La prensa oficial desempolvó este lunes el expediente de un delito cometido en 2020. El castigo a los funcionarios que facilitaron el robo de más de 90.000 litros de yogur de soya en Sancti Spíritus contiene una moraleja clara –y muy actual– para los empleados del sector estatal, y el periódico Escambray lo subraya: el Estado no tolerará el “desparpajo” en sus instituciones.
La operación de “contrabando” fue descubierta en agosto de ese año, relata el diario, cuando ya varios trabajadores y directivos de las UEB Pasteurizadora, de Aseguramiento y Servicios, y la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza llevaban ocho meses desviando el yogur destinado a la población a cochiqueras particulares de la provincia.
El periódico oficialista, veloz a la hora de criticar al sector privado pero reservado cuando se trata de exponer al estatal, esta vez fue minucioso en el modus operandi de los directivos que esquilmaban el yogur. Los nombres de los acusados, sin embargo, no fueron revelados.
Para ilustrar el “descontrol administrativo total” de la provincia, Escambray asegura que unas 15 personas habían comenzado a ser investigadas tres años atrás por los delitos de malversación, falsificación de documentos, apropiación indebida e incumplimiento del deber de preservar los bienes estatales. De ellas, ocho fueron acusadas por la Fiscalía y el resto fue sancionado con multas.
Con la aparición en 2020 de una resolución que permitía a la Río Zaza vender, por el precio de un peso, hasta nueve bolsas de yogur a sus trabajadores “en fechas como el 1 de enero y el 26 de julio, y excepcionalmente a embarazadas y jubilados”, el director de la UEB de Aseguramiento y Servicios comenzó a registrar falsas ventas del producto a los trabajadores mientras lo revendía a criadores de la provincia.
De unas 15 personas investigadas tres años atrás, ocho fueron acusadas por la Fiscalía y el resto fue sancionado con multas
La “fraudulenta operación”, como la describe el medio, requería el apoyo de la jefa de brigada del comedor, donde supuestamente iba a parar el yogur, aunque, asegura el diario, los litros llegaban “solo en la imaginación”. La mujer, condenada a cinco años de cárcel, era la encargada de falsificar la lista de trabajadores a los que presuntamente vendía el yogur y estampar su firma.
También el dependiente del almacén, que autorizó hasta 178 transferencias del producto al comedor, fue condenado a cuatro años y seis meses. Otro método utilizado por los implicados fue declarar ciertas cantidades de yogur como en mal estado para apropiarse de ellas.
El resto de las condenas fueron de seis años para el director de Aseguramiento y Servicios –al que también se le confiscaron 19 cerdos–, tres años y seis meses para el técnico de comercialización de la misma UEB, cuatro para el director de la Pasteurizadora y 10 meses para el jefe de brigada a su mando. Además, fue condenado a ocho meses de cárcel, conmutables por el mismo período de trabajo forzado con internamiento el director general de la Empresa Provincial de Productos Lácteos, por el delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes estatales.
El octavo acusado, que no tenía relación con la empresa ni sus ramas, no pudo ser juzgado por el tribunal tras comprar 110 libras de leche en polvo de manos del director de la Pasteurizadora por haber abandonado el país. “En caso de regresar, será procesado penalmente”, advirtió Escambray.
En una entrevista con el fiscal que manejó el caso, el periódico explicó que las penas a los trabajadores y directivos no fueron más elevadas ya que estos depositaban el monto por el que supuestamente vendían yogur a los trabajadores y la empresa no incurrió en pérdidas económicas. “Los involucrados lo pagaron a razón de 1 peso por litro. Habitualmente, la entidad expendía el litro a 0,54 pesos a Comercio; o sea, que el dinero en efectivo depositado por los implicados rebasó lo que hubiese desembolsado este último sector”, explica.
No obstante, el medio subrayó que los 275.373 pesos perdidos en concepto de “circulación mercantil” no podrán ser recuperados. Como tampoco podrá recuperarse la empresa del “desprestigio social” y el “bochorno”, añadió. En los últimos dos años, revelaron las autoridades, la Pasteurizadora ha tenido más de una decena de directores.
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