Los peores temores de María Isabel Breto se han confirmado. La madre de Marco Antonio Alfonso Breto, el preso del 11J fugado en Bahamas, tenía esperanzas apenas el viernes de que las autoridades de ese país le concedieran el asilo político, pero un día después ya estaba en Villa Marista, deportado desde Nassau.
Según confirmó la activista Mónica Baró, el joven, de 22 años recién cumplidos, fue devuelto a la Isla el mismo día en que fue trasladado desde la cárcel en la que estaba desde su arribo al país a un centro de detención para migrantes en Bahamas.
“Su caso de asilo político está siendo examinado”, dijo entonces a Martí Noticias su madre, María Isabel Breto. “Toda la vida voy a estar agradecida con las personas que nos han ayudado para que mi hijo lograra tener un abogado”, agradeció en la entrevista, donde dejaba claro su temor a que Marco Antonio fuera deportado.
“Toda la vida voy a estar agradecida con las personas que nos han ayudado para que mi hijo lograra tener un abogado”
“Es un prófugo de la justicia del 11J. Si lo regresan, lo que va a caerle arriba es mucho”, añadió.
Ese mismo viernes se le comunicó que no recibía amparo internacional y fue devuelto a la Isla. Su madre lo visitará este lunes, después de un año sin verlo, en la sede de la Seguridad del Estado, la prisión de máxima seguridad Villa Marista, donde ya fue torturado tras su detención por las manifestaciones del 11J, según denunció su familia.
Marco Antonio Alfonso Breto tenía 19 años cuando salió a protestar en su barrio, La Güinera, durante las marchas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y fue condenado por el delito de sedición a nueve años de prisión, después de que la Fiscalía pidiera 15 años de pena.
En mayo de 2022, el joven fue uno de los cinco beneficiados en un recurso de casación por el que el Tribunal Supremo redujo las penas de varios manifestantes que fueron excarcelados. En su caso, la condena quedó en cinco años de trabajo correccional con internamiento, pero en su primera salida, en noviembre, se fugó y pasó varios meses escondido hasta que, en marzo, se lanzó al mar con el objetivo de llegar a EE UU.
Su suerte terminó cuando la embarcación en que viajaba fue interceptada y llevada a Bahamas, donde ingresó en un centro de detención para migrantes del que también pudo escaparse. En mayo, tras un mes durmiendo en la calle, las autoridades de Bahamas lo arrestaron y, ya en esa ocasión, fue trasladado a una cárcel de Nassau.
Su madre comenzó entonces a pedir ayuda para evitar que fuera deportado a Cuba, donde le espera de nuevo la prisión y un más que probable nuevo juicio, por su fuga. Las aportaciones de donantes individuales logró que se reunieran fondos suficientes para procurarle un abogado en Bahamas que solicitó su asilo por motivos políticos
Su madre comenzó entonces a pedir ayuda para evitar que fuera deportado a Cuba, donde le espera de nuevo la prisión y un más que probable nuevo juicio, por su fuga
“El caso de Marco Antonio es un claro ejemplo de la solidaridad que existe entre cubanos. La mayoría de las personas que ha ayudado a Marco desde fuera de Cuba no lo conoce personalmente, ni a él ni a su familia, pero el hecho de que sea un cubano que se manifestó en julio de 2021 y víctima de la represión gubernamental es motivo suficiente para que otros quieran ayudarle. También es una prueba de lo que se puede lograr cuando los cubanos emigrantes y exiliados se articulan con los cubanos residentes en la isla”, dijo Mónica Baró, quien ha seguido de cerca el caso. La periodista anunció ayer que el dinero que había sobrado de la campaña irá a parar a la madre del joven.
En el barrio de La Güinera, el de Marco Antonio Alfonso, fueron condenadas 96 de las 790 personas procesadas penalmente por sedición por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021.
Según la Fiscalía, la petición de penas por ese delito se debió al “nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.
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