El amordazamiento de la libertad de expresión y prensa en Cuba aumentó en marzo casi el doble en relación con el mes anterior, según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) que comprobó 61 violaciones cometidas en las 14 provincias del país.
El informe de febrero había registrado 38 de estas transgresiones.
“Es particularmente inquietante el incremento del 60.5% de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y el uso abusivo del poder estatal para silenciar estas libertades. Las tácticas utilizadas por el socialismo cubano van desde la censura en redes sociales hasta la violencia física y la cárcel”, indicó Normando Hernández, director de la entidad asentada en Miami, pero con delegaciones en todas las provincias de la Isla.
ICLEP recopiló datos sobre “18 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 expresiones de uso abusivo del poder estatal, y seis restricciones del espacio digital”.
Las amenazas formuladas por agentes de la policía política fueron contra activistas y opositores, o ciudadanos sin vínculos con la oposición al régimen y tenían como fin amedrentar a personas que criticaban las decisiones gubernamentales en espacios públicos o redes sociales, mostraban apoyo a las protestas y denunciaban violaciones a los derechos humanos.
Igualmente, contra presos políticos que hicieron denuncias sobre los quebrantamientos de la legislación y el reglamento del Sistema de Prisiones de Cuba.
El gobierno de Cuba rechazó la recomendación hecha en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas de noviembre pasado de derogar las leyes que restringen la libertad de expresión y de asociación y adecuar el marco jurídico a las normas internacionales, considerándola inaceptable porque cuestiona el orden constitucional y legal refrendado por el pueblo.
Las provincias donde ocurrieron el mayor número de violaciones fueron Santiago de Cuba con 18, La Habana con 8 y Camagüey con 6.
La organización documentó transgresiones contra 43 personas: ocho mujeres y 35 hombres.
“Los hechos represivos fueron cometidos mayormente por oficiales de la Seguridad del Estado, funcionarios del sistema penitenciario, la Policía Nacional Revolucionaria y el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA”, apuntó ICLEP.
La recopilación enfatiza en el caso del periodista Carlos Michael Rodríguez, recientemente liberado, a quien agentes de la Seguridad del Estado trataron de intimidar con iniciarle una nueva causa penal si continuaba ejerciendo como reportero.
La amenaza más recurrente fue la de emprender acciones penales contra estas personas. También, la de quitar la custodia de los hijos, fundamentalmente contra mujeres.
El informe destaca las detenciones de 17 personas. De ellas, tres ya fueron recluidos en centros penitenciarios (Manuel de Jesús Rodríguez García, Daniel Alfaro Frías y Víctor Manuel Hidalgo Cabrales) y otros seis (Yerismar Valdés Cruz, Yoandra Mir Cedeño, Rey Asiel Naranjo Palau, Ernesto Salazar Rodríguez, Liuber Caballero González y Ramón Jesús Velázquez Toranzo) permanecían en estaciones policiales o centros de instrucción al cierre del mes de marzo.
“En verdad es lamentable que ciudadanos como Manuel de Jesús García, residente de Pinar del Río, Víctor Manuel Hidalgo de Las Tunas y Daniel Alfaro Frías [de Artemisa], hayan sido trasladado a la cárcel durante el mes de marzo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión”, subrayó el directivo.
Los arrestos en su mayoría se debieron a publicaciones y comentarios en redes sociales, presunta autoría de carteles contestatarios, alocuciones durante protestas y convocatorias.
ICLEP señala que “durante las protestas del 17 de marzo se registraron cortes focalizados de internet por varias horas, en zonas donde ocurrieron las manifestaciones y en territorios aledaños”.
En ese sentido, Hernández señaló que “la recurrencia de cortes de internet durante protestas y la persecución a quienes intentan difundir información al exterior son indicativos de una creciente restricción de los espacios de expresión”.
“Estos hechos subrayan el riesgo constante al que se enfrentan quienes buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa en Cuba. Pero también evidencian la valentía de aquellos que continúan desafiando la represión para hacer escuchar su voz”, recalcó.
