Alina Bárbara López Hernandez ha sido declarada culpable de “desobediencia” en el juicio al que fue sometida este martes en Matanzas. Ella misma lo ha contado en un post de Facebook, en el que también denuncia la cantidad de detenciones y atropellos que ha realizado en las últimas horas la Seguridad del Estado.
A López Hernández “se le aplicó una sanción de 250 cuotas de 30.00 CUP cada una, que deberá pagar como condición para que se le retiren las limitaciones de movilidad y la prohibición de salida del país”, indicó en la misma red social el medio digital Cuba X Cuba, del cual es fundadora la profesora.
Además de los detalles del arresto del escritor Jorge Fernández Era, justo cuando se dirigía con ella al Tribunal Municipal, López Hernández refiere en Facebook que hay dos personas en paradero desconocido: Mario Ginés González e Ilonka Amuchastegui.
Ambos, cuenta la historiadora con fuente en el padre de sus hijas, lograron llegar al tribunal, pero cuando intentaron entrar, “pues se dijo que era una vista pública”, fueron conducidos a empujones a la estación de Policía.
La profesora refiere que hay dos personas en paradero desconocido: Mario Ginés González e Ilonka Amuchastegui
El periodista Boris González Arenas, el historiador Alexander Hall, el investigador Dmitri Prieto y el activista Raymar Aguado, por su parte, se encuentran con vigilancia policial ante sus viviendas.
El propio Aguado había explicado en una publicación de Facebook que fue conminado a presentarse este lunes en la estación de la Policía de Centro Habana, en la esquina de Zanja y Dragones, “con el propósito de ser entrevistado por estar incurriendo en un posible delito”, según figuraba en la citación. En su post, aprovechaba para mandar su “apoyo” a Alina Bárbara López Hernández.
“Otra burla al Estado de Derecho y la Constitución de 2019”, lamentó Alexander Hall al ver su vivienda sitiada al amanecer. Prieto, por su parte, afirma que los agentes lo amenazaron el lunes con imputarle un “delito de desobediencia” si salía de su casa, en Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
En cuanto a González Arenas, cuenta su esposa, Juliette Isabel Fernández Estrada, lleva sufriendo acoso policial toda esta semana, “para impedirle el libre movimiento fuera de casa”. Antes de este lunes, el sábado, cuando se cumplieron siete años de la muerte de Fidel Castro.
De igual manera, a la periodista Neife Rigau le han quitado sus datos móviles, según reportó Henry Constantín, también por el juicio a la historiadora de Matanzas. “Régimen con miedo, mucho miedo”, puntualizaba el director de La Hora de Cuba.
Debido a esta redada, horas antes de su juicio, este lunes, López Hernández expuso un particular “yo acuso” contra los órganos de la Seguridad del Estado “como máximos responsables de los atropellos e ilegalidades que se cometen diariamente en mi país contra una ciudadanía indefensa a la que impiden el ejercicio de sus derechos”.
La “verdadera causa de tanta represión y precauciones es el miedo”, asevera en su texto, donde “tranquiliza” a las autoridades: “Nunca he convocado a nadie a manifestarse ni a crear desórdenes”
La “verdadera causa de tanta represión y precauciones es el miedo”, asevera en su texto, donde “tranquiliza” a las autoridades con sorna: “Nunca he convocado a nadie a manifestarse ni a crear desórdenes. A diferencia de ustedes, creo en la responsabilidad individual y ética de las personas”.
Más de una decena de organizaciones demandaron a las autoridades cubanas que anularan el proceso judicial contra la profesora, a la que definen como una “historiadora de reconocida formación marxista y compromiso con causas de izquierda”.
Para las plataformas Cuba Siglo 21, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cuido 60 y el Observatorio de Derechos Culturales, entre otros firmantes de un documento el pasado octubre, la causa del asedio contra la profesora ha sido su ejercicio del “derecho a la libre expresión y libertad de investigación académica”.
En el mismo sentido se pronunció Prisoners Defenders, que calificó la acusación contra López Hernandez como “falsa”.
El juicio, en un principio agendado para el 16 de noviembre y después pospuesto, es el último episodio de un acoso que incluye la prohibición de salir del país y que comenzó el año pasado, cuando se censuró el evento de jóvenes artistas La peor generación. López Hernández iba a prologar un libro que llevaría el mismo título y que el régimen también impidió llevar a cabo.
Ella misma denunció el acoso, pero se quedó en las redes sociales. Tras recibir varias peticiones de la Seguridad del Estado para ser interrogada, presentó ante la Fiscalía Provincial de Matanzas una “formal queja y acción de nulidad contra las citaciones oficiales”. La profesora consiguió, con ello, que la Seguridad del Estado anulara la citación.
El juicio, en un principio agendado para el 16 de noviembre y después pospuesto, es el último episodio de un acoso que incluye la prohibición de salir del país y que comenzó el año pasado
Tres meses después, inspirado por la acción matancera, Jorge Fernández Era presentó una reclamación similar, de nulidad por violación de la Ley de Procedimiento Penal, tras recibir una citación de la policía política, y no acudió al encuentro.
El escritor contó en ese momento que el oficial que le abordó le recordó expresamente que no se inspirase en el caso de Alina Bárbara López Hernández, advirtiéndole de que “Matanzas no es La Habana”.
El pasado abril, López Hernández fue retenida durante varias horas por la Seguridad del Estado tras protestar por otra detención de Jorge Fernández Era en el mismo Parque de la Libertad.
Luego de ser liberada, contó en una larga publicación en Facebook los detalles de la detención arbitraria, por ejercer “un derecho constitucional en un país sin derechos políticos”, y anunció que cada día 18 se manifestaría de forma pacífica.
Sus peticiones serían cuatro: “una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución aplicable en todas sus partes”, “que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema”, “libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio” y “cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión”.
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