Cárceles cubanas violan reglas establecidas por ONU: “a los presos hay que llevárselo todo”

Una alimentación inadecuada, falta de medicamentos, escasos productos de aseo, pero además la falta de higiene y adecuadas condiciones de vida en las prisiones cubanas imponen un peso adicional a los reclusos, y también a sus familiares.

La activista Ania Zamora, madre de la presa política Sissi Abascal, quien cumple una sanción de 6 años por manifestarse el 11 de julio de 2021, habló desde Carlos Rojas, Matanzas, con Martí Noticias sobre las condiciones de encarcelamiento que su hija de 26 años enfrenta en la cárcel La Bellotex, ubicada en esa provincia.

“En la prisión la comida está pésima, pésima y muy poca. Hay veces que no bajan ni al comedor porque es que no se la pueden comer. El que está enfermo, no tiene medicamento. La plaga de mosquitos, de chinche, de todo”, explicó Zamora.

Según la activista, a los presos hay que llevárselo todo, porque en la cárcel no disponen de nada. “Yo a Sissi le llevo desde el agua hasta el papel. Porque es que allí no tienen nada y sobrevive con lo que uno le lleva”, afirmó.

Cuba ha ratificado su compromiso con las reglas Nelson Mandela, normas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos.

“Sí, el estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de la libertad, y sí, la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo la persecución penal”, explicó la abogada cubana Laritza Diversent, exiliada en Estados Unidos.

Martí Noticias conversó con el periodista independiente Carlos Michael Morales, quién fue excarcelado a inicios de marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara.

“De desayuno, hierba hervida, prácticamente sin azúcar, y dan un picadillo con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero, y un tubo de pasta que lo dan cada 3 a 5 meses”, detalló.

En su texto, las reglas Mandela se establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen, además que los locales de alojamiento deberán cumplir todas las normas de higiene. Disponen, además, que todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite, y que la prestación de servicios médicos a los reos es una responsabilidad del Estado.

Morales describió así detalles de su paso por varias prisiones de la provincia de Villa Clara, durante el cumplimiento de su condena: “En las prisiones villaclareñas los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamento, los analgésicos para los dolores prácticamente no existen”, dijo.

En opinión del comunicador, “la policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para poner una carga en las espaldas de los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar”.

El gobierno cubano aseguró en noviembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unida que la mejora de su sistema penitenciario es una prioridad, y que ha adoptado una serie de medidas para garantizar condiciones de vida dignas en las prisiones del país, “de conformidad con las normas internacionales”.

El amordazamiento de la libertad de expresión y prensa en Cuba aumentó en marzo casi el doble en relación con el mes anterior, según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) que comprobó 61 violaciones cometidas en las 14 provincias del país.

El informe de febrero había registrado 38 de estas transgresiones.

“Es particularmente inquietante el incremento del 60.5% de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y el uso abusivo del poder estatal para silenciar estas libertades. Las tácticas utilizadas por el socialismo cubano van desde la censura en redes sociales hasta la violencia física y la cárcel”, indicó Normando Hernández, director de la entidad asentada en Miami, pero con delegaciones en todas las provincias de la Isla.

ICLEP recopiló datos sobre “18 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 expresiones de uso abusivo del poder estatal, y seis restricciones del espacio digital”.

Las amenazas formuladas por agentes de la policía política fueron contra activistas y opositores, o ciudadanos sin vínculos con la oposición al régimen y tenían como fin amedrentar a personas que criticaban las decisiones gubernamentales en espacios públicos o redes sociales, mostraban apoyo a las protestas y denunciaban violaciones a los derechos humanos.

Igualmente, contra presos políticos que hicieron denuncias sobre los quebrantamientos de la legislación y el reglamento del Sistema de Prisiones de Cuba.

El gobierno de Cuba rechazó la recomendación hecha en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas de noviembre pasado de derogar las leyes que restringen la libertad de expresión y de asociación y adecuar el marco jurídico a las normas internacionales, considerándola inaceptable porque cuestiona el orden constitucional y legal refrendado por el pueblo.

Las provincias donde ocurrieron el mayor número de violaciones fueron Santiago de Cuba con 18, La Habana con 8 y Camagüey con 6.

La organización documentó transgresiones contra 43 personas: ocho mujeres y 35 hombres.

“Los hechos represivos fueron cometidos mayormente por oficiales de la Seguridad del Estado, funcionarios del sistema penitenciario, la Policía Nacional Revolucionaria y el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA”, apuntó ICLEP.

La recopilación enfatiza en el caso del periodista Carlos Michael Rodríguez, recientemente liberado, a quien agentes de la Seguridad del Estado trataron de intimidar con iniciarle una nueva causa penal si continuaba ejerciendo como reportero.

La amenaza más recurrente fue la de emprender acciones penales contra estas personas. También, la de quitar la custodia de los hijos, fundamentalmente contra mujeres.

