El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo presentó el 9 de mayo una reclamación formal dirigida al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, en la que exige que las autoridades le revoquen su “regulación migratoria”, por considerarla ilegal y arbitraria.
En el documento, presentado en el Departamento de Atención a la Población de la Presidencia y del Primer Ministro de la República, Ferrer Tamayo solicita al presidente de la República que “conmine a que las autoridades que integran la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular (…) actúen respecto a la tramitación del Expediente de la referencia, en estricta observancia del mandato constitucional previsto en el artículo 94-g de la vigente Carta Magna”.
Mediante su reclamación, el jurista cubano recordó que ha presentado en varias ocasiones la misma petición al doctor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), pero no ha recibido respuesta.
Antecedentes de la demanda
El 23 de octubre de 2019, un oficial de Inmigración del Aeropuerto Internacional “José Martí” le notificó al abogado que no podía salir del país. Este funcionario requirió posteriormente la presencia del Mayor Ihosvany Fuentes Coll, quien reiteró verbalmente que estaba “regulado”, sin explicarle por qué.
Media hora después, las autoridades del aeropuerto le devolvieron su maleta, que ya se encontraba embarcada en el avión con destino a Colombia. En ese momento Ferrer Tamayo denunció que se encontraba en mal estado, lo que sustentó con imágenes.
En los días siguientes, el jurista agotó todos los procedimientos legales a seguir, antes de presentar una demanda el 14 de enero de 2020 contra el ministro del Interior, vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo y el teniente coronel Roylan Hernández Concepción, jefe Jurídico de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (Minint).
Además denunció al mayor Ihosvany Fuentes Coll, oficial de Identificación, Inmigración y Extranjería de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional “José Martí” y al primer teniente Yuriesna Ibañez, primer oficial de la Oficina de Trámites de Identificación, Inmigración y Extranjería del municipio Cerro.
Aquella demanda inicial solicitaba que fuera revocada la decisión tomada por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior sobre la prohibición de salida de Ferrer Tamayo y que el Estado abonara la suma de $165.00 CUC como reparación del daño material causado.
Sin embargo, la misma fue declarada inadmisible y el tribunal dio como respuesta que “los derechos que poseen amparo constitucional como de los procedimientos legales, situación jurídica que hasta la fecha no posee regulación legal expresa”. Es decir, aún no entraba en vigor la Ley de Amparo en 2020 y por tanto la demanda no fue aceptada.
Posteriormente, en septiembre de 2022, con la normativa vigente, el abogado presentó una nueva demanda donde exigió la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra; una retractación pública por parte de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior; y que la Terminal Número Tres del Aeropuerto Internacional “José Martí” abone una suma $3 960.00 CUP como reparación del daño material causado.
Hasta la fecha, ocho meses después, aun el abogado no ha recibido respuesta por parte de las autoridades de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Debido a lo anterior, Cubalex manifiesta preocupación por la falta de interés del Tribunal Supremo Popular y por ende, del Estado cubano, en crear todos los mecanismos que permitan a los ciudadanos defender sus derechos humanos fundamentales.
Cubalex recomienda recurrir al proceso de amparo ante el Tribunal Supremo Popular como parte del agotamiento de los recursos internos en estos casos, como una forma de documentación de las violaciones de los derechos fundamentales por el Estado y así presentar el caso a la jurisdicción internacional.
