LA HABANA, Cuba. – En el año 2015 Naciones Unidas declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información, cuyo propósito es facilitar el acceso a información, principalmente digital, como vía para garantizar otros derechos y denunciar violaciones a las libertades civiles.
La historia de esta fecha se remonta al año 2002, identificada entonces como el Día Internacional del Derecho a Saber. No fue hasta 2012 que la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil cambió al nombre actual, reconocido tres años después por la UNESCO.
El reclamo de mayor transparencia por parte de los gobiernos durante su gestión, y el respeto al derecho ciudadano de conocer, fiscalizar y valorar cómo se invierten los recursos del país, es una batalla de larga data que ha rendido sus frutos en la era digital, gracias a la democratización impuesta por internet.
Aunque muchos países han asumido un compromiso real con el propósito de asegurar el acceso a la información, otros han aprobado leyes que son utilizadas como fachada ante el mundo libre para dar una imagen de apertura y transparencia, mientras la aplicación del derecho nacional continúa subordinado a prácticas arbitrarias y discrecionales.
En Cuba ni siquiera se conoce que el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. La Isla, gobernada por la dictadura más longeva del hemisferio occidental, constituye un penoso ejemplo de violación sistemática de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho a cuestionar la gestión del gobierno y exigir el empleo útil y racional de los escasos recursos disponibles.
Los cubanos ignoran, bajo pena de persecución, cárcel o destierro, qué hace el Partido único con el erario público, y quiénes han tomado las decisiones que han precipitado un descalabro nacional nunca antes visto. En Cuba, la fecha del 28 de septiembre está dedicada a homenajear una organización de masas altamente represiva: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que a lo largo de seis décadas han sido utilizados como herramienta para la vigilancia, la delación y el castigo de aquellos ciudadanos que abiertamente han criticado la forma en que el régimen conduce el destino de la nación.
Los ciudadanos cubanos jamás han tenido derecho a saber y los CDR han asumido, “desde la base”, la tarea de hacerles entender que tampoco tienen derecho a indagar ni cuestionar. El secretismo como política de Estado es uno de los pilares sobre los que se erigió un poder terrible, que hoy identifica como amenazas a las redes sociales y el internet, únicos espacios que han podido ser aprovechados por los cubanos para ejercer su ciudadanía, a riesgo de su libertad e incluso de su vida.