El informe destaca las detenciones de 17 personas. De ellas, tres ya fueron recluidos en centros penitenciarios (Manuel de Jesús Rodríguez García, Daniel Alfaro Frías y Víctor Manuel Hidalgo Cabrales) y otros seis (Yerismar Valdés Cruz, Yoandra Mir Cedeño, Rey Asiel Naranjo Palau, Ernesto Salazar Rodríguez, Liuber Caballero González y Ramón Jesús Velázquez Toranzo) permanecían en estaciones policiales o centros de instrucción al cierre del mes de marzo.

“En verdad es lamentable que ciudadanos como Manuel de Jesús García, residente de Pinar del Río, Víctor Manuel Hidalgo de Las Tunas y Daniel Alfaro Frías [de Artemisa], hayan sido trasladado a la cárcel durante el mes de marzo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión”, subrayó el directivo.

Los arrestos en su mayoría se debieron a publicaciones y comentarios en redes sociales, presunta autoría de carteles contestatarios, alocuciones durante protestas y convocatorias.

ICLEP señala que “durante las protestas del 17 de marzo se registraron cortes focalizados de internet por varias horas, en zonas donde ocurrieron las manifestaciones y en territorios aledaños”.

En ese sentido, Hernández señaló que “la recurrencia de cortes de internet durante protestas y la persecución a quienes intentan difundir información al exterior son indicativos de una creciente restricción de los espacios de expresión”.

“Estos hechos subrayan el riesgo constante al que se enfrentan quienes buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa en Cuba. Pero también evidencian la valentía de aquellos que continúan desafiando la represión para hacer escuchar su voz”, recalcó.

Este miércoles reaparecieron nuevamente los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, mientras que se mantiene el desabastecimiento de los productos que se venden por la canasta básica familiar, alertaron a Martí Noticias residentes desde varias provincias de la isla.

En Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, “quitaron la luz a las 8 y pico y vino a la una de la mañana”, aseguró Martha Domínguez.

“De la canasta básica, ni arroz, ni aceite, ni café, ni granos, nada, nosotros no tenemos nada”, agregó la madre del preso del 11 de julio de 2021, Jorge Bello.

El periodista independiente Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, dijo que los continuos “quita y pon” del fluido eléctrico han provocado serios daños en los equipos electrodomésticos.

“De cuatro horas han sido estos apagones, estamos ya a 11 de abril y no ha llegado el arroz, no ha llegado el café, no ha llegado el azúcar”, reportó el comunicador.

El emprendedor Yoel Espinosa Medrano aseguró que siguen los apagones en la ciudad de Santa Clara: “Lo real es que es un caos total lo que está ocurriendo con la generación de electricidad”.

Por otra parte mencionó las irregularidades con la elaboración de pan y las promesas incumplidas: “Están hablado de la harina de trigo para el pan, que va a venir, pero esa harina de pan la siguen ligando con boniato, la siguen ligando con calabaza para hacerle el pan a la población”.

También en la comunidad de San Andrés, en Holguín, se incrementaron las interrupciones eléctricas, comentó Dámaso Alberto Fernández, con apagones desde la tarde hasta la noche.

“Lo de ellos es tener al pueblo de Cuba sin alimentos, sin medicamentos, sin electricidad”, opinó el opositor en referencia a las autoridades.

Es aún más compleja la situación con las interrupciones del servicio eléctrico en las poblaciones rurales, destacó desde el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate.

“Ayer dos apagones, hoy es 11 de abril y en la canasta básica no hay nada”, contó la activista.

También hubo apagones en la mayoría de los circuitos en la ciudad de Pinar del Río, informó el comunicador independiente José Rolando Cásares.

“El arroz no ha llegado, la leche tampoco ha venido y el yogurt que prometieron tampoco”, dijo el periodista independiente.

Alfredo Álvarez Leyva, residente en Sagua de Tánamo, en el oriente cubano, dijo que allí hay apagones y que solo han vendido dos libras de azúcar y dos de arroz, que debían del mes de marzo.

Desde Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó cortes eléctricos por seis horas consecutivas.

Además comentó en cuanto al desabastecimiento que no se han concretado las promesas gubernamentales.

“Es una fantasía total, porque lo único que ha llegado es el arroz y el azúcar es una ilusión y el pan sigue en lo mismo”, enfatizó el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación.

Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas, negaron los beneficios correspondientes a este año a la presa política Saylí Navarro, según denunció este jueves su madre, Sonia Álvarez Campillo, tras visitarla en el penal.

“Saylí me estuvo diciendo que la jefa de la prisión, la teniente coronel Marta Cristina Hernández Bacallao, le dijo que este año no tiene ninguno de los 60 días que deben rebajarse por cada año. El año pasado le rebajaron 30 porque ella no participa en ninguna actividad, ni de política, ni va a la escuela”, explicó.

