LA HABANA, Cuba.- Este martes se realizaron anuncios casi simultáneos que implican un determinado acercamiento en las posiciones que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos han venido manteniendo en años recientes.
Desde La Habana se anunció la excarcelación paulatina de 553 presos “por la comisión de delitos diversos”. Por su parte, desde Washington se comunicó el retiro de Cuba de la “lista de países patrocinadores del terrorismo”, la suspensión de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton (el cual franquea la interposición de demandas en cortes estadounidenses) y la exclusión de algunas empresas cubanas de la lista de entidades que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
El enfoque dado en ambas orillas a los diversos anuncios revela el propósito de evitar que, de su coincidencia en el tiempo, se extraiga la única conclusión razonable: que se trata de un acuerdo entre los gobiernos de los dos países vecinos, sin importar que haya habido intervención de determinados intermediarios (como el Vaticano) en las negociaciones.
La opinión pública
Pese a esos melindres, la opinión pública, por amplia mayoría, ha extraído, de esos anuncios vergonzantes, la única consecuencia lógica: la planteada en el párrafo precedente. Como resulta evidente, estamos hablando del resultado que es precisamente el que una y otra parte trataban de evitar.
Las reacciones a los anuncios no se han hecho esperar. Contra el gobierno que encabeza el señor Joseph Biden han menudeado las arremetidas, algunas muy virulentas. Por solo citar la que más descuella por la importancia política de sus emisores, mencionaré la de los representantes federales cubanoamericanos (Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez). En ella se califican las medidas como una “traición” a la seguridad de Estados Unidos y a la causa de la libertad del pueblo cubano. Ha habido otras manifestaciones aún más cáusticas, las cuales han sido cubiertas con amplitud por la prensa independiente y por los medios cubanos del Exilio, incluyendo este mismo diario digital.
No obstante, este articulista prefiere centrarse en la reacción que se ha observado de parte del aparato de agitación y propaganda del castrismo. Aprovechando su virtual monopolio de los medios impresos y televisivos, el régimen de La Habana presenta de modo simultáneo las informaciones provenientes de su propio gobierno y del de Washington. Las yuxtapone, sin explicitar los vínculos entre unas y otras. También, fiel al tono triunfalista que lo caracteriza, pugna por presentar lo sucedido como una nueva victoria suya.
La propaganda castrista
En medio de esa manipulación, claro que tienen que reconocer situaciones obvias. Una de estas es un reconocimiento que les resulta amargo: que estas medidas las ha adoptado la administración del señor Biden cuando le queda menos de una semana en el poder (y, por consiguiente, cuando falta el mismo período de tiempo para que en Washington asuma el mando un equipo político de signo bien diferente)…
A la luz de esa realidad, en la prensa que critica al castrismo se ha especulado sobre una posibilidad: que la nueva Administración de Donald Trump revoque en todo o en parte las medidas una vez que el expresidente esté instalado de nuevo en la Casa Blanca. Yo no me atrevería a afirmar que sucederá así necesariamente, y menos que tal cosa sucederá de inmediato. Si revocables son los alivios de sanciones dispuestos en Washington, también tienen ese carácter las excarcelaciones otorgadas por La Habana… Me parece aconsejable esperar para saber cómo se desarrollan los acontecimientos.
Al referirse a los cautivos que saldrán en libertad, el régimen ha cuidado de recalcar que los mecanismos jurídicos que se emplearán no incluyen la amnistía ni el indulto (que ponen fin a la sanción), sino “beneficios de excarcelación anticipada” (entre ellos, la libertad condicional y la licencia extrapenal). Esto, a su vez, implica que las injustas penas impuestas conserven su vigencia…
Los presos políticos
Hasta donde sé, hay un solo aspecto de esa concesión propia (la excarcelación de medio millar de presos) que los castrocomunistas han tratado de impugnar: me estoy refiriendo al carácter “político” de esos cautivos. Al menos, fue eso lo que recalcó el cotorrón al que han especializado en este tipo de asuntos, el inefable Humberto López. Este, en un programa consagrado a los recientes anuncios, abordó el tema con uno de sus entrevistados del sector jurídico.
El mismo objetivo (el de enmascarar la índole indudablemente política de esos encarcelamientos arbitrarios) es lo que se persigue con la mención de tipos penales diversos, lo cual incluye hasta delitos contra la propiedad. Para quien conozca las sucias tretas que suelen emplear los tribunales y fiscales del castrismo, esto último no es motivo de asombro. Cada vez que tienen un pretexto para ello (y, a veces, sin esgrimir pretexto alguno, sino manipulando la verdad de modo grosero) les endilgan a sus opositores un supuesto “delito común” cualquiera.
En el ínterin, uno no alcanza a entender con qué fundamentos racionales (si es que alguno) cuenta el régimen castrocomunista para su triunfalismo de ahora. Es que incluso la minoría de despistados que, ¡a estas alturas!, todavía creen que la catastrófica situación económica de la Cuba actual se debe a las medidas discriminatorias norteamericanas, ¿qué pensarán cuando todo siga igual (o aun peor)!
En un reportaje de un medio tan poco sospechoso de anticastrismo como el diario Granma, se reconoció el día 9 del corriente que “solo seis de los 14 centrales previstos están en funcionamiento, lo que ha resultado en niveles de caña molida que alcanzan apenas el 25 % de lo planificado”. ¿Creen los comunistas que semejante desastre en la antigua “Azucarera del Mundo” se atenuará en las semanas venideras! ¿O que saldrán de la crisis terminal en la que están sumidos! ¡Tendrían que estar locos!
Pero sí, hay que reconocer que la conducta que suelen observar ante la realidad denota que, en las filas de la llamada “Continuidad”, la irracionalidad está siempre presente.
