales.

Mientras el régimen cubano era sometido al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registraba al menos 300 acciones represivas cometidas en la isla.

De acuerdo con dicho reporte, las autoridades represivas cubanas ejecutaron más de 85 detenciones arbitrarias y cometieron 83 incidentes de abuso contra presos políticos. También, “predominaron los sitios de viviendas de activistas y opositores, amenazas, citaciones policiales, juicios y multas”.

El preso político de la causa del 11J Luis Frómeta Compte se encuentra en la enfermería de la prisión Combinado del Este tras ser golpeado por otros reos, una agresión que, según la familia, fue orquestada por las autoridades de la prisión.

Desde La Habana, su esposa, Brizaida María Abad Izarga, dijo a Martí Noticias que un oficial y la doctora del penal le “mintieron” en relación a lo ocurrido.

Según Abad Izarga, “cuatro presos comunes lo atacaron, lo sujetaron y le dieron muchos golpes; lo cortaron en su nariz con una cuchilla. En estos momentos, está muy adolorido, lo llevaron al hospital, lo trajeron esa misma noche y se quedó en la enfermería (de la prisión)”, relató la esposa del preso político.

De acuerdo con la última llamada telefónica realizada por Frómeta Compte a su familia el pasado sábado, éste aún permanece en la enfermería del Combinado del Este.

“Todavía no sé nada de él desde la última llamada que me hizo”, apuntó la mujer, asegurando que “todo esto es orquestado, es mandado, porque él no es al primer preso del 11 de julio que le dan golpean ahí, en el Combinado, todas las semanas está pasando lo mismo, cogen uno ahora, otro después”.

“El día que hablé con él, me dijo que le dolía mucho la cabeza por la cantidad de golpes que había recibido, que estaba hinchado y que él sabía que eso iba a suceder porque ya lo estaban planificando”, relató.

Abad Izarga lamentó la situación que están padeciendo los cubanos, calificándola de “triste” agregando “que no hay derecho, que la única solución de nosotros para recibir un trato digno es publicar las cosas en las redes sociales”, lamentó la señora.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la tarde. Según la esposa del preso político, se enteró de lo sucedido en la mañana del viernes. “Me llamaron y, en cuanto yo supe todo, me fui para el Combinado, y ese día me atendió un segundo jefe de la Unidad y la Dra., que me mintieron, me dijeron que él estaba bien, que solamente fue un golpe en la nariz, que no hubo fractura, que sólo fueron tres puntos, y que no eran más de tres puntos. Ellos se prestaron para todo esto”, concluyó la esposa del prisionero político.

Luis Frómeta Compte, ciudadano cubano-alemán, de 61 años, fue condenado a 25 años de prisión en 2022 por cargos de sedición tras participar en la manifestación del 12 de julio de 2021 en la barriada habanera de La Güinera.

Organizaciones de derechos humanos como Cubalex, Prisoners Defenders y The Fundation for Human Rights in Cuba han denunciado la situación de Frómeta Compte en el combinado del Estese hicieron eco de la denuncia.

La académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que hubo
“falta total de evidencias para considerar consumado un delito de desobediencia” en el juicio en su contra, que tuvo lugar este martes en el Tribunal Municipal de Matanzas, a pesar de los pronunciamientos de numerosas organizaciones que condenaron el proceso judicial contra la profesora.

“La sanción que ponen es una cosa mínima, una multa, pero por un problema de coherencia, de principio, de dignidad, yo no puedo admitir un delito que no fue probado allí, que al contrario fue probado que yo no lo cometí y yo no puedo aceptar eso”, afirmó López Hernández este jueves a Martí Noticias.

En un comentario publicado hoy, la profesora descartó las alegaciones de la fiscal Guadalupe Borrego, lo mismo que la sentencia que la encontró culpable de ese delito, al no acudir a una citación policial en el mes de junio, y la sancionó con pagar 250 cuotas de 30.00 CUP cada una hasta conseguir que el proceso no aparezca entre sus antecedentes penales, que le retiraren las medidas de reclusión domiciliaria y las prohibiciones de salida del país, incluida la expedición de un pasaporte.

“Reconozco que el acto de citación del que fui objeto cuenta con una formal fuerza jurídica preconstituida, pero, por su contenido carece de fundamento, porque yo no había cometido ningún delito presumible ni reconocible que respaldara la citación; incluso, la oficial que me citó ignora el motivo de la diligencia a pesar de que era ella quien debía «entrevistarme». Lo anterior convierte esa citación en una actuación inoficiosa ante la ley y me exonera de la responsabilidad por no haber concurrido”, afirma la historiadora.

La cofundadora del medio digital Cuba X Cuba publicó en sus redes sociales un extenso análisis del juicio con el objetivo de mostrar “cómo funcionan los mecanismos legales y de coacción” en la isla y “contribuir a la educación cívica, al demostrar la exclusión permanente de la ciudadanía y la imposibilidad real del ejercicio de derechos constitucionalmente establecidos”.

La autora dijo que quiere evidenciar que la declaración de Cuba como “Estado socialista de derecho y justicia social” es en verdad una falacia.

En su texto explica que aún después del juicio se desconoce la causa por la que fue citada por la policía el 13 de junio: “He sido condenada por un delito y aún ignoro lo que deseaban conversar conmigo la oficial jefa de sector y «los compañeros». Peor aún, ellos tampoco parecen saberlo. Es la duda infinita”.

Además apunta que “a pesar de que el nuevo Código Penal eliminó la peligrosidad potencial como causal de delito, la fiscal defendió sin pudor que el Acuerdo 9151 la instaure”.

“Aquella joven y bonita muchacha era la boca de Sauron. Sus razones eran las razones del poder desnudas del tradicional discurso demagógico. Pero se agradece la honestidad sin subterfugios, así nos entendemos mejor. Al escucharla, constaté que en la medida en que la crisis general se agudiza y aumenta la toma de conciencia ciudadana en Cuba, el poder tiende a mostrarse menos hipócrita y manipulador. Espero que nosotros nos mostremos menos crédulos”, valora la intelectual.

En su comentario explica que aunque recibió la sanción más leve de las posibles y no la de privación de libertad de hasta un año, “es importante que no se pierda de vista que fui hallada culpable de un delito consumado de desobediencia que jamás fue probado”.

“La jueza tardó apenas media hora en volver con la sentencia. Podía haber regresado en cinco minutos, pues contrariamente a lo que se espera de un juez —que explique con argumentos convincentes porqué decide—, apenas se limitó a decir que concordaba con la petición de la fiscal”, asegura.

“No debí ser quien se sentara en el banquillo de los acusados. No debí soportar una injusticia como esta. No debí ser hallada culpable. Quizá algunas personas piensen que debo aceptar el fallo. No estoy de acuerdo. Mucho menos después de escuchar las razones del poder por boca de la fiscal. No somos súbditos de una monarquía, somos ciudadanos de una república. Debemos restablecer el ejercicio de nuestros derechos secuestrados por un poder que los exhibe como trofeos en una vitrina mientras exige sumisión incondicional y castiga a los desobedientes. Es cuestión de dignidad humana, que, le recordé a la fiscal, también establece la Constitución en su artículo 40”, concluye la doctora.