LA HABANA, Cuba. – “Yo no pido más nada que el derecho de que a mi hijo le den su correccional, que le den lo que le toca, lo que se merece y que tengan en cuenta mi salud”, dice Armida Durán César, una anciana cubana paciente de cáncer que está solicitando “clemencia” con su hijo.
Debido a su condición de salud y a raíz de la difícil situación económica por la que atraviesa, la mujer ha acudido a todas las instancias estatales pidiendo que su hijo, Ernesto Manuel Batista Durán, encarcelado en 2016 y sancionado a 16 años de privación de libertad por los delitos de sabotaje y malversación, sea trasladado a un penal donde pueda trabajar y así ayudarla económicamente.
“He ido a todas las instancias de mi país: a la Fiscalía General, a la Fiscalía Provincial [de La Habana], a la Fiscalía Militar de Marianao, a Atención a la Ciudadanía en la Plaza de la Revolución, a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, y no hacen nada”, lamenta la entrevistada.
“Ya mi hijo lleva ocho años preso; por eso pido que se le respeten sus derechos ante la ley, como persona, como cubano. Yo no creo que haya motivos para que, a una madre que ha pedido tanta clemencia a todas las instituciones de este país, y que está enferma, la estén dejando pasar por lo que yo estoy pasando. A veces me acuesto pensando que voy a fallecer y que mi hijo no me va a ver”, dice Durán Cesar.
Según precisa, su situación empeoró aún más tras el fallecimiento de su otro hijo, pues al ser una trabajadora retirada solo recibe 1.570 pesos de pensión, que no le alcanzan para sufragar sus gastos, apunta.
“El mismo día que cobro se va casi todo. Solo me quedo con 600 o 700 pesos que guardo para comprar la balita de gas, que costaba siete pesos pero ahora me cuesta 180; para comprar mi aparato del asma, mis medicamentos y, quizás, para coger un transporte para ir al hospital o para comerme algo, pero realmente el dinero no me alcanza para nada”, asegura.
La anciana también precisó que en ocasiones ha tenido que vender parte de los pocos alimentos que recibe por medio de la libreta de racionamiento, además de algunos bienes para poder llevarle alimentos a su hijo, recluido en una cárcel de Quivicán, provincia Artemisa.
“Yo he vendido hasta el arroz, pero ahora no lo puedo hacer porque el arroz nunca viene completo. También vendía alguna de las cositas que daban en la tienda por la libreta, como el detergente, entre otras cosas, pero ahora me es imposible porque ya no dan nada”, explica.
“He tenido que vender mis cubrecamas, sábanas, toallas, adornos de mi casa… Lo he tenido que vender todo para llevarle a mi hijo las cosas que le hacen falta. Pero llevo dos meses sin poder ir a verlo, porque no tengo dinero y además me siento muy mal de salud”, acota.
Ernesto Manuel Batista Durán tenía 35 años de edad cuando fue sentenciado a 16 años de cárcel, según el documento de sentencia emitido por el Tribunal Provincial de La Habana. Su juicio fue realizado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado.
De acuerdo con el documento, Batista Durán, quien se desempeñaba como operario del Grupo Electrógeno de Berroa, se apoderó, junto a otros trabajadores, del diésel especial destinado a la generación de energía eléctrica.
Sin embargo, el hombre ya ha cumplido casi la mitad de su condena y, a pesar de ser primerizo y de tener buen comportamiento en prisión, no ha recibido los beneficios que le corresponden por ley.
De acuerdo con un abogado penal consultado por CubaNet, que prefirió no ser identificado por miedo a perder su empleo, “ya él puede solicitar la libertad condicional y tiene derecho a que se la den de acuerdo a su comportamiento en prisión”.
“Lo otro es que su madre tiene todo el derecho de exigirle a las instituciones a las que ha ido que le ofrezcan una respuesta convincente de su pedido. Incluso ella puede pedir que lo trasladen lo más cerca posible de su casa”, precisó el especialista consultado.
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