El abogado Julio Ferrer Tamayo, miembro del centro de asesoramiento legal CUBALEX, requirió la semana pasada a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) que sirva como mediadora ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para que estudie y promulgue la Ley de manifestación y reunión.
“Hice la petición a la Asociación Cubana de Naciones Unidas de que coopere con nosotros en el propósito de compulsar a la Asamblea Nacional del Poder Popular a promulgar una ley de manifestaciones y protestas pacíficas”, explicó a nuestra redacción, el jurista, residente en La Habana.
La ACNU es una organización no gubernamental, reconocida por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba, cuya misión, como indican en la página oficial es promover y defender “nacional e internacionalmente, en el ámbito del entorno asociativo y de las ONGs, los propósitos y principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios y valores de la política exterior de la Revolución cubana”.
Para el abogado Ferrer, “esa asociación viene siendo como una dependencia o representación de la ONU en Cuba, que, según su presidenta Norma Goicochea, gestiona, desde la sociedad civil, la implementación y respeto por el Estado cubano de todos los derechos humanos para los cubanos”.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos de 2022, Goicochea dijo a la prensa oficial que la Asociación y la sociedad civil siempre “acompañarán al Estado y Gobierno cubanos desde una mirada crítica sobre lo que en materia de derechos humanos aún es perfectible”.
De acuerdo a la funcionaria, “la ACNU traza estrategias y políticas con el Estado cubano para la observancia y disfrute de tales derechos por todos los cubanos, como resultado de la verdadera sociedad civil cubana”, citó el abogado independiente.
“Tal petición tiene el propósito de compulsar a esa asociación a accionar desde todos los escenarios para que se promulgue dicha ley”, puntualizó.
Martí Noticias preguntó a la señora Goicochea en un email, su opinión acerca de la inquietud de la sociedad civil cubana que ha pedido, en al menos tres ocasiones, a la Asamblea Nacional el estudio y promulgación de una Ley de manifestación y reunión, sin obtener que su reclamo sea considerado. Hasta el momento la institución oficialista no ha respondido.
El 21 de septiembre, Ferrer demandó a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular para forzar la aprobación de la ley complementaria al derecho de reunión y manifestación pacífica.
Dos días después de la presentación del reclamo, fue detenido por varias horas en una estación policial.
En el interrogatorio, dos agentes de la Seguridad del Estado aceptaron que “la demanda es válida y está amparada en la ley”, pero en Cuba las autoridades violan la ley y será así mientras exista la Revolución”.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió en diciembre de 2022 al parlamento cubano que “incluya, discuta y apruebe la Ley sobre los derechos de Manifestación y Reunión” en la primera sesión legislativa de 2023.
Diez meses más tarde, la Asamblea Nacional no ha tramitado esa ley y ni siquiera la incluyó en su cronograma legislativo para el quinquenio 2023-2027.
La Constitución de 2019 establece en su artículo 56 los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos.
