MÉRIDA, México -. La ONG Justicia 11J documentó al menos 250 actos de violencia contra familiares de presos políticos entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2024.
Del total de eventos, 162 fueron cometidos por la Seguridad del Estado como entidad represora y 105 por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), se lee en el informe “Violencia contra familiares de personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba”.
Asimismo, en 65 eventos, “los agentes comisores de las infracciones pertenecen a otras instituciones como el sistema penitenciario, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), civiles a nombre del Estado, el sistema educativo, el sistema judicial, entre otros”.
Tras entrevistas a 80 víctimas, Justicia 11J pudo identificar patrones en el comportamiento de la represión contra familiares de personas privadas de libertad por razones políticas.
Estos patrones se relacionan con “la prevalencia de incidentes de violencia, el comportamiento de la Seguridad del Estado como agente principal de la victimización, la tendencia hacia la prevalencia de las mujeres en el rol de cuidadoras”.
Además, “la práctica de la violencia contra grupos vulnerables, así como la proporcionalidad en la búsqueda de la justicia, entre comunidades donde residen más familiares hostigados, a la vez que más personas presas políticas”.
De esta manera, los incidentes de violencia se pueden desglosar como “diferentes variantes de acoso, limitaciones a la comunicación, obstáculos a la visita, regulaciones de la salida del país, citaciones a interrogatorios, descréditos, amenazas, sitios policiales, detenciones, violencia física y represión a protestas, así como salidas al exilio e inicios de huelgas de hambre como vía para reclamar la libertad de los seres queridos”.
“Hemos observado una mayor concentración de familiares víctimas en el municipio Arroyo Naranjo (La Habana), lo cual pudiese apuntar hacia una proporcionalidad en la búsqueda de la justicia pues, de acuerdo con los registros de Justicia 11J, Arroyo Naranjo es el municipio de Cuba que concentra la mayor cantidad de personas privadas de libertad por razones políticas, en relación con las masivas protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio La Güinera”, precisa el informe.
La organización identificó también “patrones de diferenciación en la represión contra mujeres basados en el abuso del poder machista y patriarcal, que rebasa los objetivos de intimidar y coaccionar en relación con posicionamientos políticos, y pretenden ejercer la intimidación y el control en relación con el género”.
Justicia 11J recomienda a la sociedad civil crear redes de apoyo y promover las denuncias y pide a la comunidad internacional la condena de estos actos de violencia de Estado.
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