El Reglamento del Sistema Penitenciario cubano establece que los reos tienen derechos a una rebaja de hasta 60 días por año de sanción cumplido, siempre que mantengan “buena conducta y resultados alcanzados en la actividad educativa”.

Recientemente, en el programa “Empodérate cubano”, el abogado de Cubalex Raudiel Peña explicó que la implementación de los beneficios a un recluso permite “una interpretación política por parte de las autoridades” y que la Seguridad del Estado los “use de manera selectiva para mantener a presos políticos bajo restricciones”.

“Mi hija no participa en ninguna actividad porque ella no fue allí porque ella quiso, fue obligada, porque aquí no podemos manifestarnos en contra de gobierno”, subrayó Álvarez Campillo.

Saylí, integrante del movimiento Damas de Blanco, fue sentenciada a 8 años de privación de libertad por los delitos de “atentado y desórdenes públicos cuando se presentó junto a su padre, el exprisionero político Félix Navarro, en la estación de la policía de Perico, donde reside, a pedir información sobre miembros de su organización detenidos en las manifestaciones.

Félix Navarro, presidente del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y uno de los ex presos políticos de la Primavera Negra de Cuba, fue sancionado a 9 años de privación de libertad.

Sobre su esposo, Álvarez Campillo dijo que no “le están haciendo las pruebas para saber en cuánto tiene la glicemia”, y que “ya le están dando las pastillas que unos días atrás no le daban, porque no tenían pastillas en la prisión, porque ellos no tienen nada.

El líder opositor ha visto un deterioro de su salud en prisión. La familia se ha quejado en varias ocasiones por la falta de atención médica y de los medicamentos necesarios para sus dolencias.

“Ellos lo único que tienen en la prisión es hambre, golpiza y represión. Por lo tanto, me preocupa la salud de Félix, porque es un hombre de 70 años, enfermo”, concluyó Álvarez Campillo.

Navarro ha sufrido, en al menos dos ocasiones, pérdidas de conocimiento, presuntamente, producidas por hipoglicemias, y también ha experimentado una notable baja del peso corporal”, según ha denunciado su esposa en entrevistas anteriores.

Un helicóptero cayó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba, en un accidente que produjo la muerte de todos sus ocupantes, informó la prensa oficial.

De acuerdo con una escueta nota del diario oficial Granma, los fallecidos eran tres jóvenes miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, identificados como Mayor Dairon González Espinosa, Primer Teniente Carlos Enrique Frómeta Rodríguez y el Subteniente Yunier Céspedes Escalona.

“En estos momentos, una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente”, recoge la nota de Granma.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dio su pésame a los familiares de los fallecidos en su cuenta en X. “Sentimos como propio su dolor, por la pérdida de tan valiosos y jóvenes combatientes”, escribió.

El accidente se produce luego de la visita a esa localidad del exgobernante Raúl Castro, junto a Díaz-Canel y algunos de los máximos dirigentes del régimen cubano para inhumar los restos de 19 combatientes en el mausoleo al Tercer Frente Oriental, donde reposan los restos de Juan Almeida Bosque y a otros 73 guerrilleros.

En 2021, otro accidente de un helicóptero militar en Holguín causó la muerte de cinco tripulantes. Se trataba del piloto Ernesto Iván Verdecia Diaz, el copiloto Luis Miguel González Santana, el ingeniero Nivaldo García Herrera y los escoltas Yoanis Alarcón Ramírez y Osneiviz Pedro Martínez Reyes.

En abril de 2017, un avión militar chocó contra una montaña en la provincia occidental de Pinar del Río, dejando ocho muertos.

El informe correspondiente al mes de marzo de la organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) reporta 31 nuevos presos políticos en Cuba, 24 de ellos fueron detenidos en las protestas pacíficas ocurridas en el mes de marzo, lo que eleva la cifra de prisioneros políticos a 1.092.

“Los municipios con mayor número de nuevos presos políticos por las protestas de marzo son Santiago de Cuba (11), y Holguín (8), habiendo también prisioneros por este motivo en Artemisa (1) , Cienfuegos (1), La Habana (1), Las Tunas (1) y Sancti Spíritus (1). 11 de esos presos políticos fueron detenidos en protestas entre el 8 y el 16 de marzo, los otros 13 presos políticos corresponden a las manifestaciones del 17 y 18 de marzo”, indica la entidad.

“En los últimos días dos prisioneros políticos han sido víctimas de terribles torturas en dos prisiones cubanas conocidas por la brutalidad que emplean sus guardias: la Prisión Boniato de Santiago de Cuba y la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana”, agrega el reporte, en relación a Ibrahim Domínguez Aguilar y a Reynier Reinosa Cabrera.

Javier Larrondo, presidente de esa organización, aseguró a Martí Noticias que “el régimen de Cuba da claras muestras de impunidad y salvajismo, mientras el pueblo muere de hambre, de represión, o huye de la isla”, por lo que considera que la comunidad internacional “debe reaccionar”.