En un lapso de apenas cuatro años, la producción de carne de cerdo en Cuba se ha desplomado en un asombroso 90%, pasando de 149,000 toneladas en 2018 a tan solo 15,000 en 2022.
Estos alarmantes datos han llevado a la Isla a depender enormemente de las importaciones, que, si bien se mantenían relativamente estables hasta 2021 con cifras alrededor de los 10 a 15 millones de euros anuales, se dispararon en 2022 superando los 40 millones de euros, más del triple de la cifra anterior.
Los datos, proceden del informe anual elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España para el Icex, y revelan un escenario preocupante. Este documento, destinado a proporcionar información sobre la oferta, la demanda y las condiciones del país a posibles inversores y proveedores españoles, señala que España ha sido el país más beneficiado por este incremento en las compras cubanas.
Exportaciones desde España
Para que se tenga una idea, en el pasado año, España cuadruplicó sus exportaciones a la Isla, superando ampliamente a Canadá, que hasta ese momento era el principal proveedor.
Las cifras hablan por sí mismas. Mientras que en 2018 España vendió carne de cerdo por valor de 4.5 millones de euros y Canadá por 6.1 millones, en 2022 la brecha se amplió significativamente. Las exportaciones españolas alcanzaron los 28.7 millones de euros, frente a los 7.6 millones de euros de Canadá.
El informe destaca que la carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada constituye el 83% de las ventas, y Brasil, que no figuraba entre los principales proveedores hasta 2021, se posiciona en el tercer lugar en 2022, vendiendo carne por valor de 3.1 millones de euros.
Además de las cifras, el informe incluye consideraciones de los funcionarios españoles, quienes advierten sobre la necesidad de precaución al vender al Estado cubano debido a su elevado nivel de impago, atribuido a la escasez de divisas en el país. Según el Icex, el riesgo país de Cuba es catalogado como E, el más alto posible.
El estudio también destaca las dificultades en los pagos, indicando que el Estado realiza habitualmente pagos mediante transferencias o créditos documentarios que no superan los 180 días, representando un riesgo importante para los proveedores. En contraste, el informe hace una clara distinción con el sector privado, considerándolo más seguro en términos de pagos.
